Tras volver este domingo de su visita a China, en la que concretó la firma de decenas de acuerdos en materia comercial, tecnológica y de cooperación, el presidente Yamandú Orsi deberá resolver en los próximos días, junto con su gabinete, qué acciones tomar respecto al astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrulleras oceánicas por encargo del gobierno anterior.
El Poder Ejecutivo anunció en conferencia de prensa, en octubre de 2025, que rescindiría el contrato, pero esa acción no se concretó por el momento. Según informó el jueves el semanario Búsqueda, en el Ejecutivo hay un clima favorable a impulsar la rescisión del contrato con el astillero español. En primer lugar, porque no ha constituido las garantías requeridas. No sólo la garantía de fiel cumplimiento, que fue emitida por una empresa que no tenía un funcionamiento real –lo que determinó al gobierno a realizar una denuncia penal por estafa o fraude–, sino también la garantía de reembolso, que tampoco era válida. En segundo lugar, la rescisión estaría fundada en las irregularidades e incumplimientos del contrato confirmados por las inspecciones técnicas que realizó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y ratificados por la auditoría de la empresa Bureau Veritas, contratada por el gobierno para “asesorar técnicamente en la verificación del proyecto y construcción” de las patrulleras.
Algunos de los señalamientos de Bureau Veritas fueron difundidos este fin de semana por el portal Uypress y por el diario El País. la diaria accedió al informe completo, de 28 páginas, elaborado por la empresa asesora, que realizó una inspección al astillero entre el 15 y 19 de diciembre de 2025 y concluyó su informe el 16 de enero de 2026. El objetivo de la auditoría fue “verificar el estado actual de evolución de la documentación técnica y su coordinación con los trabajos de producción constructiva en curso” por parte de Cardama. El autor del informe por el Bureau Veritas fue el ingeniero naval portugués Eduardo Carichas.
No se cumple con la normativa de bandera uruguaya
Una de las principales conclusiones del informe apunta a que Cardama no presentó el proyecto técnico ni solicitó el permiso de construcción exigidos en Uruguay para “cumplir con su normativa y requisitos de bandera” uruguaya. “Esta omisión comporta un incumplimiento del astillero conforme al contrato y pone en riesgo la obtención de los preceptivos certificados de bandera”, advierte la empresa, y recuerda que el contrato establece que es obligación del astillero “ejecutar la construcción de los buques de conformidad con la normativa de la bandera uruguaya”. Las especificaciones técnicas también prevén que el astillero constructor presente el proyecto a la aprobación de la Administración Marítima del Uruguay, “conforme a las normas de su bandera, y solicite el preceptivo permiso de construcción en Uruguay”.
Esta omisión, señala Bureau Veritas, “comporta el incumplimiento de un requisito habilitante de construcción conforme a los requisitos de bandera, por lo que impide obtener la autorización administrativa necesaria para ejecutar las obras”.
Falta de cumplimiento de normas en materia de seguridad
En este punto, el informe menciona que los inspectores del ministerio constataron que “el estudio de estabilidad en averías no está terminado” y que “este estudio es esencial para determinar la capacidad de supervivencia del buque ante inundaciones accidentales y constituye un requisito exigido por el convenio Solas (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar) para la emisión de los certificados internacionales de seguridad”.
También se señala que la compartimentación del buque no cumple con lo dispuesto en el convenio Solas, “al carecer de mamparo estanco en pique de popa”. Esto es esencial para garantizar la flotabilidad y estabilidad del buque en condiciones de avería, y por lo tanto compromete “la aprobación definitiva del proyecto por la Sociedad de Clasificación (la empresa Lloyd's, en este caso) y por la Administración de la bandera”.
Sin proyecto de construcción definitivo ni planos definitivos
Bureau Veritas recuerda que la primera parte del proyecto es el desarrollo de la estructura de los buques, asociada al evento, previsto en el contrato, denominado “aprobación del plano de cuaderna maestra”. “Al día de hoy, dicho conjunto de planos no es definitivo, pues permanece condicionado a las observaciones formuladas por la sociedad de clasificación y, en consecuencia, sujeto a ajustes”, advierte la empresa asesora del MDN. Agrega que “la falta de planos 'limpios' y definitivamente aprobados coloca en suspenso los hitos de conformidad técnica y expone a no conformidades que obliguen a retrabajos, desmontajes y refuerzos, con impacto directo en plazo y costos. Además, compromete la obtención oportuna de certificados de clase y de bandera, pudiendo retrasar pruebas de mar y entrega y activar penalidades contractuales”.
La empresa también señala que la producción de bloques en los distintos talleres empezó sin haber concluido el proceso de aprobación de planos, y que este proceder supone construir “a riesgo”, “contrario a las buenas prácticas constructivas”.
No se cumple el avance de obra previsto en el cronograma
La empresa asesora detalla que hasta el momento se han construido y montado en grada 16 bloques del buque 1, “lo que constituye aproximadamente el 43% del acero del buque”. Recuerda que, según el cronograma, “el avance de la obra a la fecha de la inspección debiera estar en torno a un 70%”.
Bloques de calidad “satisfactoria” pero con “algunas deformaciones”
En el informe se detalla que se realizaron “algunas inspecciones aleatorias al conjunto de bloques en grada, ya construidos y unidos”. A partir de ellas, se verificó que “sobre los registros y calidad de la fabricación, montaje y soldadura de los 16 bloques ya construidos”, esta “es satisfactoria”. “En los bloques de doble fondo, el estándar de alineación y soldadura es bueno; en los bloques encima del doble fondo también consideramos un estándar satisfactorio”, valoró Bureau Veritas.
