Gobierno incluirá el impuesto a las multinacionales en la ley de presupuesto, con el que prevé recaudar 350 millones de dólares

En los próximos días se definirán en el Parlamento dos proyectos claves para el Poder Ejecutivo, la reforma de la Caja de Profesionales y la Rendición de Cuentas, en un escenario parlamentario inédito, con un gobierno sin mayorías parlamentarias desde el inicio del período. En entrevista con la diaria, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, reflexionó sobre las primeras señales de esta nueva dinámica parlamentaria y le respondió a la exministra de Economía Azucena Arbeleche, que acusó al gobierno de “faltar a la verdad” sobre el estado de las cuentas públicas. “Los números son los números, no nos podemos pelear con ellos. Ingresar en el camino de ponerlos en duda nos parece grave, y hasta peligroso. Se necesita una actitud republicana de parte de todos, para proteger la institucionalidad del país”, reclamó Vallcorba. También se refirió a las prioridades del proyecto de ley de presupuesto quinquenal y a la agenda “pro crecimiento” que proyecta el gobierno.

¿Cómo evaluás la actitud de la oposición con relación a la rendición de cuentas? Si bien se aprobó el proyecto en general en comisión, no se votó el aumento del tope de endeudamiento que solicitó el Ejecutivo.

Ese nivel de endeudamiento para el que se pide autorización es consistente con la proyección de déficit fiscal que tenemos prevista para este año 2025. La lógica de funcionamiento del tope de deuda refiere a cuánto puede aumentar la deuda neta de activos, y eso esencialmente es equivalente al déficit fiscal que el gobierno va a tener.

Cuando uno mira las cifras, las estadísticas fiscales muestran un resultado del 3,3%. Pero en realidad hay un conjunto de gastos que deberían haberse pagado el año pasado y algunos ingresos que correspondían a este año que se adelantaron y se cobraron el año pasado, lo que hace que ese 3,3% no refleje adecuadamente lo que desde el punto de vista económico es la situación fiscal. Estamos hablando de que hay gastos postergados por 0,4% del PIB y adelantos de ingresos de 0,1%. Entonces, hay un total de 0,5% del PIB que me está mejorando el resultado fiscal de 2024. Por tanto, cuando uno hace esa corrección, ese déficit de 3,3% en realidad se transforma en un déficit del 3,8%. Desde el punto de vista del fenómeno económico que está por detrás, debiéramos haber tenido un déficit de 3,8% el año pasado.

La oposición plantea que esta situación ya se había dado en otros períodos de gobierno y que en 2020 pasó lo mismo, con la misma cifra del 0,5% por gastos postergados.

En realidad, eso quedó claro en las respuestas que dimos [en la comisión de Diputados que estudió la Rendición de Cuentas] que no es así, que hay un error en el análisis de los datos, porque la oposición hacía referencia a lo que es la deuda flotante, que son gastos en los que efectivamente se incurrió y no se pagaron, pero eso es algo habitual. Hay toda una cadencia en los pagos que desde el momento en que se compromete la obligación a que se paga, pueden pasar 60 o 90 días, dependiendo del tipo de gasto que se trate. Eso es normal. Lo que nosotros estamos diciendo son gastos que no se efectuaron, que exceden una situación normal, y que, por lo tanto, es una situación extraordinaria que no tiene antecedentes en los años anteriores.

Nosotros estamos previendo que este año el déficit fiscal cierre en torno al 4,1%. Ahora, ese 4,1% tiene adentro los gastos que se postergaron el año pasado y que vamos a tener que pagar en 2025, y los ingresos que tendríamos que haber tenido que ahora no los vamos a tener, porque se tuvieron en 2024. Entonces, cuando uno hace esa corrección desde el punto de vista económico, el déficit de 4,1%, en realidad, desde el punto de vista más sustantivo, debió haber sido 3,6%, o sea, 4,1% menos 0,5%. Lo que nosotros estamos previendo es una mejora del resultado fiscal corregido, pasando de un 3,8 a un 3,6. Eso es lo que estamos previendo para este 2025, teniendo en cuenta todos estos elementos extraordinarios que sucedieron el año pasado.

