En su primera reunión, tras ser electo el domingo 14 durante el XXXIII Congreso, el nuevo Comité Central del Partido Comunista del Uruguay (PCU) eligió al senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade como nuevo secretario general del sector, así como a las autoridades del Comité Ejecutivo, quienes tendrán a su cargo las distintas secretarías.

“Nuestra bandera es roja y está inspirada en la lucha de la clase obrera de más de un siglo”, dijo Andrade, tras ser elegido, y agregó: “Es la bandera que decidió seguir siendo roja cuando se desplomaban los muros y las convicciones”. El senador fue el segundo candidato más votado para integrar el Comité Central, con 609 votos, muy cerca de su ahora antecesor en la secretaría general, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que obtuvo 618 votos.

Castillo estuvo al frente del Comité Ejecutivo desde 2017; el domingo, respecto de la posibilidad de asumir por tercera vez como secretario general, el ministro adelantó su voluntad de ser sucedido ante la falta de tiempo para permanecer en el rol.

El nuevo secretario general recordó su recorrido en el PCU, desde integrar el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas “hace treinta años, un poquito más”, hasta convertirse en legislador por el sector, primero como diputado y luego como senador, desde la legislatura pasada. En ese sentido, agradeció “la confianza de ser parte de ese colectivo que tiene que forjar la conciencia, las ideas y la organización para la emancipación humana”.

El ministro Castillo pasará a conducir la secretaría de Relaciones Internacionales. La diputada del FA Ana Olivera –que se jubilará y dejará su banca el 1° de marzo de 2026– tendrá a su cargo la secretaría de Unidad Política; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea Enrique Méndez, la de Sindicales; el diputado del FA Bruno Giometti, la de Programa; y la integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Graciela Montes de Oca, la de Derechos Humanos.

Entre otras, al frente de la secretaría de Gobierno estará Susana Muñiz, exministra de Salud Pública y actual secretaria de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social; en Organización estará Guillermo Rehermann, y Silvia Rehermann en Finanzas, reemplazando a Laura Alberti.

Andrade “tenía las mejores condiciones para asumir esa responsabilidad”, dijo el diputado Daniel Diverio

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Daniel Diverio, que tendrá a su cargo la secretaría departamental de Canelones, expresó alegría por la elección de Andrade. Destacó que “tiene muchas capacidades de estudio, de elaboración y de propuesta”, y hubo un “consenso generalizado” en que “tenía las mejores condiciones para asumir esa responsabilidad por su trayectoria dentro del propio partido, dentro de lo que son las organizaciones sociales, el papel que ha jugado en cada etapa de su responsabilidad, tanto en el movimiento sindical como políticamente, o en el propio Parlamento”, afirmó.

Sobre la voluntad de Castillo de no ser reelegido, el diputado explicó que se priorizó la responsabilidad asumida en el Ejecutivo para “desde ahí aportar también al proyecto y a lo que tiene que ver con el proceso del Frente Amplio”.

El Comité Central evaluó, en su primer encuentro, el proceso del XXXIII Congreso, que, para Diverio, “dejó algunas señales que son importantes, interesantes”. Resaltó que, a partir de la votación en el congreso, la nueva dirección del partido es “casi paritaria” –ocho mujeres y 11 hombres–. Asimismo, destacó la participación de integrantes del interior del país y una mayor presencia de jóvenes. “El congreso marcó claramente un mensaje de renovación”, señaló.

El diputado consideró que uno de los principales desafíos de la nueva dirección del partido será “trabajar para fortalecer todas las estructuras del Frente Amplio, fundamentalmente los comités de base”, y, especialmente, en el marco de las elecciones internas del próximo año de la fuerza política. En ese sentido, remarcó la importancia de profundizar la presencia en los departamentos del interior del país. Por otro lado, Diverio señaló que la discusión en torno a la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico también formará parte del trabajo del comité del sector, que se posicionó a favor de la iniciativa desde el comienzo.

Proyectos de prisión domiciliaria para represores: “Buscan confundir y debilitar la lucha que lleva adelante nuestro pueblo”

El Comité Central también abordó los proyectos de ley presentados por el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry y el diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi que proponen otorgar prisión domiciliaria a los represores presos por crímenes de lesa humanidad.

“Los dos proyectos parten de una base que es inaceptable: igualar la situación de las víctimas y los victimarios, y reinstalar una versión de la historia que justifica la impunidad”, sostuvo en una declaración la autoridad del PCU.

La iniciativa de Bordaberry, presentada el lunes antes de la sesión especial de la Asamblea General en conmemoración de los 40 años de la recuperación democrática, plantea adoptar un “régimen humanitario de prisión domiciliaria para mayores de 75 años”, a solicitud del interesado y bajo autorización judicial. También propone crear una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más –bajo la órbita de Presidencia–.

El proyecto de Goñi, en tanto, tiene como base la iniciativa de Cabildo Abierto que obtuvo media sanción en la legislatura pasada. El diputado retomó su propuesta –que había anunciado a mediados de año– luego de que se conociera que el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, para tratar la situación de los presos en la cárcel de Domingo Arena, condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.

El Comité Central señaló que “quienes están cumpliendo condena fueron juzgados y condenados con todas las garantías y cumplen prisión en condiciones privilegiadas con respecto al resto de la población carcelaria de nuestro país”. En esa línea, recordó que la legislación uruguaya prevé “la posibilidad de la prisión domiciliaria ante problemas comprobados de salud o riesgo”. “Incluso algunos de los represores se acogieron a ese beneficio, no se necesita ningún proyecto de ley para contemplar esas situaciones potenciales”, afirmó en la declaración.

Asimismo, respecto de la propuesta de la Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, el comité apuntó que ya “hay una institucionalidad funcionando, en varios niveles, que debe ser respaldada y apoyada en su tarea”, por tanto, “si hay datos, existe dónde y cómo aportarlos, con todas las garantías; lo que no han demostrado los represores es voluntad de aportarlos”.

El órgano del PCU consideró que “estas iniciativas revisionistas buscan confundir y debilitar la lucha que lleva adelante nuestro pueblo, y el mayoritario y creciente respaldo en nuestra sociedad al reclamo de Verdad y Justicia”.