Una comisión busca soluciones habitacionales para más de 200 familias del barrio capitalino Santa María Eugenia, amenazadas por una orden de desalojo

Santa María Eugenia es un barrio poco conocido del este rural de Montevideo. Si bien existe hace más de 40 años, parece no quedarle mucho tiempo: una empresa compró las cuatro hectáreas que ocupan más de 200 familias y exigió su desalojo. Se trata de una comunidad modesta, fraternal y trabajadora. El presidente de la comisión vecinal garantiza que es un barrio unido y tranquilo. “Podés llegar a cualquier hora, dejar tu bicicleta o vehículo afuera y estar tranquilo que no va a pasar nada”, asegura. El barrio está ubicado en los bañados de Carrasco, bordeando el arroyo. Se puede llegar fácilmente por Camino Carrasco; se toma hacia el norte por la calle Servando Gómez hasta el final. Allí la diaria fue recibida por la comisión vecinal de Santa María Eugenia: su presidente, Leonardo Frontora, el tesorero, Tomás Millán, y la secretaria, Mary Rivero.

Santa María Eugenia es un asentamiento sobre un área rural. Las viviendas son de chapa y de bloque, y las condiciones de saneamiento y de electricidad no son buenas. Es una comunidad de unas 1.000 personas. Según el último censo oficial (2016) allí conviven 208 familias, y unos 365 niños menores de diez años. “Es un barrio de trabajadores”, resumió Millán, en una recorrida por los caminos de tierra. Unos 100 vecinos de Santa María Eugenia trabajan en los viveros de la florería Mussaco, ubicado a pocas cuadras del lugar. Muchas vecinas son empleadas domésticas en Carrasco, hay unos 30 clasificadores de residuos, otros producen compost y el resto son empleados en servicios de limpieza y de seguridad, entre otros rubros. Allí son comunes los carros de caballos, la cría de chanchos y los gallineros. En medio del asentamiento hay una cancha de fútbol y un prolijo salón comunal construido por la comunidad, donde funciona un Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este salón, además de ser el lugar para las asambleas vecinales, es un espacio valioso para los más jóvenes: allí se encuentran con sus ceibalitas, hacen sus deberes y comparten meriendas. “Acá los gurises estudian. Todos los días van a la escuela y al liceo en el L20 [una línea local de transporte público que sale desde el shopping Portones y atraviesa Carrasco Norte]”, cuenta Rivero, que además de formar parte de la comisión vecinal, suele cocinar de forma comunitaria para sus vecinos. En cuanto a servicios de salud pública, el barrio cuenta con una policlínica móvil que se instala en el lugar todos los lunes.

Rivero cuenta que cuando llegó al barrio, hace unos 40 años, el terreno ya estaba ocupado por numerosas familias, y ya se llamaba así –nunca supo por qué–. Recuerda que en aquel momento 70% de las parcelas del asentamiento eran privadas (incluso que conocía al ex dueño), mientras que el resto era de la Intendencia de Montevideo (IM) y del Ministerio de Defensa Nacional. Allí eligió hacer su vida con sus hijos, primero en una casa de chapa y ahora en una de bloque. Si bien nunca le sobró nada, tampoco le faltó mucho, y asegura que todo iba bien hasta el 29 de octubre de 2015.

Llamado de emergencia

Fue un mal día para Santa María Eugenia. Sucedió hace dos años, cuando llegó un cedulón que acabó con la tranquilidad que mantenía la comunidad. Una empresa denominada Monte Platino Sociedad Anónima solicitó un informe sobre la integración y situación socioeconómica de las familias y, como siguiente paso, inició un juicio por desalojo a los vecinos que ocupan sus cuatro hectáreas. La angustia se apoderó del barrio. “La conmoción llegó a tal punto que un vecino murió de un ataque al corazón”, dijo Frontora. Agregó: “Nosotros siempre estuvimos en forma pacífica y sin reclamos previos. Habitamos la zona desde hace 40 años, cuando el primer dueño de estas propiedades era Andrés Deus. Monte Platino compró mucho después, en 2010, y ahora en 2015 nos reclaman las tierras”.