Y, volviendo al tope de deuda, ese déficit que tenemos va a requerir necesidades de financiamiento adicionales y, por consiguiente, un aumento de la deuda neta.

La oposición ha dicho que la situación actual no es equiparable a cuando se formularon otras solicitudes de incremento del tope de endeudamiento, por ejemplo, en la pandemia y en la sequía, que sí fueron situaciones excepcionales.

Efectivamente, no hubo ningún fenómeno extraordinario desde el punto de vista climático o similar que explique un mayor nivel de deuda. Ahora, el gobierno el año pasado activó esta cláusula de excepción en cuanto al tope de deuda argumentando que habían existido alteraciones en los precios relativos y un descenso no anticipado de la inflación, que claramente no es una justificación de recibo para explicar el mayor nivel de endeudamiento que tuvieron en 2024. Y esto no lo decimos sólo nosotros, lo reconoce el propio Consejo Fiscal Asesor, que establece que ese argumento utilizado para activar la cláusula de excepción para aumentar el endeudamiento el año pasado no tiene una fundamentación muy sólida. Y este año nosotros no estamos recurriendo a esa cláusula, directamente lo que estamos diciendo es: el nivel de déficit con el que va a cerrar el año –no producto de decisiones de este gobierno, porque esencialmente son decisiones que provienen del gobierno anterior– nos va a llevar a un nivel de deuda mayor. De hecho, nosotros ya hemos planteado que hay un conjunto de erogaciones que este gobierno tiene que asumir en 2025 que corresponden a decisiones que tomó el gobierno anterior, y que se ubican en torno a los 970 millones de dólares.

La comisión no votó el aumento del tope de endeudamiento, ¿hay un plan B del gobierno en caso de que no se apruebe el aumento del tope?

Nosotros en este momento preferimos trabajar para construir los acuerdos necesarios para que se apruebe la Rendición con el conjunto de artículos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo, y uno de los más relevantes es la determinación del tope de deuda. Si no se aprobara, el país estaría en un escenario muy diferente; la consecuencia sería que Uruguay no podría emitir nuevo endeudamiento para cubrir sus necesidades de funcionamiento, para cubrir el déficit, para hacer frente a las obligaciones financieras que tiene. O sea, es un escenario de una complejidad tal que nosotros entendemos que se van a alcanzar los acuerdos necesarios para poder avanzar en la aprobación de este nuevo tope de deuda.

¿Qué opinión tenés sobre la carta de la exministra Azucena Arbeleche enviada al directorio del Partido Nacional donde se señala que “los documentos oficiales presentados por el actual gobierno no sólo faltan a la verdad, sino que ofrecen una interpretación sesgada del estado de las cuentas públicas” al cierre de la administración anterior?

Como lo hemos planteado en múltiples oportunidades, nuestra prioridad es mirar para adelante y ocuparnos de los problemas que enfrenta nuestro país. Creo que la gente está cansada de escuchar discusiones como las que se plantean en esa carta. No obstante, me parece importante ser claros en un tema que es relevante. El equipo económico redactó un informe serio y completo sobre la situación económica y financiera del país, reconociendo avances cuando correspondía y señalando problemas y críticas a la gestión anterior cuando así lo entendía. En particular, sobre la situación fiscal. Y no lo hacemos por criticar al gobierno anterior, sino porque es esencial para saber cuál es el punto de partida para, a partir de allí, definir la estrategia presupuestal para este período de gobierno. Se podrá discrepar, pero lo que no se puede es acusar sin fundamento que el gobierno falta a la verdad. Desde el MEF no podemos permitir esos comentarios. Los números son los números, no nos podemos pelear con ellos. Ingresar en el camino de ponerlos en duda nos parece grave, y hasta peligroso. Se necesita una actitud republicana de parte de todos, para proteger la institucionalidad del país.

No ha sido sólo este equipo económico el que ha hecho una evaluación crítica sobre los resultados fiscales de 2024, y sobre la situación fiscal actual. Sólo por dar un ejemplo, el Comité Fiscal Asesor emitió un informe en el que dejaba en evidencia un conjunto de problemas y fragilidades. Y también ha habido diversos analistas independientes que han hecho planteos similares.