No obstante, advirtió que en algunas uniones entre bloques se observaron “valores altos de desviaciones, que exceden los límites de la Norma IACS 47 (norma sobre calidad de construcción y reparación naval)”, así como también se verificó “la presencia de deformaciones a babor y estribor en el forro”, que podrían tener impacto “en la resistencia longitudinal/global del casco”.
También concluye que existen “algunas deficiencias en el proceso constructivo” que “requieren una corrección por parte del astillero”. Advierte, por ejemplo, que “en el segundo buque se han repetido algunos de los errores estructurales del primero, con el consiguiente deterioro del rendimiento, aumento de costos indirectos y prolongación del plano de ejecución del conjunto del proyecto”.
Equipos faltantes
Bureau Veritas constata que hay equipos faltantes para continuar con el proceso de construcción de las patrulleras, en particular, los dos motores propulsores Caterpillar –Cardama informó al MDN que fue cancelado el contrato para la provisión de esos motores–, los tres grupos generadores y el grupo generador de emergencia. “Esta diferencia entre el listado de pedidos de equipos y servicios y lo existente en el astillero implica un riesgo para el avance de la construcción y su programación”, señala la empresa asesora. “No hemos podido verificar el estado real de los suministros pendientes de ser entregados, al no recibir información adicional del astillero”, añade. Advierte que el hecho de que Cardama no haya proporcionado información “sobre el estado real de estos suministros” constituiría “un incumplimiento de sus obligaciones contractuales de transparencia y coordinación, incrementando el riesgo y la imposibilidad de mitigar los retrasos”.
Esta falta de colaboración es generalizada, ya que, según indica Bureau Veritas en su informe, hubo por parte de Cardama una “suspensión deliberada del suministro de información” a partir de noviembre de 2025, cuando el astillero comunicó que, “debido a la situación de público conocimiento que está en curso con el contrato”, no entregó la actualización de la Planificación General del Proyecto que le solicitó el MDN en setiembre.
Sin capacidad para cumplir con los plazos
Una de las conclusiones finales del informe sentencia que el astillero Cardama “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega según el contrato”. “La imposibilidad de cumplimiento con los plazos establecidos no descansa en una apreciación aislada, sino en la aplicación de un método de análisis de ruta crítica al cronograma contractual y sus revisiones, corroborado por la evidencia documental y por el examen de las condiciones contractuales de cómputo y extensión de plazos”, detalla.
En términos de fabricación de bloques e instalación de tuberías, existe un retraso que el informe estima en aproximadamente cinco meses.
Bureau Veritas también hace notar que no se han proporcionado cronogramas definitivos actualizados para ninguna de las dos construcciones. “Esta ausencia impide validar con certeza las fechas de entrega, verificar los procesos constructivos y gestionar adecuadamente las extensiones de plazo”, advierten.
Según el documento de Bureau Veritas, la fecha contractual de entrega del buque 1 es el 25 de agosto de 2026, y la fecha límite contractual de entrega (que contempla retrasos) es el 23 de noviembre de 2026. Para el buque 2, las fechas de entrega son el 25 de agosto de 2027 y el 23 de noviembre de 2027, respectivamente. “Llegadas las fechas límite señaladas, teniendo en cuenta los posibles retrasos autorizados, el comprador estaría legitimado para resolver el contrato anticipadamente con los efectos previstos en el artículo 21”, advierte la empresa asesora.
El artículo 21 del contrato firmado entre el Estado uruguayo y Cardama establece que, “en todos los casos en que el comprador rechace fundadamente cualquiera de los buques, estará autorizado para declarar cancelado este contrato y recibir seguidamente del constructor la devolución de todos los importes ya pagados, así como los suministros efectuados por el comprador, si los hubiere, ejecutando las garantías constituidas”. Y agrega que “sin perjuicio de la ejecución de las garantías constituidas, en caso de que el constructor ingrese en un período administrativo o judicial de quiebra, en caso de la terminación anticipada del contrato por incumplimiento del constructor, las partes acuerdan que la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferida de pleno derecho al comprador”.
El contrato también prevé multas para la parte constructora en caso de retrasos: los primeros 15 días de retraso no tienen penalidad; entre el día 16 y el 45, la multa es de 5.000 euros por día; entre el día 46 y el 75, de 7.000 euros por día, y a partir del día 76, de 10.000 euros por días. Pasados 105 días de retraso, el comprador tiene derecho a rechazar el buque.
Investigación administrativa del MDN sugiere sumariar a director del gobierno anterior
En abril de 2025, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dispuso iniciar una investigación administrativa sobre el accionar de las autoridades de la cartera en el gobierno anterior con relación al proceso de compra de las patrulleras oceánicas. El Observador informó este sábado que una de las conclusiones de dicha investigación sugiere sumariar al exdirector de Recursos Financieros del MDN Damián Galo, quien es funcionario público y actualmente está en pase en comisión con el senador blanco y exministro Javier García. La decisión se funda en diversas situaciones constatadas por la investigación, de las que dio cuenta la diaria en diciembre: que la decisión de adjudicar las patrulleras a Cardama “careció de un análisis sobre la viabilidad constructiva, experiencia previa, solvencia y capacidad real” del astillero español, y que no estuvo acompañada de “una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales”.