Durante la reciente comparecencia de las autoridades del Congreso de Intendentes ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, que tiene a estudio el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, el primero en tocar el tema fue el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana. El exintendente de Cerro Largo abogó por “lograr el mejor aprovechamiento” del gasto público en las tareas que son compartidas entre el gobierno nacional y las intendencias, por ejemplo, las obras de caminería rural.

El artículo 584 del presupuesto, aprobado días atrás en la Cámara de Diputados, dispone unos 1.700 millones de pesos para proyectos del programa Caminería Departamental, con financiamiento de Rentas Generales y endeudamiento externo.

Luego de la primera intervención de Botana, el senador del Frente Amplio (FA) y exjefe departamental de Rocha Aníbal Pereyra sostuvo que, en este tema, “los esfuerzos que se puedan hacer siempre quedan cortos”. Según Botana, hay que apostar a “cambiar la matriz de la caminería rural”, ya que “no puede ser que nos siga pasando que gastemos entre 15.000 y 20.000 dólares por kilómetro de caminería”. Apuntó además que, con este monto, “a los tres o cuatro meses no queda ni la memoria de que pasó la máquina”. “Ni siquiera el recuerdo queda, porque ya se fue todo en las ruedas de los camiones que van pasando”, resaltó; y sostuvo que “eso se llama tirar la plata”.

El senador nacionalista señaló que la utilización de “otro tipo de caminería”, con “buenos desagües”, con base de tosca cementada y con bitumen doble o triple, tiene un costo aproximado de entre 80.000 y 90.000 dólares por kilómetro. “Si lo mantenemos bien, dura cinco años, y puede durar mucho más”, añadió.

“Salen por donde quieren y rompen lo que quieren”

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (PN), quien actualmente preside el Congreso de Intendentes, indicó que el programa financiado en el artículo 584 del proyecto tiene como objetivo “levantar el estándar del pavimento de la caminería rural”. Dicho esto, manifestó: “Hay un diagnóstico que me parece que es inapelable: la caminería rural tal cual hoy existe, como fue diseñada en su momento, no soporta la carga del nuevo paradigma de transporte de carga”.

Olivera señaló que los caminos rurales capaces de soportar este “nuevo paradigma” son aquellos que han subido de categoría, es decir, los que han pasado de un soporte de material granular al pavimento. Y apuntó que los gobiernos departamentales administran “2.500, 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de caminería, por lo que elevar el estándar del pavimento de los caminos supone una inversión descomunal”.

Si bien reconoció que a través del artículo 584 del presupuesto “se reeditan programas en este sentido”, Olivera dijo que los recursos asignados son insuficientes. Señaló que, en el caso de Paysandú, estos proyectos permiten realizar a lo largo de un quinquenio apenas entre “20, 30 o quizás 40 kilómetros”, que, en el contexto de 3.000 o 4.000 kilómetros de caminería, son una gota”.

Asimismo, Olivera enfatizó sobre la heterogeneidad del “nuevo paradigma de carga”, que comprende al que “sale con un camión de ganado”, pero también al que “sale con miles de camiones por el mismo camino por actividades productivas de altísima intensidad”.

Con una puntualización previa (“me deslindo de mi rol de representante del Congreso y me pongo el sayo de intendente de Paysandú”), Olivera recordó cuando, en su momento, intentó implementar “un precio por uso intensivo de la caminería” y “todo el mundo puso el grito en el cielo”. “Creo que tenemos que ir afianzando el concepto de que el que rompe paga. Hay algunos que rompen más que otros y tenemos que empezar a corresponsabilizar. ¿Por qué? Porque, entre otras, creo que la actividad forestal se ha desmadrado en cuanto a su planificación”, afirmó.

Olivera dijo que una cosa “es que el Estado ordene y planifique la actividad forestal sobre los ejes de ruta que pueden salir”, y otra cosa “es que todos los forestales planten donde quieran”. “Cuando se planta donde uno quiere, cuando se dan autorizaciones para plantar donde quieran, salen por donde quieren y rompen lo que quieren”, subrayó.

Ya de nuevo en calidad de presidente del Congreso de Intendentes, Olivera mencionó que este tema será discutido entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y un grupo técnico de las intendencias en una reunión en la que se delineará “la hoja de ruta con el gobierno” con respecto a la caminería rural. “Puede ser que el tema del pago por uso esté arriba de la mesa, o puede haber otras herramientas”, comentó.

Intendentes insisten en no modificar el tope de las compras directas

Por otra parte, la delegación del Congreso de Intendentes reiteró su reclamo en torno a las compras directas. En el mensaje original del Poder Ejecutivo, el presupuesto establecía como monto máximo permitido para las compras directas de los organismos públicos el valor de 375.000 pesos, lo cual suponía una reducción significativa para los gobiernos departamentales, cuyo tope actualmente es de 987.000 pesos.

La primera protesta del Congreso de Intendentes fue recogida parcialmente por la Cámara de Diputados. En el texto aprobado por la cámara baja se mantiene el valor de 375.000 pesos para los organismos públicos, “a excepción de los gobiernos departamentales cuyo monto máximo autorizado para la compra directa será de 608.000 pesos”.

Sin embargo, Olivera solicitó a los senadores de la comisión “volver al monto que existía previamente, que era de 987.000 pesos”. Empleó el mismo argumento que esgrimió días atrás en la comisión de la cámara baja: “Las intendencias terminamos ocupándonos no sólo de lo que tiene que ver con nuestras competencias, sino también de muchos otros aspectos”.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani (FA), compartió el pedido del intendente nacionalista. “Nosotros planteamos que con este monto de 987.000 pesos incluso muchas veces nos quedamos cortos, y que si el argumento era que había que unificar [el criterio de las compras públicas], lo lógico era que se estableciera para todo el Estado el tope que rige para las intendencias”, expresó.

Por su parte, si bien consideró que “la corrección de Diputados está muy bien”, Botana coincidió con Olivera y Legnani en que “hay que volver al nivel que estaba”. “Esto tiene una razón de ser fundamental y es que, si se rompe una máquina en el medio de una obra, no se puede parar la obra a la espera de la licitación para la reparación de la máquina. Hay que comprar el repuesto, hacer la reparación, seguir trabajando y no perder el único tiempo que hay”, argumentó el senador del PN. “Es más, con ese tope en algunos casos se quedan cortos, pero por lo menos permite resolver la gran mayoría de los casos”, agregó.