Además de la Rendición de Cuentas, a nivel parlamentario la oposición tampoco acompañó hasta el momento la propuesta del Poder Ejecutivo para solucionar el problema de la Caja de Profesionales, ¿cómo estás evaluando este comportamiento de la oposición, teniendo en cuenta el nuevo escenario parlamentario que tenemos?

El ministro [Gabriel] Oddone lo comentó en la comisión y luego en la ronda de prensa, que en realidad estamos en una situación inédita. Desde el retorno de la democracia no tuvimos ningún gobierno que haya comenzado su gestión sin tener mayorías parlamentarias, porque en los primeros gobiernos posdictadura y en la década del 90 se construyeron acuerdos de gobernabilidad que a lo largo del período después terminaban rompiéndose, pero que le daban al gobierno en el comienzo de la gestión, en los primeros años, una mayoría parlamentaria que hacía más fácil la aprobación de las iniciativas que desde este se impulsaban. Y lo mismo sucedió cuando gobernó el Frente Amplio [FA] con mayoría parlamentaria y en el último período, con la mayoría de la coalición republicana. Esta es la primera experiencia en la cual el gobierno arranca sin tener la mayoría parlamentaria, y eso exige de alguna manera un cambio en la lógica de funcionamiento de todas las partes, del gobierno, del oficialismo y de la oposición en el Parlamento. Que requiere predisposición al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Esa es la actitud con la que el ministerio ha ido en cada instancia al Parlamento. Es la actitud que en general nosotros vemos en el oficialismo a nivel parlamentario, y también en algunos sectores de la oposición, no en todos. Pero creo que es algo que tenemos que ir construyendo, esa nueva dinámica de trabajo para construir acuerdos. No es fácil, porque ahora, en la discusión de la Rendición de Cuentas, la tentación a discutir y calificar de un lado y del otro a un período de gobierno puede tener lógica desde el punto de vista de la discusión política, pero desde el punto de vista de la gestión de gobierno seguramente no contribuya a la construcción de los acuerdos. La Caja Profesional y la Rendición de Cuentas son las primeras pruebas de fuego que tiene el gobierno y somos optimistas de que se puede llegar a los acuerdos necesarios, pero el tiempo dirá.

En el caso de la Caja de Profesionales, se acordó postergar la votación para el 30 de junio. ¿Cómo analiza el gobierno esta situación?

Nosotros hubiéramos preferido que el proyecto se aprobara el miércoles, porque se había avanzado en el diálogo con la oposición en algunos puntos, pero finalmente no hubo condiciones para aprobarlo. La oposición solicitó una prórroga que inicialmente era mayor. Realmente los tiempos apremian, por lo tanto, una prórroga mayor a la que terminó siendo definida hubiera sido muy complicada, porque la Caja ya anunció que no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente al pago de las pasividades de julio. Entonces, en el transcurso del mes de julio no sólo se tiene que aprobar la ley, sino promulgarla, reglamentarla e implementar la forma de que efectivamente los recursos lleguen a la Caja para que pueda pagar las jubilaciones en julio. Y eso no se hace en pocos días. En consecuencia, estamos muy a contrarreloj; esperemos que el 30 de junio podamos tener los acuerdos necesarios para aprobar el proyecto.

¿Los plazos dan, o el Poder Ejecutivo ya está pensando en algún tipo de erogación a través de otro proyecto de ley para pagar esas pasividades?

No, no, los tiempos son muy justos, pero de aprobarse a fin de mes el proyecto, podríamos llegar a asistir a la Caja antes de que tenga que hacer efectivos los pagos, que es a principios de agosto. A fines de julio tendrían que tener disponibles los fondos. El tema es que no tenemos mucho más tiempo, ¿no? O sea, el 30 de junio sí se requeriría una definición.

Prioridades del presupuesto y nuevos recursos

¿Cuáles van a ser las prioridades de cara a la ley de presupuesto?

Vamos a tener que discutir colectivamente cuáles son las prioridades concretas presupuestales y al mismo tiempo la estrategia fiscal que permita atender esas prioridades y consolidar la situación fiscal, que hoy no es confortable, no es sostenible. Por lo tanto, tenemos que definir una estrategia clara que permita mejorar la situación de las finanzas públicas, con el foco puesto en que tenemos que estabilizar la deuda en un nivel prudente, manejable, que no ponga en riesgo la sostenibilidad, porque esa es una condición necesaria para avanzar en el resto de las transformaciones que tenemos planteadas.

