Durante el debate presidencial los candidatos del Frente Amplio (FA) y de la coalición republicana, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, respectivamente, presentaron datos y propuestas que recogieron y revisaron el último período de gobierno, pero también los años de mandatos del FA. En este artículo, una revisión rápida de diez afirmaciones del debate en tiempo real.

1. Es verdadero que el Partido Nacional y la coalición prometieron la creación de la Secretaría de Discapacidad y no se cumplió durante esta administración

Delgado afirmó que “en Presidencia de la República no había ningún compromiso” de crear la Secretaría de Discapacidad. Sin embargo, la propuesta se encuentra en la página 129 del programa de gobierno de Luis Lacalle Pou para las elecciones nacionales de 2019, publicado en agosto de ese año, y volvió a aparecer en la página 33 del “Compromiso por el país” que firmaron todos los integrantes de la coalición de gobierno actual y que fuera presentado en noviembre de 2019. Allí propusieron crear la “Secretaría Nacional de Discapacidad” y señalaron la necesidad de dar relevancia al tema e institucionalización.

2. Es verdadero que 500.000 uruguayos ganan menos de 25.000 pesos, como afirmó Orsi

Con exactitud, hay 541.000 “veinticincomilpesistas” en Uruguay, que representan 35% de la población ocupada, entre trabajadores asalariados e independientes. Es decir, un poco más de medio millón de personas ganan menos de 25.000 pesos líquidos mensuales por 40 horas de trabajo semanales, según marca un reciente informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Este porcentaje de trabajadores con salarios “sumergidos” ha subido en el último tiempo. Dentro del universo de ocupados que ganan menos de 25.000 pesos hay cerca de 169.000 (11%) trabajadores que no alcanzan ni siquiera los 15.000 pesos mensuales.

3. Es verdadero que la cifra de inflación actual es la mitad que en 2019, como afirmó Delgado

Si se compara la inflación del primer mes de gobierno de esta administración contra el último dato anualizado, se observa que pasó de un 9,2% en marzo de 2020 a 5,1% anualizado al cierre de octubre. Por otro lado, si se compara la inflación al cierre de cada año –estaremos comparando un aumento de precios de 8,79% en 2019, último año de la administración del FA, contra el 5,1% de 2023–, tendremos una baja que, si bien no es exactamente “la mitad”, implica una reducción del 42%.

4. Es verdadero que el crecimiento del PIB fue de 73,2% durante los gobiernos del FA, como afirmó Orsi

En el mismo período en que Uruguay creció 73%, Argentina creció 26% y Chile, 41%. En este tiempo Argentina pasó por cinco contracciones, Chile por dos y Uruguay no tuvo que atravesar ninguna.

5. Es verdadero que cada 15 días ingresa un niño herido de bala a un hospital, como afirmó Orsi

Según un estudio del Departamento de Emergencia Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell publicado a inicios de 2024, cada 15 días en promedio la emergencia de ese hospital atiende a un niño o adolescente herido de bala. Los datos son avalados por la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, que además señaló un aumento en el Pereira Rossell, Hospital Policial y mutualistas.

6. Es verdadero que hubo récord de compra y de despacho de medicamentos por parte de ASSE, como afirmó Delgado

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) alcanzó el récord de inversión en medicamentos así como en unidades dispensadas, además de un aumento en la cantidad de recetas por consulta. En los últimos años, la gestión actual ha reconocido problemas de abastecimiento en diferentes ocasiones, pero desmintieron que se tratara de problemas presupuestarios y advirtieron que era por problemas de abastecimiento de los laboratorios. El despacho de recetas de medicamentos evolucionó un 12,5% entre 2019 y 2023, mientras que las unidades despachadas aumentaron 39,1% en igual período.

7. Es verdadero que bajó la inseguridad alimentaria severa, como afirmó Delgado, pero aumentó la moderada

Los datos indican que en 2023 el 58% de los hogares con niños y niñas de 0 a 5 años presentan seguridad alimentaria. La cifra aumentó respecto al relevamiento anterior que marcó 54%.

