Con el cierre de 2024, el Ministerio del Interior (MI) presentó el resultado de las cifras de denuncias del año pasado que arrojaron disminuciones en la totalidad de los delitos informados. El titular de esa cartera, Nicolás Martinelli, celebró la evolución positiva que tuvieron estos indicadores, tanto en la comparación anual como quinquenal, y se aventuró a afirmar que este es el “primer gobierno desde la salida a la democracia” que entregará a otro “menos delitos que los que encontró”.

Para evaluar lo afirmado es preciso analizar la evolución de la cifras oficiales de denuncias de delitos desde 1985 a la actualidad, pero los especialistas consultados explican que podría conllevar algunas dificultades. Consultado respecto a la comparabilidad de las cifras, el director del Observatorio de Criminalidad del MI, el sociólogo Javier Donnangelo, señaló que en este largo período ha habido una serie de cambios, tanto de definiciones como de procedimientos.

“Esos cambios producen efectivamente algunos problemas y complejidades a la hora de comparar los datos de períodos muy distantes en el tiempo, por lo cual esa comparación hay que hacerla siempre con cierta cautela”, explicó el especialista. El principal de ellos radica en que el Sistema de Gestión Seguridad Pública (SGSP) fue implementado a nivel nacional a partir de 2012, por lo que previamente los datos de denuncias de delitos no se volcaban a una base de datos informatizada.

Asimismo, Rafael Paternain, quien fuera antecesor de Donnangelo al frente del observatorio, también reparó en que la serie tiene fluctuaciones conforme los sistemas de información mejoraron: “Uno podría, llegado el caso, establecer una serie de larga duración con los reparos de que obviamente no siguen una línea natural, porque a lo largo del tiempo ha habido jalones que afectaron los sistemas de información”.

El proceso de implementación del SGSP comenzó en 2003 con la utilización del sistema en las dependencias policiales de Montevideo y en 2005 se extendió a Canelones. Hasta entonces, el registro se realizaba de forma manual en registros de papel, situación que en el resto de los departamentos se mantuvo por varios años más.

“Eso representó un salto de calidad en el proceso de todo lo relacionado con la información. Por lo tanto, podemos decir con bastante seguridad que los mejores datos son los que comienzan en 2013 hasta la actualidad, y que los anteriores son seguramente de menor calidad, por lo que cualquier análisis de los mismos debe hacerse con las cautelas y precauciones correspondientes”, dijo Donnangelo.

Paternain destacó como otro hito la implementación de la interoperabilidad en 2017 entre los SGSP y el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU) utilizado por Fiscalía y que permitió, de acuerdo al sociólogo, “blanquear mucha información” que significó un aumento en los registros, pero que no quiere decir que haya implicado un aumento de delitos.

Además de los aspectos administrativos, Donnangelo opinó que “no es prudente hacer comparaciones tajantes entre períodos de gobierno”. “Esa información es la retórica política, no tiene sustento técnico ninguno y no es científico afirmar una cosa de esa naturaleza”, señaló. Asimismo, detalló que el nivel de denuncia de delitos es un indicador que está afectado por una cantidad de factores que “no tienen que ver únicamente con el volumen real del delito”, sino que intervienen otras variables como, por ejemplo, el grado de confianza que la población tiene en la Policía.

En la misma línea, el sociólogo Emiliano Rojido, quien fuera designado asesor del MI en la futura administración, opinó que esas comparaciones “tienen que ser muy cuidadosas” y que habría que hacer foco en las fuentes utilizadas para esa afirmación y si hay cambios metodológicos a lo largo de la serie, como los criterios de registro y tipificación del delito.

Para Rojido, un buen ejemplo es el vinculado a los hechos de violencia doméstica, cuya aparición en las estadísticas se dio recién a partir de 2005. “Existen vasos comunicantes entre hechos de violencia que se registraban como lesiones y que una vez que empieza a tipificar el delito de violencia doméstica y generar conciencia en cuanto a la necesidad de denunciar ese tipo de delitos, empieza a haber un trasvase de cosas que eran registradas como lesiones a violencia doméstica”, señaló.

Además, coincidió con Donnangelo en que los factores externos inciden en las denuncias de delitos, como la confianza de la población en la Policía, la disposición de operativos policiales, la cantidad de efectivos y cómo cubren el territorio, así como los canales que se ofrecen para realizar denuncias.

“Por ejemplo, si tenés una comisaría a cinco kilómetros te la vas a pensar muchas veces para denunciar. Si tenés una percepción de que la Policía no va a resolver tu caso o que es corrupta no te vas a tomar la molestia. Dependiendo de la gravedad del delito, la denuncia se hace o no se hace”, dijo Rojido.

Donnagelo, por su parte, también señaló este factor como relevante. “Si ese grado de confianza se va deteriorando a lo largo del tiempo, es cada vez menos probable que la gente denuncie los delitos que sufre y ponga esos delitos en conocimiento de una autoridad en la que no confía, y entonces las caídas pueden deberse meramente a ese tipo de procesos”, explicó.

Medir la “no denuncia”

“Como no tenemos otros sistemas de medición que se hayan implementado de forma regular durante todo este período, no podemos saber bien si las tendencias que muestran las denuncias son tendencias reales o son el fruto de la forma en que la comunidad se relaciona con la Policía, e incluso el fruto de la forma en que distintas administraciones policiales se manejan en cuanto a la manera de registrar los hechos que sí son denunciados, que sabemos que no son todos los hechos”, manifestó el director del Observatorio de Seguridad.