Para avanzar y cumplir con todos los compromisos que el gobierno asumió, necesitamos que la economía crezca más, para eso necesitamos que haya más inversión, y para que haya más inversión necesitamos que la estabilidad macroeconómica esté absolutamente consolidada. Todos esos elementos son los que van a estar plasmados en la ley de presupuesto que vamos a empezar a discutir en las próximas semanas.

Entre las prioridades programáticas y los compromisos de gobierno definidos, ¿cuáles sí o sí van a requerir financiamiento en la ley de presupuesto?

Las prioridades centrales tienen que ver con la matriz de protección social y con los temas de seguridad pública, junto con una agenda pro crecimiento. El crecimiento como sostén para generar los recursos necesarios para avanzar en el perfeccionamiento de la matriz de protección social, con foco en la infancia, y los temas de seguridad pública. Esas van a ser las prioridades centrales. Y después, en el resto vamos a seguir avanzando en función de los espacios presupuestales que vayan surgiendo en la propia discusión del presupuesto.

¿Cómo están pensando la estrategia para generar los recursos que permitan cumplir con las prioridades?

Lo central para generar los recursos que nos permitan cumplir con esas prioridades y con la consolidación fiscal es que la economía crezca más. Si Uruguay mantiene una tasa de crecimiento del 1%, como ha tenido en los últimos diez años, no hay condiciones para hacerlo. Entonces, hay un conjunto de discusiones que van a estar en el marco de la discusión presupuestal, que tienen que ver, por ejemplo, con racionalizar el gasto, mejorar la eficiencia, mejorar la calidad del gasto. Esa es una línea que va a estar presente en el presupuesto, que es imprescindible, pero que no resuelve el problema.

Por otro lado, hay algunas modificaciones tributarias que ya se han ido adelantando que se van a realizar. La que está clara, porque Uruguay sería torpe si no lo hiciera, es que tenemos que avanzar en la implementación de impuestos mínimos de la renta global. Hoy las empresas que no pagan impuestos en Uruguay, pero que están grabadas por el impuesto mínimo de la renta global, o sea, que pagan impuestos en otros países, nos vienen a reclamar que ajustemos esto porque quieren empezar a pagar impuestos acá. Y no nos lo hicieron sólo a nosotros, se lo hicieron al gobierno anterior también. No contemplar eso sería de una torpeza mayúscula, porque implica que un volumen importante de recursos que Uruguay podría recaudar decide no hacerlo y que esa plata se vaya al exterior a financiar a otros países.

Las empresas ya están pagando, el año pasado ya pagaron este impuesto. No se trata de una modificación tributaria que signifique un aumento de la carga tributaria que enfrentan las empresas. Las propias empresas nos plantean que quieren pagar acá porque el trámite de acreditar la liquidación de impuestos en el exterior es una complejidad adicional, que si lo pudieran pagar acá la simplificaría. Y eso es un tema que para nosotros va a ser una fuente de recursos que va a contribuir a avanzar en esta estrategia de consolidación fiscal.

¿Este impuesto va a estar incluido en la ley de presupuesto?

Va a estar incluido en la ley de presupuesto, porque es materia claramente presupuestal. Cabía la posibilidad de que fuera una ley aparte, pero en principio estará en la ley de presupuesto.

¿Está calculado cuántos recursos se obtendrían a partir de este impuesto?

La DGI [Dirección General Impositiva] puede hacer una estimación de la capacidad de recaudación que tendría la implementación del impuesto mínimo global en el país en la medida en que, a partir de los mecanismos de intercambio de información que están definidos, se cuenta con esa información, y además se cuenta con el universo de empresas que estarían alcanzadas. Las estimaciones que ha hecho la DGI implican que la implementación de este impuesto mínimo global podría tener una capacidad de recaudación del eje de algo por debajo del 0,5% del PIB, entre 0,4 y 0,5 puntos del PIB. Pongamos que pueda estar en el eje de los 350 millones de dólares, aproximadamente. Son estimaciones preliminares, pero robustas en cuanto a que se hace sobre información real.

