Hace pocos días el Poder Ejecutivo envió al Parlamento los proyectos de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que serán estudiados por la Comisión del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Si bien todavía las respectivas bancadas partidarias no estudiaron los proyectos en profundidad, ya hay matices sobre el tema, incluso en el oficialismo.

La diputada del Partido Colorado (PC) María Eugenia Roselló, del sector Ciudadanos, es quien representa a su partido en la comisión. En diálogo con la diaria, subrayó que todavía no discutieron el tema en la bancada, pero adelantó sobre el proyecto relativo a la Caja de Profesionales que “así como viene” su sector no está “en condiciones de apoyarlo”. Por lo tanto, les gustaría “poder introducir alguna modificación”, aunque aclaró que todavía no definieron cuáles, porque la iniciativa llegó el jueves a la comisión y los equipos técnicos de Ciudadanos están trabajando sobre el tema.

Roselló dijo que hay quienes plantearon, por ejemplo, que lo recaudado por concepto del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS), “en vez de ir al BPS, vaya a la Caja de Profesionales”, aunque “hay voces contrarias” a esta propuesta.

A su vez, el diputado de Ciudadanos Martín Melazzi dijo a la diaria que entre lo que le genera dudas del proyecto está el tema “de los aportes de los pasivos”, por lo que están analizando “cómo puede afectar el IASS en general y el aporte del esfuerzo adicional que se les está pidiendo a los profesionales”. Para los actuales jubilados de la Caja de Profesionales, el proyecto crea un nuevo impuesto, que gravará las pasividades que superen 6 BPC, actualmente 33.960 pesos. Además, Melazzi subrayó que no tiene “del todo claro” cuáles serán los aportes del Estado a la Caja de Profesionales.

Conrado Rodríguez y las “dos bibliotecas” sobre los plazos

Por su parte, el diputado del PC Conrado Rodríguez (Batllistas) dijo a la diaria que ambos proyectos “tendrían que ser tratados por una comisión especial”, como sucedió con el proyecto de seguridad social, porque todos los que participaron en su estudio –entre los que se encuentra él– no estarán en el tratamiento de estos dos proyectos. “En la medida en que hubo un trabajo muy intenso de varios legisladores en el tema seguridad social, lo que correspondería es que esos legisladores siguieran trabajando en estos dos proyectos”, insistió.

Además, el diputado planteó un matiz en cuanto a la inhibición constitucional, por la que ambos proyectos se deberían aprobar antes del 27 de octubre, dado que el artículo 229 de la carta magna establece que, entre otras cosas, no se podrán “determinar aumentos de sueldos y pasividades” en los 12 meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias.

Rodríguez subrayó que en realidad “hay dos bibliotecas” al respecto, porque “se puede interpretar” que con estos proyectos “no hay suba de prestaciones jubilatorias”, por lo tanto, “las modificaciones que haya no necesariamente ingresan dentro de la prohibición constitucional”. De todas formas, reconoció que también hay una biblioteca que sostiene que ambos proyectos entran en la prohibición constitucional, por eso se deben aprobar antes del 27 de octubre.

Por último, Rodríguez subrayó que ya en mayo de 2022, antes de una reunión en la residencia de Suárez y Reyes de los legisladores oficialistas con el presidente, Luis Lacalle Pou, por el proyecto de la seguridad social, el diputado había señalado que, a su juicio, primero debería ingresar la reforma de las cajas paraestatales y luego la iniciativa global, de las actividades amparadas por el BPS, por “un tema de urgencia”.

“Entonces, abordamos la del BPS y ahora nos estamos quedando sin margen para abordar las cajas, que tienen un grado de urgencia bastante fuerte. Yo hubiera preferido, como lo dije en aquel momento, que se hubiera dado a la inversa. Los tiempos se acortan y, por lo que veo, hay una pretensión de sacar los proyectos lo más rápido posible, y creo que eso le quita margen al Parlamento para poder analizarlos con profundidad, si es que alguno de ellos amerita alguna modificación”, finalizó.

A su vez, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a la diaria que si bien hay que discutir el proyecto y en el Parlamento recibirán a las delegaciones interesadas en que se escuche su opinión, “como corresponde”, su partido “está para aprobar” ambas iniciativas.

En tanto, el diputado del Frente Amplio Felipe Carballo, que también integra la comisión, dijo a la diaria que la bancada de la oposición todavía no empezó a estudiar ambos proyectos, y que lo hará desde este martes. De todos modos, subrayó que se trata de un tema “más que complejo”, que afectará, “por lo menos, al 75% de los profesionales, con un descuento de sus haberes”; por lo tanto, “habría que tratar de buscar alguna alternativa”. A su vez, reivindicó la necesidad de “escuchar a todas y cada una de las gremiales” relacionadas con el tema, sobre todo por los plazos para votar.

Entre los gremios de profesionales que se pronunciaron en contra de la reforma de la Caja de Profesionales está el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, al que este viernes se sumó el Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay, que mediante un comunicado señaló que se opone a la iniciativa porque a los profesionales se les “exige un esfuerzo desmedido, aumentando aportes de activos y pasivos, cuando el Estado, que ha sido copartícipe y responsable de la gestión” de la Caja de Profesionales, “no realiza un esfuerzo económico acorde”.