Las razones detrás de la crisis de la Caja de Profesionales: números y autocríticas

Los “elefantes negros”. Así se llama a las situaciones que tendrán consecuencias perjudiciales, que son visibles para todas las personas, pero que nadie quiere hacerse cargo de resolverlas. Los investigadores Carlos Petrella y Carlos Tessore tomaron este concepto y lo aplicaron a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que desde hace diez años da pérdidas y que afronta una crisis de sostenibilidad.

En 2024, el organismo registró la peor relación entre activos y pasivos de los últimos cinco años: según la memoria y el balance del año aprobados por el directorio de la Caja, el déficit fue de 2.245 millones de pesos.

La Caja da pérdidas desde hace diez años, y una auditoría advirtió de la inminencia del colapso. Sin embargo, en todo ese tiempo el sistema político no logró acordar medidas que lo evitaran: “La gestión de los riesgos de la Caja encarada por la administración de los distintos gobiernos nacionales mostró una gestión indecisa que, por motivos no siempre claramente establecidos, no produjo cambios que permitiesen revertir la crítica situación del sistema”, señalan Petrella y Tessore en el artículo “Crisis de la Caja Profesional”.

La incapacidad de concretar soluciones –el último episodio en este sentido fue el naufragio del proyecto de reforma de la Caja en el período de gobierno anterior– dejó al organismo en una situación crítica, que determina que en estos días el Parlamento esté tratando una solución de urgencia. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto la semana pasada que eliminó los aportes adicionales de activos y pasivos propuestos por el Poder Ejecutivo, y en cambio, incrementó los aportes estatales al financiamiento.

El viernes, las autoridades de la Caja de Profesionales asistieron a la comisión y advirtieron que el financiamiento aprobado por Diputados no es suficiente. El presidente de la Caja, Daniel Alza, dijo a la diaria que les preocupa “la sostenibilidad” del organismo a partir del proyecto aprobado en Diputados, porque si se ratifica así como está en el Senado, “no alcanza” para pagar las jubilaciones de agosto. “Tiene que haber otras fuentes de financiamiento para poder darle sustentación, y en el cortísimo plazo”, advirtió. Remarcó que “hay que ajustar algunos parámetros de los ingresos” y que ahí “son los legisladores los que se tienen que poner un poco de acuerdo”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo a la diaria que hay “buena disposición” en el Senado para “mejorar aspectos del proyecto”. A partir de la exposición que hicieron las autoridades de la Caja en la comisión, a juicio del legislador quedó claro que el texto aprobado por Diputados “a todas luces no es lo que se necesita hoy”, y hay “por parte de senadores de todos los partidos especial preocupación para incorporar elementos que hoy no están” en el proyecto.

Caggiani recordó que en el Senado el Frente Amplio tiene los votos para aprobar el proyecto que quiera, pero, en cambio, está en “otra lógica”, que es la de “acercar a las partes y escuchar”. Aclaró que el Ejecutivo no mandará una nueva propuesta, sino que la iniciativa la tendrá el Parlamento.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo el jueves que “tampoco es correcto cargar sobre los contribuyentes en general responsabilidades que son de los profesionales, [porque] es una caja paraestatal”, y aseguró que transmitió a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la voluntad de llegar a un acuerdo.

Consultado respecto a la posibilidad de que se incorporen aportaciones de activos y pasivos un poco más bajas que las que preveía el proyecto original del Ejecutivo, Caggiani señaló que “podría ser” y que desde el oficialismo están “abiertos a recibir propuestas de todos lados”.

¿Cómo se financia la Caja de Profesionales?

La Caja de Profesionales se creó en 1954, y en sus más de 70 años de vida amplió su padrón de afiliados, incorporando a profesionales de las universidades privadas y a las nuevas carreras públicas que fueron surgiendo. Para los profesionales que ejercen su profesión de manera independiente es obligatorio afiliarse a la Caja, no así para los dependientes. Los profesionales que no están ejerciendo su oficio o los dependientes pueden declararse en no ejercicio independiente de la profesión, y en ese caso pueden no contribuir.

El presidente de la Caja dijo a la diaria que hoy sólo el 27% de los activos que contribuyen al organismo ejercen libremente su profesión. Del resto, la mitad tienen trabajo independiente y también dependiente, y la otra mitad son trabajadores dependientes que contribuyen voluntariamente a la Caja “para obtener una segunda jubilación”. Este último porcentaje, el de los voluntarios, ha disminuido en los últimos años con la situación de crisis de la Caja. También dejó de pagar gente cuando se subió la tasa de aportación de los activos de 16,5% a 18,5%, en 2023.

La Caja hoy abarca a 54 profesiones y más de 300 títulos universitarios. Según el informe económico del MEF denominado “Impacto estimado del Proyecto de Reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios” de mayo de 2025, al que accedió la diaria, la Caja tenía en 2024 173.478 afiliados. Mientras que en 2020 el 59% declaraba no ejercicio, en 2024 ese porcentaje alcanzó el 63%.

