La elección del comisionado penitenciario es un tema que “hay que solucionar cuanto antes”, afirmó Robert Silva

El 7 de octubre de 2014, el entonces comisionado parlamentario penitenciario, Álvaro Garcé, renunció a su cargo para hacer campaña electoral junto a Luis Lacalle Pou, quien había ganado en las internas pero perdería en el balotaje. El Parlamento aceptó la renuncia de Garcé el 12 de ese mismo mes. Desde esa fecha hasta que Juan Miguel Petit lo sucedió en el cargo transcurrió un año y 15 días. Tanto Garcé como Petit estuvieron en el puesto dos períodos consecutivos y fueron designados por unanimidad.

El 18 de setiembre del año pasado, el Parlamento aceptó la renuncia de Petit para que pudiera asumir como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Desde esa día, el cargo de comisionado parlamentario penitenciario está vacante, y la comisión especial del Parlamento responsable de la elección del reemplazante terminó 2025 sin un acuerdo. Para la designación se requiere una mayoría especial de tres quintos en la Asamblea General.

Durante el proceso de postulación –que fue abierto a la ciudadanía para quienes se quisieran presentar– los legisladores colorados Robert Silva y Felipe Schipani y la diputada frenteamplista Graciela Barrera propusieron al investigador y experto en estudio penal Pablo Galain. En diálogo con la diaria, Silva señaló que Galain fue propuesto “en el entendido de que se iban a consolidar mayorías”; sin embargo, “eso no se logró”. El senador colorado señaló que las otras postulaciones “marcaron una diferencia y llevaron a que otros legisladores respaldaran eventualmente otras candidaturas”. Silva apuntó que mantiene su respaldo a Galain, pero aclaró que la bancada del Partido Colorado aún no ha tomado una definición al respecto.

En cualquier caso, Silva considera que la designación del nuevo comisionado parlamentario penitenciario es un tema que “hay que solucionar cuanto antes”. Desde que Petit renunció la oficina funciona de manera provisoria con un encargado de despacho. Silva resaltó que “el cargo es importante” y señaló que, en el contexto actual, la posibilidad de “proyectar” las líneas estratégicas de la oficina “está impedida o inhibida”. “Antes de marzo habrá que tomar decisiones”, subrayó.

En la misma línea, Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional e integrante de la comisión especial, dijo a la diaria que entre el oficialismo y la oposición hay acuerdo en que “es indispensable que el sistema político llegue a una solución”; en ese sentido, dijo que se prevé que antes de que termine el receso parlamentario se haya tomado una decisión, para entonces convocar a la Asamblea General.

Abdala sostuvo que la elección del nuevo comisionado parlamentario penitenciario será una prioridad tras el receso parlamentario y aseguró que “el clima es auspicioso” para acordar un nombre. “Para eso, todos tendremos que actuar con mucha apertura, con algo de generosidad. Por lo pronto, tenemos un menú de opciones de candidatos y candidatas lo suficientemente diverso y de gente muy valiosa como para poder solucionar el problema”, resaltó.

Para Familias Presentes es “difícil de comprender” cómo se llegó a fin de año sin “generar un acuerdo”

Gabriela Rodríguez, presidenta de Familias Presentes, asociación civil que trabaja con familiares de personas privadas de libertad, dijo a la diaria que tenía “expectativas” de que la designación se resolviera antes de que finalizara el año. “Imaginamos que, sea quien sea que vaya a asumir, como en cualquier tarea, lleva un tiempo la aproximación y la incorporación al equipo desde un rol de liderazgo”, señaló.

Con todo, Rodríguez valoró de forma positiva que la situación actual del sistema penitenciario haya estado en la agenda pública durante el año pasado de una forma “un poco más visible y explícita de lo que estaba antes”. Por esa misma razón, consideró que había una “gran oportunidad para poder también nombrar la figura del comisionado parlamentario y que pudiera empezar a tener la incidencia que tiene que tener en la agenda política”.

En ese sentido, Rodríguez calificó como una contradicción que el sistema político, por un lado, “explicita y manifiesta preocupación” por el estado de las cárceles, pero, al mismo tiempo, no consigue alcanzar un acuerdo “en algo tan importante como es esto”, aun “cuando hay 16 candidaturas”, con algunos “candidatos que tenían inicialmente una postulación dada por integrantes de varios partidos políticos”. “Es bastante difícil de comprender cómo se llega a fin de año sin poder generar un acuerdo”, recalcó.