El caso de Ámbar, la niña de dos años que ingresó al centro de tratamiento intensivo del Pereyra Rossell con 15 orificios de bala y que aún corre riesgo de perder la vida, puso en la agenda pública el enfoque de las intervenciones del Estado en la prevención y el seguimiento de casos que se parecen al suyo, centrado en la investigación penal sin mayores repercusiones sobre el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Ámbar recibió cinco disparos cuando iba en brazos de su padre, Rodrigo Nahuel Pintos, de 22 años, que murió en la noche del domingo 5 de enero, cuando salía de su casa en camino Teniente Rinaldi y Calle Tres, en el barrio Nuevo Ellauri, y fue atacado por dos hombres en moto que dispararon con una Glock modificada, dejando en la escena 18 casquillos.

La niña fue operada tres veces y los médicos señalaron que se encuentra con “extremo riesgo vital”, y si lograra sobrevivir podría quedar parapléjica por las lesiones en la médula.

El caso se investiga como un conflicto entre organizaciones criminales basado en los antecedentes de Pintos cuando era menor de edad. Uno de ellos es el proceso por el asesinato de la policía Daniela Da Silva, en marzo de 2020, del que Pintos fue absuelto tras dos años de prisión. La fiscalía no ha logrado demasiados avances en el esclarecimiento del hecho. Esto es algo que se repite en este tipo de casos en los que es difícil encontrar testigos que estén dispuestos a exponerse a los riesgos de enfrentarse a las organizaciones criminales que operan en su barrio.

Según un relevamiento realizado por la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay a partir de la información publicada en la prensa, entre el 17 de mayo y el 25 de diciembre de 2024 fueron asesinados con armas de fuego 18 menores de edad, 17 varones y una mujer. Hubo cuatro asesinatos en el barrio Maracaná, tres en Colón, dos en el Cerro, dos en Cerro Norte, y uno en Villa Española, Jardines del Hipódromo, Marconi, Barrio Ideal, Lezica, Los Palomares y Nuevo Ellauri.

Fernando Olivera, el director de la asociación civil Cippus, que se dedica a la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en la zona de La Unión, destacó el incremento de heridos de bala y asesinados en la última década y advirtió la falta de un protocolo de actuación que atraviese diferentes servicios del Estado para tratar este tipo de casos.

“No hay un protocolo de actuación, no hay un seguimiento o una derivación, y son casos en los que a veces hay mucha presión de la familia para sacarlo rápidamente, para que no crean que van a hacer la denuncia. O casos de alguien que no quiere hacer la denuncia por estar vinculado a un entorno delictivo”, señaló Olivera. Planteó que el contexto en el que ocurrieron los asesinatos fueron ataques a las residencias sin tomar en cuenta si había niños o no, pero también se dieron situaciones de venganza entre organizaciones delictivas que implicaron el asesinato de niños.

“Al no haber un protocolo de actuación, queda solamente el Ministerio del Interior reprimiendo, no aparece el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], ni las organizaciones de la sociedad civil, ni el Ministerio de Salud Pública”, señaló Olivera. “En situaciones de violencia sexual o violencia intrafamiliar tenés la respuesta del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, y en situaciones de violencia institucional tenés a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero ante las situaciones de violencia territorial o comunitaria no tenés respuesta, queda sólo en la órbita del Ministerio del Interior”, dijo.

Uno de los casos en los que el enfrentamiento entre bandas implicó el asesinato de niños en 2024 fue el de Joaquín Albin, de ocho años. Fue asesinado el 14 de enero de 2024 en Malvín Norte, en el marco del enfrentamiento entre las familias Suárez y Albin por el control del narcotráfico en Villa Española, en el que también fue asesinado el tío del niño, de 25 años.

El 11 de noviembre, en el barrio Maracaná, fue asesinada una adolescente de 16 años, hermana de quien fuera condenado por el homicidio del líder de la banda Los Colorados, que se disputa el territorio en Cerro Norte con los Suárez y los Albin. La joven recibió dos impactos de bala cuando estaba en el living de su casa y una persona ingresó armada y comenzó a disparar. En la casa había otra mujer y tres niños que resultaron ilesos.

El caso podría estar vinculado a la muerte de un bebé de un año, ocurrida el 12 de octubre de 2024 en el Cerro. En el ataque armado en el que murió el hijo del líder de Los Colorados, resultó herida la madre del bebé, que recibió tres impactos de bala. La investigación penal identificó como autores del hecho a dos adolescentes, de 14 y 17 años, que dispararon contra la casa.

En muchos casos la investigación penal no logró determinar si el niño asesinado fue objetivo del ataque. Esa duda se plantea con la muerte del niño de dos años que murió tras recibir un balazo en la cabeza cuando salía de una boca de venta de drogas en Pinar Norte, en la noche del 22 de febrero. En ese episodio también resultaron heridos de bala otros dos niños, de seis y ocho años, en un ataque que implicó más de 30 disparos y en el que fue asesinado el padre del niño de dos, Diego Martínez Sánchez, de 22 años.

En la noche del 30 de mayo fueron asesinados un niño de 11 años y un adolescente de 16 en un ataque ocurrido en el barrio Maracaná en el que se encontraron unos 140 casquillos. En ese ataque también fueron asesinados un adolescente de 18 años y un hombre de 40, y resultó herido un adolescente de 17 años. La investigación policial determinó que se trató de un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Según un testigo, los atacantes actuaron con el objetivo de matar a todos los que estuvieran en la casa.