A pocos días de finalizar 2025, la Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS) informó que 66 niños, niñas y adolescentes fueron afectados por armas de fuego en el transcurso del año. De acuerdo con el registro que lleva la organización de la sociedad civil, 49 fueron heridos de bala y 17 fueron asesinados. El 23 de diciembre, un adolescente de 16 años fue asesinado en Cruz de Carrasco y, dos días después, un adolescente de 15 años fue baleado en Jardines del Hipódromo.
“Es difícil despedir el año con noticias como estas. Duele, indigna y nos interpela. No son hechos aislados. No son números. No son balas perdidas. Son vidas truncadas, adolescencias vulneradas, familias atravesadas por el dolor”, expresó PIAS en una publicación de Instagram. La organización lleva adelante la campaña #NoSonBalasPerdidas, en la que publica una placa en redes sociales cada vez que una niña, niño o adolescente es baleado, con el objetivo de “visibilizar esta dramática situación que afecta a las infancias y adolescencias de todo Uruguay”.
En diálogo con la diaria, Fernando Olivera, psicólogo y referente de PIAS, señaló que, con base en la información que sale en los medios de comunicación y que recolectan para su registro, en 2025 hubo más niños, niñas y adolescentes baleados que en 2024. No obstante, puntualizó que se trata de una situación en la que “hay mucho subregistro y mucha mala información o información de mala calidad, que habría que mejorarla mucho”. “Básicamente están localizados en Montevideo, en la zona metropolitana, no hay casi baleados en el interior, cosa que sabemos que no es así”, apuntó, a modo de ejemplo.
Al hacer un balance de las situaciones que se producen, Olivera resaltó que PIAS continúa “insistiendo” con algunos puntos en los que aún hay que “avanzar mucho” y en los que, hasta ahora, “no hay medidas todavía muy concretas”.
En primer lugar, señaló que la normativa sobre tenencia y porte de armas y municiones es “sumamente laxa, con muy pocos controles y con determinadas flexibilidades”. “Por ejemplo, no sabemos cuántas de las armas y municiones que están en el mercado legal terminan en el ilegal; hay muy poco control con respecto a eso y muy poco estudio”, apuntó.
En segundo lugar, apuntó que no existe un protocolo de actuación en el sistema de salud respecto de los niños, niñas y adolescentes baleados o asesinados, lo que implica, por ejemplo, que “haya gurises que los hayan asesinado en el tercer intento”, o sea, que “se podría haber hecho algo en los primeros intentos”, es decir, “se podrían haber elaborado muchas cosas en materia de prevención”.
En ese marco, el integrante de PIAS dijo que no hay reparación de daños ni trabajo con los supervivientes, así como “tampoco se apoya a la familia en las denuncias”. Expresó que “muchas veces” este tipo de situaciones “queda sin denunciar” por parte de las familias “por miedo a la represalia”. “De hecho, no hay casi denuncias, por ejemplo, de situaciones de amenazas, porque, en realidad, cuando aparece un niño, niña o adolescente baleado o asesinado, habitualmente, hay una serie de amenazas previas”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que debería haber “un sistema de información claro y transparente”. Resaltó la necesidad de contar con “un registro claro, único, que permita, con base en esa información, generar política pública”, ya que “las situaciones que se dan en determinados territorios no se dan en Uruguay de la misma manera en todos los territorios, entonces hay que pensar una respuesta acorde” a cada lugar.
Olivera recordó que “es un deber del Estado garantizar la vida” de los niños, niñas y adolescentes, y señaló que actualmente este derecho “no está garantizado de la misma manera en todo el país”. “El índice de homicidios focalizado en niños, niñas y adolescentes se focaliza en varones pobres de determinadas zonas de Uruguay”, apuntó; y señaló que esto “tiene que ver con las condiciones de pobreza, de desigualdad, de violencia territorial, de falta de acceso a trabajo, salud, educación”. “No es sólo atender las cuestiones de homicidios, sino que acá hay que atender las cuestiones de la seguridad pública, pero como un derecho humano”, remarcó.
Hay que “cambiar el modelo de intervención, de visión y de acercamiento hacia la familia”
Hace unos días, el Poder Ejecutivo reglamentó finalmente la Ley 20.376 de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, que había sido promulgada en setiembre de 2024. La ley fue impulsada en el período pasado por la entonces diputada del Frente Amplio y actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
Consultado al respecto, Olivera consideró que la ley “va a poder generar algunos criterios comunes, unificar algunas intervenciones”, pero puntualizó que, de todas formas, es necesario “cambiar el modelo de intervención, de visión y de acercamiento hacia la familia”. En ese sentido, dijo que “hay un posicionamiento que Uruguay ha venido construyendo, en una visión que tiene acerca de la pobreza y la intervención en la pobreza, que tiene unos altos índices de prisionalización, judicialización e institucionalización”.
“Muchas veces se pone el foco en algunas cosas cuando, en realidad, también hay una visión y una forma de intervención hacia la pobreza en la que no existe un modelo de intervención territorial y comunitaria”, manifestó.
Por otra parte, consultado sobre la postura de PIAS con respecto a la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico para mitigar la pobreza infantil, Olivera dijo que el colectivo no tiene una postura definida, si bien entienden que para “combatir la pobreza de los hogares pobres con niños se necesita presupuesto, se necesita financiar”. “De algún lado hay que sacar presupuesto para generar lo que nosotros entendemos de justicia social”, resaltó.