Son dos los proyectos que pretenden modificar la Ley 19.580 contra la violencia basada en género. Uno, presentado por la exdiputada de Cabildo Abierto Inés Monzillo, y otro, por el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía. Si bien tienen sus matices, ambos apuntan al artículo 3 de la ley, que establece que “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley” deberá prevalecer “la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género”.

Tanto Zubía como los cabildantes entienden que esta disposición no toma en cuenta la existencia de posibles “denuncias falsas” contra hombres, interpretación que ha sido criticada tanto desde colectivos feministas como desde el Frente Amplio (FA). Sin embargo, en declaraciones a Canal 3 de Colonia, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Nicolás Viera entendió que debe haber “una revisión de una ley que, sin lugar a dudas, genera derechos y es justa en algunos aspectos”, pero que, en cambio, “es injusta en otros”.

Las declaraciones de Viera se dan a raíz de la denuncia de violencia contra el precandidato a la Presidencia por el FA Yamandú Orsi por parte de una mujer trans por un hecho ocurrido hace diez años. Según el diputado, “este episodio que le está tocando sufrir a Yamandú”, con una “denuncia totalmente orquestada”, tiene que llevar a esa revisión porque de otra forma se dan “estos episodios donde no se dan garantías, se hace prevalecer la palabra de quien denuncia sobre quien es denunciado”.

“Lo que hay que hacer es mostrar tu inocencia y no tu culpabilidad”, dijo Viera, y consideró que es “un grave problema no solamente para el sistema jurídico nacional, sino para las garantías que todo proceso debe tener”. “Estamos ante un episodio que yo considero que está absolutamente armado”, agregó, y se preguntó: “¿Por qué vamos a tener que privilegiar la palabra de quien denuncia?”.

De todas formas, entendió el caso de Orsi “como una cuestión puntual” que tiene “que llevar a una reflexión general”. “Yo quiero hacerme cargo como FA de haber ayudado a que esta ley saliera”, pero también, señaló, “hay que entender que tiene sus debilidades y la estamos padeciendo ahora”, y no es “una mala señal que el sistema político tenga que echarle una mirada”.

Las declaraciones de Viera han levantado revuelo en la interna frenteamplista, aunque no se ha hecho ningún movimiento oficial, como, por ejemplo, presentar otro proyecto de ley. Por lo pronto, el MPP discutirá estas declaraciones y esta propuesta durante su reunión de bancada este lunes a las 14.00.

Consultada al respecto por la diaria, la senadora del FA Amanda Della Ventura señaló que no le “parece” que “deba hacerse en estos momentos, este año, una reconsideración de la ley”, sino que es “al revés”, porque se debe “seguir avanzando y no retrocediendo”. Además, “la denuncia contra Yamandú es por violencia supuestamente” y por eso “no tiene nada que ver con el tema de la ley de violencia basada en género”, porque “son cosas diferentes”.

“Estamos en un año que es particular y que no da para incluir un tema de estos”, cuando además “la sociedad civil organizada, los feminismos, ya están un poco en alerta” para “que se defienda”, y por eso “no sería inteligente que abordemos este debate en estos momentos”, agregó.

En la misma línea fue la senadora Liliam Kechichian, quien dijo a la diaria que no comparte que “el camino sea modificar una ley que fue muy trabajada y que ha sido un avance”. Si bien siempre hay “un período en que las leyes se pueden ir analizando y en algún momento se puede hacer algún balance, no creo que sea este el momento”, no porque sea “año electoral”, sino porque “todavía hay mucho para aprender de la ley”.

Además, entendió que no se puede “plantear la modificación de una ley tan importante y que fue tan costosa a partir de un hecho puntual”, lo que entiende que fue “el error que cometió Nicolás”.

Tuana: “La ley no tiene nada que ver con que se mediaticen denuncias”

Tanto el proyecto de Cabildo Abierto como el de Zubía han generado que “hace bastante tiempo” los colectivos feministas vean “con preocupación que se está generando un embate contra la ley”, explicó a la diaria la activista Andrea Tuana, que junto con la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y otros colectivos lanzaron una campaña en redes con el hashtag #La19580SeDefiende.

“Lo que decimos es que es una ley que no ha podido ser implementada en toda su dimensión y es una ley que necesita presupuesto”, y no es necesario “modificar la letra de la ley ni ninguna de sus disposiciones”, sino que “lo que hay que modificar es la voluntad política para ponerle presupuesto y que la ley pueda realmente aplicarse como corresponde”.

“La ley tiene una serie de medidas cautelares, entonces es una de las cosas que se critican, que las medidas cautelares te pueden sacar de tu casa sólo con la declaración de la mujer o apartarte de tus hijos”, pero, según Tuana, lo que sucede es que la normativa “prevé equipos técnicos especializados, jueces especializados que sepan valorar y sopesar si estamos frente a una situación de violencia que implica un riesgo como para tomar alguna de las medidas que la ley propone”. Por lo tanto, a su entender, “la manera de minimizar las denuncias falsas que puedan existir es justamente dotando de presupuesto para tener equipos técnicos con la cantidad de recursos suficientes para actuar en tiempo y forma”.

En el caso concreto de las declaraciones de Viera, Tuana señaló que “en realidad la ley no tiene nada que ver con que se mediaticen denuncias” y que, en cambio, “estas declaraciones preocupan muchísimo más porque se quiere responsabilizar a la ley” y utilizar “cualquier excusa para tirarla abajo”. Remarcó que la ley es de “las poquísimas herramientas que tenemos las mujeres y los niños para abordar un problema que es gravísimo y que nos afecta de una manera brutal”.