En cuanto a los distintos niveles, la inseguridad alimentaria severa disminuyó 1% respecto a 2018, la moderada aumentó 2% y la leve disminuyó 2%. Cecilia Sena, directora nacional de Desarrollo Social, indicó en rueda de prensa que de los datos se interpreta que quienes en 2018 estaban en el nivel severo pasaron al moderado.

8. Es engañoso que hayan bajado 3% los homicidios, como afirmó Delgado

Los homicidios se han mantenido estables en torno a los 350 anuales, números similares a los que cerraron durante los últimos años de la gestión del FA.

Si se sigue la idea de revisar gestiones completas, el resultado es que entre marzo de 2015 y febrero de 2020, período del gobierno anterior, se produjeron 1.661 muertes. Estos datos se recogen de los informes del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, para lo que este medio utilizó los más actuales posibles, dado que año a año suelen incrementarse los homicidios totales al asentarse las estadísticas de muertes dudosas o bien de registros posteriores.

Durante la actual gestión, entre marzo de 2020 y setiembre de 2024 (último dato publicado oficialmente), se produjeron 1.635 homicidios. El número total, cuando aún restan contabilizarse seis meses de gobierno, es probable que esté por encima del anterior quinquenio, pero de cualquier modo serán similares: lo que se observa es continuidad.

Una vez finalizado el debate, desde el Ministerio del Interior señalaron a la diaria que la cifra del 3% surge de comparar 2019, cuando se registraron 394 homicidios, con 2023, año en el que hubo 382 homicidios. Sin embargo, las otras cifras de delitos mencionadas en la misma frase –una reducción del 42% en las rapiñas, 22% en hurtos y 57% abigeatos– no se corresponden con la comparación 2019-2023.

9. Es engañoso que el FA dejó 218.000 personas viviendo en 650 asentamientos

La cifra señalada por Delgado no coincide con cifras oficiales, pero sí con una de las proyecciones indicadas en un relevamiento nacional de asentamientos que realizó la ONG Techo en 2018. En ese informe, Techo contabilizó 656 asentamientos y estableció seis escenarios posibles de estimación de población en asentamientos, que van de las 182.491 a las 219.504 personas viviendo en ellos.

El dato más exacto para todo el país surge del estudio de 2011 elaborado con base en los resultados del censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística ese año. El trabajo elaborado por el Programa de Mejoramiento de Barrios informó entonces sobre la existencia de 589 asentamientos irregulares, en los cuales vivían 165.271 personas. El acceso a información actualizada podría darse una vez que se conozcan los datos completos del censo nacional de 2023, algo que no se espera para antes de fines de este año.

Por otra parte, un informe técnico del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de 2018 sobre asentamientos recientes detectó un aumento de 45 asentamientos (7%) respecto del relevamiento de 2011, lo que dio un total de 607. Los departamentos con mayor aumento fueron Salto con 38%, Rivera con 27%, Florida y Tacuarembó con 25%, y San José y Canelones con 11%.

10. Es verdadero que este gobierno “generó las becas Butiá”, como dijo Delgado, pero se trató de un cambio de nombre

Si bien es real que esta administración modificó el nombre de la asistencia, las becas para estudiantes de educación media ya existían. A partir de 2024 el Ministerio de Educación y Cultura aumentó de 90 millones de pesos a 147 millones, lo que implicó tanto un incremento del monto que se brinda a los estudiantes, que pasó de 9.000 a 10.000 pesos anuales, como de la cantidad de destinatarios, que llegó a 14.700. Respecto de la importancia de este tipo de apoyos para los estudiantes de UTU y secundaria, Gonzalo Baroni aseguró que los estudios con los que cuenta el ministerio plantean que quienes reciben becas tienen más probabilidad de culminar la educación obligatoria.

El tema becas ya había sido motivo de debates durante los últimos meses, y distintos actores políticos cuestionaron si se trataba de aumentos o cambios de nombre. Ambos focos tienen argumentos sostenibles.