Después, lo otro es toda la estrategia pro crecimiento, que es clave, porque si seguimos creciendo a la tasa que venimos creciendo en promedio, ni con estas modificaciones tributarias ni reasignando gastos ni mejorando la eficiencia en el gasto es posible [cumplir con las prioridades programáticas]. Entonces, allí es donde entra la otra agenda, que tiene que ver con reformular y potenciar el régimen de promoción de inversión, no con la lógica de gastar menos, sino de gastar mejor y de que el resultado de esa promoción genere un impacto mayor en términos de crecimiento, generación de empleo, generación de exportaciones, que tenga mayor efectividad la implementación de esos mecanismos promocionales.

¿Se va a apostar a que el gasto tributario sea menor en esto?

No es el objetivo, el objetivo es racionalizarlo. Actualmente, hay algunos proyectos que tal vez estemos incentivando que no sería necesario incentivarlos para que se desarrollen; por consiguiente, en la reformulación se pueden dejar de incentivar y se va a apostar a que surjan otros proyectos. El objetivo no es no gastar, sino que podamos generar condiciones para que se puedan promover esos proyectos que hoy no estamos logrando promover. En las próximas semanas vamos a estar anunciando un conjunto de medidas en esta dirección. También hay un mal funcionamiento de la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones], la comisión que administra los mecanismos de promoción, con un atraso en los proyectos muy grande. Hay en torno a 3.000 proyectos que están pendientes de análisis, proyectos que de repente llevan dos o tres años de presentados y sobre los cuales no se ha expedido. Allí tenemos también un tema que para nosotros es importante, que es limpiar todo ese atraso para que la comisión se pueda abocar a lo que va a ser la implementación de los nuevos criterios que vamos a estar anunciando en las próximas semanas.

La otra línea en la agenda pro crecimiento tiene que ver con toda la estrategia de simplificación de trámites, desburocratización, desempapelamiento, distintos nombres que se le han dado a esta línea de trabajo que tiene que ver con un conjunto de regulaciones, de trámites, de exigencias en materia de certificaciones, habilitaciones que de repente fueron pensadas para una realidad de hace 50 o 60 años y que hoy no se justifican, o cuestiones que están duplicadas y que hay que hacerlas en distintos organismos, que lo único que hacen es encarecer el costo para quien quiera invertir y emprender. Eso va a ser parte también de algunas de las medidas que se van a estar anunciando en las próximas semanas; ya llevamos unos cuantos meses de trabajo en esa dirección. Incluso alguna de las medidas que anunciamos en la frontera [ver recuadro] también se vinculan con estas cosas o las podemos llegar a concebir como una especie de piloto en esa dirección. La apuesta es reducir costos que faciliten la inversión, que les haga más fácil la vida sobre todo a quienes tienen emprendimientos pequeños.

En un escenario en el que se mantengan tasas de crecimiento muy bajas, ¿creés que igual hay margen para reducir la desigualdad?

Es interesante mirar lo que fueron los últimos dos gobiernos, la segunda administración de Tabaré Vázquez y la de Luis Lacalle Pou, porque en los dos períodos, con pequeñas diferencias, el crecimiento fue parecido, en torno al 1,1%. Pero hubo una diferencia muy importante en el patrón redistributivo de ese crecimiento, que la podemos ver en los ingresos de los hogares. En el segundo gobierno de Vázquez, si dividimos la población en deciles según su nivel de ingresos, el único sector que en promedio aumentó sus ingresos fue el decil más bajo. Cuando miramos lo que pasó en el gobierno de Lacalle Pou, fue exactamente a la inversa. Crecieron todos los deciles su ingreso promedio, menos el primer decil, el 10% de menores ingresos. Ahí es donde también hay una orientación en la política económica y social del gobierno. Si la economía crece un 1%, la capacidad de redistribuir es muy limitada. De hecho, en el gobierno de Vázquez se tuvo una política redistributiva a favor de los sectores de menores ingresos, pero con una potencia muy baja porque en definitiva no teníamos demasiado que distribuir.

El índice de Gini, que mide la desigualdad, en realidad no mejora desde mediados del gobierno de José Mujica.