Desde entonces la comisión vecinal inició un proceso de diálogo con la Junta Departamental de Montevideo (JDM), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Mides, la IM y con el Parlamento, más concretamente en una visita a la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial. Para poder costear un abogado que los represente como colectivo, cada familia pone 50 pesos por mes. Según la comisión vecinal, existe un buen diálogo con los abogados representantes de Monte Platino. La primera audiencia del juicio para desalojar a Santa María Eugenia tuvo lugar hace pocos días, el 22 de setiembre. Las negociaciones judiciales apuntan a un plan para realojar a las 208 familias registradas en los censos oficiales.

En tanto, la JDM asumió la urgencia y el compromiso, creando una comisión interinstitucional para el caso específico de Santa María Eugenia. La presidenta de la JDM, Graciela Villar, consultada por la diaria, informó que se trata de una comisión que se reúne mensualmente para planificar la estrategia de realojo, entre representantes del MVOTMA, Mides, la IM, el Municipio F y la JDM, que oficia de articuladora. “Pocos casos logran que se articulen todas las instituciones en torno a un mismo problema, pero esta comunidad se lo merece: son gente trabajadora, con una convivencia sana. Es una realidad que no suele repetirse en otros lugares. Además de ser una situación delicada que involucra a más de 200 familias”, agregó.

Con respecto al plan de realojo y su proceso, Villar explicó que las acciones legales aguardan a que la IM se haga con tierras. Con este objetivo se prepara un llamado a licitación para comprar parcelas, preferentemente cerca de la zona o sus alrededores, de manera que las familias puedan mantener su vida laboral. Una vez que eso suceda, en conjunto con el MVOTMA y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) se llevará a cabo un plan de realojo sólo para las familias censadas por el Mides en 2016.

Justamente, otro problema que mencionó Villar fue que, luego del censo, se han sumado 23 familias al barrio que no están contempladas en este proceso de realojo. “En estos casos suele haber gente que se asienta buscando ser favorecida en el proceso; es una constante en los procesos de realojo, por lo que se define el proceso en base a los censos oficiales. En cuanto a estas familias que llegaron después, junto con el Mides iremos buscando una solución aparte, pero no dentro del mismo paquete de realojo”, aclaró.

Si bien todo este proceso está en pañales y faltan muchas decisiones, la diaria averiguó que esta comisión interinstitucional analiza realojar a las 208 familias en distintos núcleos pequeños, en vez de en un solo lugar.

Aún se desconoce el tipo de viviendas y la arquitectura a elegir. La presidenta de la JDM y el PIAI estiman que todo el proceso insumirá al menos dos años (dependiendo también del tipo de viviendas que, llegado el momento, elija el MVOTMA).

Mientras tanto, el barrio comienza a asumir el deber de abandonar esas tierras. Según dijeron algunos vecinos a este medio, al principio no fue fácil asumir que había que irse. El presidente de la comisión vecinal recordó cómo el barrio se fue superando: “Antes la gente vivía en un ranchito de lata, mientras que hoy vive en edificaciones más o menos dignas. Después se logró que llegara el ómnibus. Incluso trabajamos con el derecho del vecino para que la OSE trajera un ramal de agua del que nosotros nos valimos para conectar los caños dentro de las viviendas. Ahora ya tenemos agua potable de la OSE. También la UTE puso cuatro picos para que nosotros mismos pudiéramos hacer la conexión de la luz, una situación compleja, pues además de corresponder a una zona privada, está catalogada como inundable. Cuando llueve en abundancia, en algunas de nuestras casas el agua llega a la cintura” dijo, y advirtió que esas tierras están contaminadas por plomo, entre otras sustancias.

Es que si bien se trata de una comunidad fraterna y trabajadora, Santa María Eugenia no deja de ser un asentamiento irregular, y como tal padece todas las dificultades vinculadas a vivienda, servicios, acceso, salud.