El directorio está compuesto por cuatro miembros electos por los afiliados activos (entre ellos el presidente de la Caja), un miembro electo por los afiliados jubilados y dos designados por el Poder Ejecutivo. Las autoridades de la Caja gestionan los fondos del organismo paraestatal, pero cualquier decisión de fondo implica la aprobación de una ley.

La Caja se financia principalmente por dos vías: la contribución de los afiliados activos y los timbres profesionales. Según la memoria y el balance de 2024, el 63% del financiamiento provino de los aportes de los afiliados y el 31% de los timbres profesionales. En cuanto a los egresos, el 94% fue para pagar prestaciones jubilatorias y el 3% fueron gastos de administración, según lo informado en su momento por las autoridades.

Las razones de la crisis

Para Petrella y Tessore, la Caja de Profesionales “se ha desestabilizado debido a cuestiones económicas y sociales que han modificado a la baja la recaudación y a la suba las prestaciones, y también a problemas de gestión interna que han contribuido a su deterioro”.

El organismo no es ajeno a los cambios demográficos que afectan al sistema jubilatorio en su conjunto: el envejecimiento de la población, que cambia la relación entre activos y pasivos, produce una carga importante para el financiamiento del sistema.

En particular, en el caso de la Caja de Profesionales, según el diagnóstico que elaboró en 2021 la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por el gobierno anterior, entre 2019 y 2038, sin adoptar medidas, el déficit de la Caja más que se triplicaría. Mientras los ingresos se incrementarían en ese período de tiempo 52%, los egresos lo harían 78%. Según la estimación de la comisión, además, mientras en 2019 el patrimonio de la Caja era positivo en 371 millones de dólares, en 2038 sería negativo en 864 millones de dólares.

En tanto, según el informe del MEF elaborado en mayo de este año, de acuerdo con las estimaciones de corto plazo realizadas por la asesoría técnica de planificación y control de gestión, a partir de una proyección con base en las cifras de 2023, “la Caja enfrentará en los próximos años un escenario de resultados crecientemente deficitarios, pasando de un déficit de casi US$ 90 millones en 2025 a aproximadamente US$ 130 millones en 2026 y US$ 160 millones en 2027”. En un horizonte de 20 años, la Caja acumularía un déficit de algo más de 3.000 millones de dólares, y en 25 años, de 4.500 millones.

Alza recordó que hace diez años que la Caja da pérdidas y tiene que utilizar sus reservas. En primera instancia, cuando faltó dinero para pagar las prestaciones, se empezaron a tomar los intereses de las inversiones, y luego parte del capital. “Y ahora en julio llegamos al momento en el que no tenemos ni intereses ni capital. Y esa es justamente la crisis que tenemos. Pero esto ya se sabía de antes, la demora en tomar la decisión de hacer cambios es un tema que incidió”, valoró el presidente de la Caja. “Esa demora es multifactorial, no se pudieron poner de acuerdo los colectivos que lideraban la Caja en su momento” para hacer cambios, apuntó Alza. Consideró, a su vez, que los gobiernos de la época, que tenían directores en el organismo, “tampoco fueron proactivos como para decir: ‘No, hay que hacer cambios, acá los números están, y hay que hacerlo ahora’”.

Otro factor estructural que afecta a la Caja son los cambios en el mundo del trabajo. Alza dijo que ahora, en general, los jóvenes no quieren “emprender negocios por sí solos, quieren ser funcionarios, quieren ser empleados, tener sus vacaciones, tener su negociación salarial con su empleador y cumplir con su tarea, pero no ejercer libremente la profesión, y se está dando en todas las profesiones”. “Tenemos que estudiar más esas tendencias, tenemos que ver cómo en otras partes del mundo solucionan para los sistemas previsionales ese tipo de relación”, añadió.

El director en representación de los afiliados, Fernando Rodríguez Sanguinetti, coincidió en que hoy “ya la gente no trabaja en forma independiente”. “O trabaja en forma colaborativa o trabaja en forma dependiente. Y ahí están los 110.000 que no aportan a la Caja”, dijo a la diaria. Afirmó que muchas personas optan por abrir una empresa unipersonal, sobre todo en el área de la salud, y “pagan un canon que hay en el BPS [Banco de Previsión Social] que es mucho más bajo que el nuestro”. “Entonces, están al día, no tienen problemas, se están pagando la jubilación, pero bueno, no aportan en la caja previsional, que es donde deberían aportar”, cuestionó. Criticó también que el BPS “incentiva” esta situación y dijo que hay “una fuga de aportantes por todos lados”.

Además, hubo situaciones puntuales que incidieron en la crisis de la Caja. Una de las más mencionadas en estos días fue la decisión, adoptada en 2004, de que los timbres profesionales se ajustaran por el índice de precios al consumo (IPC), cuando las pasividades se ajustan por el índice medio de salarios. Esto generó un “descalce” que le provocó a la Caja una pérdida de 600 millones de dólares que se han acumulado, según argumentan sus autoridades.