No hubo un cambio significativo. El índice de Gini es un índice duro de mover, o sea, es muy estructural, pero sí, efectivamente, eso sucedió con el índice de Gini. Otro indicador para medir la desigualdad es la relación entre los deciles: mirar el 10% de más altos ingresos con el 10% de menos ingresos y ver cómo evoluciona esa relación, que es algo un poco más sensible que el índice de Gini a los efectos de poder evaluar los resultados. Y allí hay leves mejoras, pero en el margen. Fue distinto en los primeros diez años de gobierno del FA, cuando crecimos a una tasa superior al 5%, y cuando uno hace política redistributiva tiene un impacto sustancialmente mayor, porque tiene mucho más para redistribuir. Por esto, está claro que el crecimiento por sí mismo no resuelve el problema. Y eso es parte del enfoque de una política económica de izquierda. Tenemos que crecer y tenemos que promover una distribución más equitativa de los frutos de ese crecimiento. Pues bien, si no crecemos, la potencia de eso es muy baja.

El desafío es tener la capacidad de hacer las cosas bien, que entre otras cosas implica ser conscientes de que con voluntarismo no resolvemos los problemas. Y que los atajos, en general, muchas veces terminan siendo caminos muchísimo más largos. Esa ha sido un poco la lógica con la que el FA se movió en sus 15 años de gobierno. Si nosotros descuidamos la necesidad de tener una situación de estabilidad económica, no hay posibilidad de construir nada estable y positivo sobre la inestabilidad. Danilo [Astori] insistía mucho en esto y decía: “Yo no conozco experiencia en el mundo de progreso y mejora del bienestar social que se haya apoyado en una situación de inestabilidad económica”. Entonces, la estabilidad económica es la base. No es suficiente, el mercado no nos resuelve todo y por eso desde la concepción que tenemos en el FA decimos: “Es necesario tener políticas públicas activas, que me resuelvan una falla de los mercados, que me mejoren los temas distributivos, pero aceptando que hay un límite que tiene que ver con la restricción presupuestal”. Cuando vulneramos la restricción, ahí la cosa empieza a funcionar mal.

¿Considerás que en la interna del FA tienen esto presente de cara a la discusión presupuestal?

En los intercambios que hemos tenido en la interna del gobierno con el resto de los miembros del gabinete, ni que hablar con el presidente, con el secretario de Presidencia, pero también de los encuentros que tuvimos con las bancadas y con la fuerza política, percibimos un nivel de madurez en el análisis y consideración de estas cuestiones realmente muy importante. Y creo que la experiencia del segundo gobierno de Tabaré, la derrota electoral, el proceso de evaluación y aprendizaje de los errores ayuda, digamos, a que hoy haya una conciencia muy grande y muy compartida por todos de la necesidad de tener presente que hay límites que hay que tener en cuenta.

El FA cuestionó en campaña electoral que el gobierno de Luis Lacalle Pou haya decidido reducir el descuento de IVA por compras con tarjetas, ¿está planteado revisar eso?

En particular, yo, que estuve trabajando en estos temas, soy partidario de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La realidad fiscal que tenemos hoy es distinta a la que nos imaginamos hace un año atrás o hace nueve meses atrás o hace cuatro o cinco meses atrás, en parte por lo que conversamos al principio, un déficit fiscal que es mayor al que teníamos previsto, lo que también introduce restricciones, porque esos dos puntos de IVA son recursos que el Estado deja de recibir. Por lo tanto, esa discusión va a tener que ser parte también de la discusión presupuestal. Ahí tendremos que discutir en función de las prioridades hacia dónde orientamos los recursos, que puede ser para gastar o para dejar de recaudar, como sería este caso.

¿El Ejecutivo va a proponer restituir el descuento de los dos puntos de IVA?

Va a ser uno de los temas que esté arriba de la mesa a la hora de evaluar las prioridades de cara al presupuesto. Es decir, en la discusión interna en el Poder Ejecutivo sobre los recursos que tenemos disponibles y cuál va a ser la utilización que les vamos a dar, esta va a ser una posibilidad.

Consejos de Salarios y políticas para deudores

Sobre la próxima ronda de Consejos de Salarios, el ministro Gabriel Oddone dijo a la diaria Radio que era partidario de tener criterios distintos para los salarios altos y para los bajos. ¿Esa es una posición del Poder Ejecutivo o es una posición del MEF?

