En la jornada previa al “Día de la Raza”, el sábado 11 de octubre se realizó un “contrafestejo” por parte de colectivos indígenas en la plaza del memorial en reconocimiento a las ex presas políticas, ubicada en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Allí se leyó una proclama con varias reivindicaciones, a 533 años de “la invasión colonialista y genocida de los europeos”.
En la proclama se sostiene que, “además de masacrar, esclavizar y saquear a nuestros pueblos”, el proceso de invasión y colonización “dejó una estructura de desigualdad social racial que dura hasta el día de hoy en nuestro continente”. “Hoy en pleno siglo XXI seguimos luchando por reconocimiento, resarcimiento, reparación e igualdad”.
Con respecto a la realidad nacional, en la proclama se señala que, de acuerdo al último censo, los pueblos indígenas y afrodescendientes suponen “más del 17% de la población” uruguaya. “Es por eso que consideramos sumamente ofensivo que el feriado nacional del 12 de octubre siga llamándose 'Día de la Raza', en homenaje a la 'raza española' y en menosprecio de nuestros pueblos”.
En tal sentido, las organizaciones manifestantes reclamaron la presentación de un proyecto de ley para renombrar el feriado nacional como “Día de la Resistencia Indígena y Afrodescendiente”. El evento de este sábado, denominado “Encuentro antirracista”, fue organizado por el Área Indígena de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y el grupo Charrúa Antifascista.
La discusión sobre el Convenio 169 de la OIT
Por otra parte, en la proclama también se demanda la ratificación por parte del Estado uruguayo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Este tratado internacional tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas y su derecho a participar en las decisiones que les afectan. La ratificación compromete a los países a revisar su legislación nacional para desarrollar acciones de acuerdo al convenio.
En la anterior legislatura, el entonces diputado del Frente Amplio (FA) Felipe Carballo impulsó en el Parlamento la aprobación de una minuta de comunicación para exhortar al gobierno uruguayo a ratificar este tratado internacional. Sin embargo, la minuta de comunicación fue archivada al término de la legislatura.
Durante el debate parlamentario, Jimena Fernández, una de las directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos, señaló “como dato objetivo” que en Uruguay “existe una comunidad indígena autopercibida como tal de aproximadamente 160.000 personas”, con un acceso a los derechos “claramente reducido” en comparación con otras comunidades y sin “territorios identificados”.
Fernández apuntó que, a partir de la ratificación del tratado, Uruguay establecería en su Constitución “el hecho de tratar como derechos inherentes a la dignidad humana los que la comunidad internacional reconoce en esos pactos”. Así, “deberíamos adecuar nuestra legislación nacional, y las comunidades indígenas podrían solicitar la aplicación directa”. A modo de ejemplo, mencionó que podría reclamarse “el derecho a vivir en territorios”, “por lo que, si se firma, habría que ver cómo se haría con los actuales propietarios de los territorios”.
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En sus bases programáticas para el período 2025-2030, el FA incluyó como una acción prioritaria la ratificación “de manera urgente” del Convenio 169 de la OIT, con el propósito de “saldar la deuda histórica del Estado uruguayo con la cultura indígena y su gente”.
Consultado al respecto, Martín Delgado, integrante del Consejo de la Nación Charrúa, dijo a la diaria que hasta ahora “el gobierno nacional no ha mandado ningún proyecto de ley sobre el tema”. Dijo que se trata de un asunto que, pese a estar en el programa de gobierno, no reúne unanimidad en el FA.
Delgado mencionó que días atrás, en el marco de un acto del FA sobre el presupuesto quinquenal, en el que participaron el senador Óscar Andrade y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, el tema fue puesto en consideración por parte de un militante frenteamplista.
“Por un lado, Andrade dijo que sí, que había un compromiso con el Convenio 169 y que todavía no entendía cómo Uruguay y la izquierda uruguaya no habían abordado ese tema. Por otro lado, Fernando Pereira dijo que se necesita generar un gran acuerdo nacional sobre este tema, porque es un tema complejo”, reconstruyó.
Delgado señaló que en el actual período sí se ha conformado un espacio de diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, “con miras a establecer políticas públicas”. Asimismo, la semana pasada, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, anunció que el tema del próximo Día del Patrimonio será las “raíces indígenas”.
“Ahora, el Convenio 169 sigue siendo un tema difícil, incluso en el diálogo con las propias autoridades en este espacio de articulación, porque no todas las personas del gobierno nacional están de acuerdo. O sea, dentro del Frente Amplio hay personas que están de acuerdo y hay personas que no están de acuerdo”, subrayó Delgado.