Nuevo Comienzo: organización barrial, allanamientos y debes estatales

Hay dos cuestiones constantes en los terrenos que conforman el asentamiento de Nuevo Comienzo, frente a Santa Catalina: el cambio y la brisa. Si bien es un mediodía especialmente caluroso en un febrero que a su vez ha sido especialmente fresco, el viento suave del descampado es un respiro que viene por oleadas y mueve los pastizales crecidos. Por su parte, la rueda del cambio y las noticias respecto de los vecinos y vecinas formalizadas se puso en marcha de nuevo, cuando el martes se les avisó a dos de las 14 personas formalizadas que su audiencia se adelantaba, y debían comparecer ayer ante el fiscal Diego Pérez.

Si bien no le tocaba asistir ayer, Patricia está convencida de que su citación no pasará de la semana que viene. Es una de las formalizadas en noviembre de 2020, durante la segunda incursión de la policía en el asentamiento. Eran las 6.30 cuando en el grupo de Whatsapp comenzaron a avisar que desde Sanfuentes ‒por el lado norte del asentamiento‒ entraban alrededor de 25 efectivos y comenzaban una serie de allanamientos y desalojos, a través de los caminos internos trazados por los primeros ocupantes, en enero de ese año.

La de Patricia es una construcción de chapa y madera, como la mayoría de las casas en el barrio. Tiene un frente grande, con pasto corto y un descanso hecho con cuatro troncos y una malla sombra. La diferencia es que dentro de su casa funciona el almacén del barrio. Fue una de las primeras en llegar, luego de ser desalojada con su familia ‒una hija, un hijo y un marido‒ tras ser víctima de una estafa: una mujer le ofreció permutar su casa por la suya, aceptaron ‒se querían ir del barrio‒ y al tiempo de estar viviendo allí, la verdadera dueña de la casa los desalojó. “No teníamos acceso a ningún préstamo”, cuenta, “buscamos un millón de vueltas, fuimos a la Agencia Nacional de Vivienda, me dijeron que tenía que tener ahorro previo y que si cumplía con los requisitos recién iba a sorteo”. Luego, fueron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), donde tampoco tuvieron suerte. Recalaron en el Ministerio de Desarrollo Social “y lo que me dieron fue un refugio, pero ir a un refugio significaba estar mis hijos y yo por un lado, mi marido por el otro. La verdad ni siquiera lo pensé, no iba a separar a mi familia”.

En abril de 2020, llegaron las primeras incursiones, tras la denuncia de la empresa propietaria de los terrenos ‒abandonados hace años‒, Dervalix SA, a través de su director ejecutivo, Carlos Frois. Siete meses después, se llevaron a Patricia. “Les pedí permiso para despertar a mi hija, le expliqué. Igual Luana ya sabía, ya sabíamos lo que venía pasando en el barrio”. La policía le explicó a la hija que su madre “iba y venía”, pero terminaron siendo 40 horas de detención.

La decisión del fiscal fue darles 15 días a las 14 personas formalizadas para desarmar todo e irse. Algunos acataron, otros, sin idea de a dónde ir, no. “Realmente no tengo otro lado a donde ir, mirá que yo acá pasé el frío, el frío crudo, la lluvia, no tener agua, no tener luz”. Patricia está sentada bajo la malla sombra y mira hacia la ventana por la que atienden en el almacén mientras enlista lo que vivió desde su llegada al barrio, la voz se le entrecorta y se nota que traga la angustia. “Todo eso que viví no está bueno, no está bueno hacérselo vivir a mis hijos, ellos nunca pasaron esta necesidad”.

Más tarde, una intimación llegada desde Naciones Unidas, más la mediatización de lo que sucedía en Nuevo Comienzo, calmó las aguas. Cada tanto, el cambio, y las noticias, las audiencias, volvían a ponerse en movimiento. El fiscal Pérez, en su momento, había optado por otorgar una prórroga hasta el 31 de marzo. Sin embargo, las citaciones llegaron a fines de febrero. “Es terrible porque no te podés concentrar en la vida diaria, no podés dejar de pensar en eso. A veces uno siente mucha presión y no sabés para dónde vas a agarrar”, continúa Patricia, y dice que no piensa “ir a rodar con mis hijos a la calle”. Asimismo, no sabe decir por qué se adelantaron las audiencias. “El fiscal está haciendo su trabajo”, entiende Patricia, “por más que uno a veces sienta que está ensañado, está haciendo su trabajo”. En su momento, el fiscal Pérez dejó en claro que si “aparecía una solución de realojo”, suspendería las actuaciones.

Y la solución parecía estar. El 11 de noviembre de 2020, luego de mediaciones, idas y vueltas, autoridades del MVOT y la Intendencia de Montevideo (IM) comparecieron ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes. El subsecretario del Ministerio, Tabaré Hackenbruch, dijo ante la comisión que “en este caso nos parecía que, mientras el tema estuviera en la órbita judicial, no era conveniente participar, porque entendemos que a veces el Estado da un mensaje erróneo: las personas ocupan terrenos privados o públicos y después viene la solución, por lo que la gente va entendiendo que esa es la forma de poder acceder a la vivienda”. No obstante, en esa comisión el MVOT se comprometió a dar media canasta de materiales a los vecinos para que levantaran sus viviendas en dos terrenos que serían cedidos por la IM.