Hemos avanzado mucho en un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo en la definición de los lineamientos, que yo creo que seguramente la semana próxima o la otra, a más tardar, vamos a poder estar comunicándolos. Primero presentándolos en el Ejecutivo y después comunicándolos. Pero todavía quedan detalles por definir. En principio, la idea es que vamos a trabajar con criterios diferentes según las franjas de ingresos, distinguiendo entre salarios más bajos, salarios intermedios y salarios más altos. Los criterios diferentes implican porcentajes de ajustes diferentes y también mecanismos correctivos diferentes. Todavía el detalle no lo tenemos, pero sí la idea es que los salarios más bajos tengan un nivel de protección más alto que los salarios más altos. Vamos a trabajar priorizando los salarios sumergidos, que es parte del compromiso programático que tiene el FA.

De cara al diálogo social, la exvicepresidenta Lucía Topolansky dijo en una entrevista con la diaria que ella consideraba que los partidarios del plebiscito de la seguridad social tendrían que asumir que perdieron y no presentar la misma propuesta de cara al diálogo social, ¿estás de acuerdo con eso?

El diálogo es un diálogo abierto, en el cual cada una de las partes va a proponer lo que entienda que es conveniente impulsar. Desde el Poder Ejecutivo sí entendemos que esos temas, como estaban planteados en el plebiscito, fueron de alguna manera laudados, lo cual no quita que esos asuntos estén en discusión. La cuestión es discutir cómo vamos a abordar cada uno de esos temas. Sobre la edad jubilatoria, definir cómo vamos a avanzar en los lineamientos que el propio FA ya definió. Sobre el funcionamiento del régimen de capitalización, cómo logramos que funcione mejor, que se profundice una política que ya se viene impulsando de reducción de las comisiones. Los temas van a estar todos arriba de la mesa, seguramente las soluciones sean diferentes.

¿Qué evaluación hacen del programa de reestructuración voluntario de deudas que impulsó el gobierno anterior?

Yo creo que fue una buena iniciativa en la cual convergieron los actores privados con el Banco Central, y que le dio la posibilidad a un conjunto importante de ciudadanos de regularizar su situación, de mejorar su situación o, en algún caso, de resolver directamente la situación. Tuvo un impacto importante, pero no llegó a cubrir a todos quienes potencialmente podrían verse beneficiados. Así, creo que esa es una línea que habría que explorar. Creo que sería una buena acción marcar esto, una nueva edición de un programa de este tipo o similar, pero también con otro conjunto de modificaciones en las que vamos a empezar a trabajar en lo que resta del año. Que tienen que ver con algunas iniciativas legislativas que ya estuvieron planteadas en el período pasado, vinculadas a cómo podemos mejorar la ley de usura, cómo podemos generar mecanismos que faciliten la reestructuración de las deudas de las personas físicas, cómo logramos mejorar el acceso al crédito, porque en última instancia el objetivo final de todo es cómo logramos tener un sistema financiero que le dé solución a la necesidad de financiamiento que tiene la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos, que son los que históricamente estuvieron excluidos del sistema y los que, por lo tanto, terminaron accediendo en peores condiciones al financiamiento. Esa es una agenda importante para nosotros, que la vamos a estar trabajando en un diálogo muy abierto, ni que hablar con el Banco Central, pero también con todos los actores. Creo que hay condiciones para trabajar juntos la academia, el sector privado y el gobierno en la búsqueda de una solución que dé respuesta a esto. Teniendo presente que los atajos son muy peligrosos, porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero generar con las acciones que se impulsan los resultados opuestos a los que uno quiere.

¿La propuesta de Cabildo Abierto sobre este tema era un atajo?

Lo de Cabildo era absolutamente un atajo, cuyo resultado hubiera sido generar peores condiciones para la población que queremos proteger. Tenemos que manejarnos con mucho criterio, evitando los atajos, porque nos pueden terminar generando condiciones que realmente complicadas para la población que queremos atender. Cuando queremos buscar soluciones simplistas, voluntaristas o populistas, terminamos con efectos contrarios a lo que se pretende.

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