Por otra parte, la Caja de Profesionales utiliza un sistema de sueldos fictos, en base a los cuales se calcula la tasa de aportación, en un esquema de diez categorías de aportación. Alza consideró que la crisis de la Caja es “multifactorial”, pero en particular evaluó negativamente que en 2004 se haya habilitado a las personas a permanecer en la segunda categoría, ya que “muchísima gente” eligió esta opción. “Por lo tanto, precisás más aportantes de la segunda [categoría] para poder pagar una jubilación”, indicó.

En la misma dirección, el director Rodríguez Sanguinetti sostuvo que esta medida determinó que hoy entre el 70% y el 75% de los afiliados esté en la categoría dos o en la tres. “Llevamos 21 años con esa medida que le ha hecho mucho daño a la Caja”, reclamó.

La gestión y los sueldos de la Caja

Entre los factores desencadenantes de la situación actual de la Caja, Alza también mencionó la decisión del directorio del organismo, en 2006, de crear beneficios especiales para los jubilados y de modificar al alza la tasa de reemplazo.

“¿Quién tiene la culpa? Tenemos todos la culpa”, sentenció Alza. De todos modos, más allá de la demora en adoptar decisiones, el presidente de la Caja consideró que no existen otros problemas de gestión que hayan detectado. Aseguró que se ha hecho un “esfuerzo grandísimo” por disminuir el número del personal que trabaja. “Hemos tecnificado puestos de trabajo para que sea más eficiente y más fácil trabajar, y sobre todo no ingresamos personal, teníamos 176 cuando ingresamos y ahora tenemos 147 personas, se ha mejorado la eficiencia en ese aspecto”, destacó Alza.

Respecto a los sueldos de quienes trabajan en la institución, dijo que él cobra 160.000 pesos, y que el sueldo más alto era el del gerente general, que se retiró en 2023 y no se lo sustituyó. La función de gerencia ahora “está en manos de la vicepresidenta, que es la contadora [Virginia] Romero”, y así estará aunque sólo “hasta tanto pasemos esta situación, porque esta empresa necesita un gerente general que se haga cargo, pero no a esos niveles monetarios”.

Apuntó que los funcionarios tienen “sueldos elevados” y que en su caso trató de hacer “algunos ajustes” en este tema, pero no tuvo “éxito”. “Preferimos no entrar personal y por ahí aumentar la eficiencia, y estamos trabajando en ese sentido”, acotó. También resaltó que tienen autorizado por ley un gasto operativo del 7,5% y lo lograron bajar al 4,9%.

Rodríguez Sanguinetti, por su parte, valoró que “sin duda” existieron problemas de gestión. Señaló que, al inicio de la gestión del actual directorio, propuso junto con otros directores hacer una auditoría general de los últimos 15 años de la Caja. “No rascando a ver si encontramos algo ilegal o inmoral. No, no. Lo que estábamos buscando era los porqués. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué estamos en este momento así, cuando ha habido directorios, ha habido gente muy avezada, gente inteligente, gente preparada y terminamos así?”, inquirió. Recordó que también propuso, y no se aprobó, contratar una consultoría para el rediseño funcional de la Caja. “Porque estamos funcionando como hace 25 años. Esto abajo es como un ministerio de los 90. Llega la gente, la mesita, lo atienden, etcétera. Los trámites internos duran meses, las licitaciones, las compras, todo es una cosa muy compleja dentro de la Caja. Y bueno, esas complejidades también coadyuvan a la situación general de la Caja, al descrédito, al enojo de decenas de miles de profesionales”, afirmó.

En este sentido, remarcó que hay “una enorme responsabilidad del Estado” en esta situación, porque tiene dos directores en el organismo que “han votado a veces haciendo mayoría con algunas de las mayorías habituales en la Caja y hemos terminado como hemos terminado”.

Recordó que la auditoría contratada advertía que si no se hacían cambios estructurales, la Caja sólo tendría fondos para llegar a 2025 o, como mucho, a 2026. “¿Qué pasó? No hicieron nada. No el directorio, pues el directorio no puede hacer nada. Esto son los gobiernos. El Estado es el enorme responsable”, sentenció.

Desde el gobierno se manejan algunas otras causas de la crisis. Entre ellas, la existencia de un desequilibrio entre lo que las personas aportan y después reciben cuando se jubilan: perciben entre dos y tres veces lo que aportaron. Y también señalan un problema de gobernanza de la Caja. “Las propuestas siempre son de expandir los beneficios y de minimizar lo que la gente aporta, y nadie tiene una mirada de sostenibilidad de mediano plazo del sistema”, cuestionó una fuente de gobierno consultada por la diaria. Esto explica, evaluó, por qué no se tomaron medidas antes de que la crisis fuera inevitable.

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