Diálogo Social: delegado del PIT-CNT valora “avance” para bajar la edad jubilatoria, pero señala que aún “hay un montón de incógnitas”

Con dos reuniones por semana, cada una de ellas de tres horas, la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social avanza en la elaboración del documento definitivo, que contendrá un conjunto de propuestas para las próximas reformas de la seguridad social. El plazo previsto para la finalización del proceso actual de negociación es el 30 de abril, aunque existe la posibilidad de una prórroga de 45 días.

La Comisión Ejecutiva ya ha tratado dos asuntos centrales: el esquema de transferencias monetarias y la edad de retiro del sistema previsional. Con respecto a lo primero, en la etapa de recolección de insumos, que culminó a finales del año pasado, los problemas que se identificaron en el actual diseño de prestaciones fueron varios.

De acuerdo con un documento elaborado por la Universidad de República (Udelar) que sintetiza los aportes técnicos realizados en dicha etapa, uno de los inconvenientes detectados está en la exigencia de que haya una visita domiciliaria que certifique las condiciones de vida de los hogares como requisito para acceder a la Tarjeta Uruguay Social. Esto, se señala, “generó cuellos de botella por incapacidad real de cumplimiento”, ya que “miles de hogares solicitaban visita sin recibirla en tiempo razonable, quedando fuera pese a cumplir criterios de elegibilidad del programa”.

Otro problema que se consigna en el informe de la Udelar es “la ausencia de criterios de recertificación, plazos de permanencia y salida escalonada” de los programas de transferencias monetarias. Actualmente, se señala, “un hogar puede egresar [del sistema] tras una visita puntual que certifica cambios en la situación del hogar, mientras otro, en condiciones similares, continúa sin recertificación por años”. Una de las propuestas que se han hecho para solucionar esto es “establecer períodos mínimos de permanencia acordes a la naturaleza estructural de las vulnerabilidades”, así como también “aplicar una salida escalonada para evitar shocks negativos de ingresos, a semejanza del seguro de paro”.

En términos generales, el planteo que se evalúa en la Comisión Ejecutiva es llevar a cabo una unificación de las prestaciones en los primeros deciles de ingresos. En este punto “hay consenso”, dijo a la diaria Estela Ovelar, representante de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) en la Comisión Ejecutiva.

Ovelar señaló que, “en el tema de transferencias, lo que hay es un acuerdo en un documento primario”, es decir, en “el camino hacia dónde se quiere ir”. No obstante, apuntó que aún “no se ha entrado a discutir el financiamiento de todos estos temas”.

El cronograma de la Comisión Ejecutiva marca que los últimos dos temas que se tratarán, antes del cierre del documento definitivo, son el régimen de ahorro individual (AFAP) y el financiamiento. Estos dos temas se discutirán entre el 17 y 26 de marzo, previo a la Semana de Turismo.

La delegada de la Onajpu sostuvo que el asunto del financiamiento supone “una parte importante del Diálogo”, ya que “sin financiamiento no hay programas”. “Creo que esa es la parte medular de los temas”, resaltó.

Edad jubilatoria: hubo “un avance”, pero se postergó la definición final

“Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo”. El compromiso del presidente Yamandú Orsi quedó registrado en el debate presidencial que protagonizó junto con Álvaro Delgado antes de la segunda vuelta de noviembre de 2024.

Se trata de un lineamiento que forma parte de las bases programáticas del Frente Amplio (FA). Allí se marca que en el cuarto gobierno de la fuerza política “se deberán generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo”.

En esa línea, el coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, adelantó este domingo, en entrevista con El Observador, que el gobierno evalúa “habilitar la posibilidad de que todas las personas se puedan retirar a edades más tempranas de lo que está previsto en la legislación vigente”. Esto, a su vez, estaría acompañado de un esquema de incentivos –a través de una mayor tasa de reemplazo, es decir, una mejor jubilación– para que los sectores de ingresos medios y altos se retiren “a edades más cercanas a lo que marca la legislación vigente, que serían los 65 años”, señaló Bai.

En el resumen elaborado por la Udelar sobre el debate que se dio acerca de este tema se señala, con base en proyecciones aportadas por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que una disminución generalizada de la edad de retiro a los 60 años (con una tasa de reemplazo de referencia de 45%) agravaría “fuertemente la insostenibilidad del sistema” y generaría “un impacto fiscal muy alto”. En ese sentido, se sugiere que, “si se desea contemplar colectivos con menor esperanza de vida, se evalúen ajustes focalizados, no generalizados”.

Carlos Clavijo, representante del PIT-CNT en la Comisión Ejecutiva, dijo a la diaria que el planteo del gobierno sobre la edad de retiro constituye “un avance”. Sin embargo, advirtió sobre algunos aspectos que todavía no se han definido, por ejemplo, “cuáles son los umbrales”. “Medianos y altos ingresos, ¿quiénes son? ¿De dónde vamos a partir? Pero, aparte, ¿desde cuándo? Porque una cosa es que hoy un trabajador tenga un ingreso mediano o alto, pero si pasó toda su vida en la mala, [al momento de la jubilación] sigue en la mala, porque [para la jubilación] se calculan los 20 mejores años”, señaló.

El delegado de la central sindical mencionó que en la discusión que hubo en la Comisión Ejecutiva sobre la edad de retiro no se logró cerrar un documento de consenso “porque había diferencias”, por lo que se resolvió “aceptar un cuarto intermedio hasta abril en este tema”. “Hay un montón de incógnitas, y si no empezamos a afinar claramente hasta dónde tenemos que llegar, es imposible que el movimiento sindical acuerde”, apuntó.

Clavijo señaló que, conforme a lo que ya definió el Congreso del PIT-CNT, el principal planteo es que, “ya que todos estuvimos en contra de la Ley 20.130 [aprobada en 2023, que aumentó la edad de retiro a 65 años], se vuelva al principio”, es decir, a la edad jubilatoria a los 60 años para todos los trabajadores.

Asimismo, Clavijo subrayó la importancia de debatir sobre el financiamiento. Hasta ahora, sostuvo, “no hemos llegado a nada en el financiamiento, y sin financiamiento no va a haber seguridad social, porque vamos a quedar en lo mismo”.

En diálogo con la diaria, la diputada frenteamplista Sol Maneiro, integrante de la Comisión Ejecutiva, afirmó que, con respecto a la edad jubilatoria, la última propuesta presentada por el gobierno “contempla lo que dice el programa” del FA.

De todos modos, señaló que junto con los otros dos delegados del FA (Miguel Eredia y Andrea Colla) se hizo un énfasis especial en las consecuencias del no registro a la seguridad social. “La edad promedio de retiro hoy en día es de 63 años, no porque los trabajadores quieran seguir trabajando, sino porque no llegan a los 30 años de aportes, y eso tiene mucho que ver con la informalidad; entonces, hicimos una mención para que se agregara eso dentro de los acuerdos”, apuntó.

Con respecto a la definición de los límites para poder jubilarse a los 60 años, así como también para fijar los incentivos para seguir en actividad, Maneiro consideró que esto, “que es hilar un poco más fino”, le corresponde principalmente al gobierno. “Lo que se planteó desde un inicio en el Diálogo Social es dar un documento de insumos al Poder Ejecutivo que sea vinculante para que después el Poder Ejecutivo plantee los proyectos de ley que cambien esto”, señaló.

Cuando esto suceda, agregó, “diez pesos aparte va a ser el trabajo que tengamos en el Parlamento para poder conseguir los votos para poder aprobar estos proyectos de ley que modifiquen lo que está vigente ahora”.