A un año y poco de esa sesión de la comisión, todavía no sucedió nada. Desde la IM se dice que los terrenos están, mientras que desde el MVOT quieren esperar “a que termine el proceso judicial” ‒además de aducir trabas presupuestales‒, en una especie de círculo vicioso entre un fiscal que espera soluciones y un ministerio que espera a que la labor de ese mismo fiscal concluya. Fuentes del Ministerio dijeron a la diaria que “la mirada de los asentamientos es holística, en todo el país y en conjunto con las intendencias”. Que trabajan desde la recién creada Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, a cargo de la arquitecta Florencia Arbeleche, y utilizan fondos del fideicomiso para la regulación de asentamientos creado en la Rendición de Cuentas 2021. Desde la IM, dijeron a la diaria que no están dando notas sobre Nuevo Comienzo.

La densidad poblacional del mismo asentamiento cambió. Si uno visitaba el lugar en abril de 2020, a un mes de declarada la emergencia sanitaria, la cantidad de ranchos abrumaba. A casi dos años, en varias parcelas en las que hubo alguna construcción, sólo quedan chapas abandonadas. La gente se mueve constantemente y el almacén de Patricia es un punto de encuentro donde convergen las historias que habitan Nuevo Comienzo. Gerardo quiere aprovecharlas para escribir un libro; desde que está en el barrio se ha convertido en un referente, y eso lleva a algunas confusiones.

“A un vecino le habíamos ido a dar una mano con plata de donaciones que se juntó en una cuenta. Le dimos unas chapas y unos palos para emprolijar el techo”, cuenta, sentado en un tronco a la sombra de su casa. Días después, Gerardo le comentó a este vecino que su casa se había llovido mucho a causa de un temporal. “En eso tuvo un gesto como sorprendido, y lo quedé mirando y le dije ‘me pasa lo mismo que a todos ustedes’, yo no soy diferente. A mí si viene un viento y no tengo nada agarrado, se me vuela”, lo cuenta con un poco de gracia. La conversación vira a raíz del recuerdo del agua entrando en su casa, y admite que se interpela como padre. “Mirá donde metí a mi familia. Eso nos pasa acá a varios, que a veces nos interpelamos diciendo ‘¡pah!, ¿qué estoy haciendo acá?’”. Mientras habla revisa el grupo de Whatsapp de los vecinos, al que llega un audio. “Vecinos, son cuatro menos cinco, están los ómnibus acá”. La tranquilidad que suele reinar se resquebraja de a poco cuando por los caminos de tierra que recorren las ondulaciones del terreno comienzan a aparecer familias, parejas, niños y niñas que enfilan hacia una de las entradas, donde dos ómnibus contratados ‒también, con dinero de las donaciones‒ esperan para llevarlos hasta la plaza Independencia.

El viaje en ómnibus es animado. En el que viaja Gerardo no dieron los asientos y algunos van parados. Hacen chistes, mientras al chofer le cuesta salir de los caminos. “¡Si me dejaran manejar a mí, ya estaríamos en la ruta!”, dice alguien. “Pero vos no tenés libreta, así que no estamos en la ruta”, replica una vecina.

Tras unos minutos, se logra salir a la ruta, se pasan los accesos y la charla sigue. Cuando finalmente el ómnibus estaciona cerca de la puerta de la Ciudadela, la gente comienza a bajar ante la mirada extrañada de los ocupantes de los vehículos que esperan a cruzar por la calle Juncal. Unas 80 personas se paran en la vereda de la plaza, frente a la Torre Ejecutiva, con pancartas. Cada tanto aplauden, gritan algo. El viento es más intenso que en Nuevo Comienzo y la caída de la tarde hace que se ponga más frío. En la entrada de la torre, se agrupan siete policías, y al rato pasa otro patrullero, con sus ocupantes filmando la manifestación con el celular. Desde dentro de la Torre, dos jóvenes de traje miran extrañados.

Sale alguien de Presidencia, habla con Dinorah, la vocera del barrio, y le explica que van a recibir las cartas que tienen para el presidente Lacalle, que se encuentra en Dubái y llega esta noche. “¿Están de acuerdo que esperamos a Juan Ceretta y que entre conmigo?”, pregunta, alzando la voz. Varios asienten y se escucha algún “sí”. Al rato llega Ceretta y son recibidos en la recepción de Presidencia. Sólo ellos saben qué se habla con los funcionarios de seguridad, lo cierto es que a través del vidrio se ve a Ceretta gesticular con insistencia, hasta que una mujer aparece por el margen izquierdo, intercambian algunas palabras y recibe las cartas.

“La mala noticia es que Dinorah, la referente de la olla, está citada para este viernes [por ayer]. En cuanto al trámite que tiene su expediente penal, nos preocupa porque tendría que elegir entre dejar el asentamiento o ir a la cárcel”, dice Ceretta al salir, y confirma que la mujer que los recibió es la secretaria del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y que el presidente Lacalle leerá las cartas en cuanto pueda. “Así como está ella hay otras citaciones. Por eso la propuesta era venir hoy acá y explicar la situación en la que se encuentran”, sentencia, y se arrima un poco más a los vecinos, que lo rodean y se mandan a callar entre ellos. “El propósito que teníamos de hacer llegar las cartas a Presidencia fue cumplido. El objetivo se cumplió, y sabemos que en tanto ustedes se movilizaron, le va a llegar al presidente. Ahora queda cruzar los dedos y esperar a que realmente el presidente lo considere”, les explica.

Dos días después, en la sede de Fiscalía, el fiscal Diego Pérez resolvió dar una prórroga hasta fines de junio, que sería el último plazo para tomar una decisión definitiva, llegar con una propuesta de realojo o iniciar un juicio.