Asimismo, opinó que “si se trata de mirar el largo plazo” habría que hacer foco en los homicidios, delito sobre el que hay un consenso en la comunidad científica de estar bien reflejado en las estadísticas policiales. “Ahí, el problema de la no denuncia, de la cifra oculta, no aplica”.

Paternain, por su parte, opinó que en estos últimos cinco años operaron “muchas cosas que todavía están por dilucidar y sobre todo el período de dos años de pandemia que afectó enormemente los procesos de no denuncia”, así como el “agravamiento de la situación” en los barrios, y que hay una “cantidad de imponderables” que podrían estar explicando este descenso en las bajas de denuncias.

“Para poder llegar a hacer una afirmación de esas, en cualquier circunstancia, tenés que despejar dos variables: primero, que efectivamente el subregistro interno tenga algún nivel de auditoría y de control. Lo otro que no han despejado en estos cinco años es cómo se ha comportado el porcentaje de no denuncias y la variación de los delitos que no llegan a denunciarse, que es un poco lo que venimos reclamando”, comentó.

Rojido opinó que “no existe una medida de oro” de los delitos que efectivamente ocurren en la sociedad, pero considera que “la mejor posible” es la encuesta de victimización, que está en proceso. En marzo de 2024 el MI anunció un convenio con el Instituto Nacional de Estadística para llevar adelante este tipo de estudios de forma regular.

Respecto a la herramienta, Donnangelo manifestó ser un “partidario a ultranza” y que “se debió haber empezado a aplicar mucho antes”, pero, sin embargo, no las considera “una panacea” para la medición del delito ya que también guardan sus propios problemas metodológicos. “Son un complemento esencial de las estadísticas de denuncias, pero en todas partes se usan en conjunto. En ningún país del mundo se utilizan como única medición del delito, sino que los dos sistemas coexisten porque cada sistema tiene sus fortalezas y sus debilidades”, advirtió.

“Las encuestas de victimización son encuestas de hogares y no todo el mundo vive en hogares. Hay mucha gente en situación de calle y es un segmento de la población que desde el punto de vista de la medición del delito es sumamente importante porque cuenta con niveles de victimización superiores a la media de la población”, opinó Donnangelo.

A modo de ejemplo, señala que un problema de estas encuestas es que la tasa de respuesta nunca es del 100% sino que oscila en el entorno del 70% de las muestras originalmente previstas, producto del aumento exponencial de hogares unipersonales. “Las encuestas, como cualquier dispositivo de medición de la realidad social, tienen también limitaciones y sus propios problemas metodológicos que debemos considerar con sumo cuidado”, opinó.

Los datos

De acuerdo a los datos divulgados por el MI, durante el último quinquenio se dieron bajas en las denuncias de la totalidad de los delitos usualmente informados.

En 2024 las rapiñas fueron las que atravesaron una mayor reducción: el dato de denuncias retrocedió 43% respecto a 2019, al pasar de 30.640 a 17.480, y se lograron cifras similares a 2013. Las denuncias por hurtos se redujeron 23% y de abigeato 59,4%. Los homicidios, analizados en dos años sueltos, fueron en 2024 1% menos que en 2019, pero la cantidad cometida durante este quinquenio es 1.788: mayor a los 1.659 del quinquenio anterior.

2018 fue año récord en cifras de delincuencia desde que existen datos y llegó a triplicar las cifras de denuncias de hurtos de 1985, así como a triplicar las cifras de homicidios, mientras que las rapiñas fueron el delito con la evolución más preocupante: se multiplicaron por 20.

Además, en 2018 hubo un salto en todos los delitos respecto al año anterior explicado, en buena medida, por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Según explica Rojido, las “instituciones se estresaron” ya que hubo que operar de una forma diferente y esto conlleva “una curva de aprendizaje y un proceso de adaptación”. “No podés cuestionar todas las políticas de seguridad por ese aumento delictivo que fue circunstancial. Y luego se vio que, no desde este período de gobierno, sino ya en 2019, hay una baja de todos los delitos, que empieza antes”, matizó.

Otro de los elementos a tener en cuenta es si el conjunto de delitos cuyos resultados usualmente se presentan son categorías aún vigentes, ya que podrían ocultar posibles corrimientos en las modalidades delictivas. Por ejemplo, la violencia doméstica y el abigeato comenzaron a sistematizarse en 2005 y en el pasado se relevaban los delitos de lesiones.

Donnangelo defendió la presencia de las categorías actuales y destacó que la rapiña, además de por ser un delito violento, debe incluirse en el sistema de información “por su mera evolución al alza durante tanto tiempo”. Por otra parte, señala que el hurto domina las estadísticas policiales en todo el mundo “sin ningún tipo de excepción y en todos los períodos históricos”.

No obstante, el director del Observatorio de Seguridad del MI afirmó que ese organismo está evaluando la posibilidad a corto plazo de introducir alguna categoría adicional vinculada a las estafas, ya que “están teniendo un alza importante”. Esto sugiere que podrían estar desplazándose los delitos contra la propiedad más tradicionales hacia esta modalidad.

De acuerdo a un artículo publicado en agosto por El País, las denuncias de estafas aumentaron en el primer semestre de 2024 y alcanzaron 15.732, según datos de la Fiscalía General de la Nación. De mantenerse la tendencia durante el resto del año, las denuncias de este delito durante 2024 habrían superado al año anterior. Sin embargo, esta categoría no fue informada por el MI durante su último balance.

Esta modalidad de delito fue una de las que más ha evolucionado en el último quinquenio. Mientras que en 2020 se realizaron 10.925 denuncias, en 2023 (último año con datos cerrados) se alcanzaron las 23.321, un aumento de 113%, y por primera vez superaron a las rapiñas.

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