Con una actitud que se ubica en un punto intermedio entre la cautela y el pánico, el gobierno de Alberto Fernández enfrenta los comicios legislativos de mañana, que renovarán 24 de las 72 bancas del Senado y 127 de los 254 asientos de Diputados. Aunque el resultado alberga incógnitas, las primarias obligatorias del 12 de setiembre fueron tan devastadoras para el peronista Frente de Todos, que sería difícil –no imposible– que las urnas dibujaran un escenario más adverso.
Si los porcentajes de setiembre se repiten grosso modo este domingo, el Frente de Todos habrá perdido la holgada mayoría con la que cuenta en el Senado y quedará en una situación de virtual empate en la Cámara de Diputados, cuando restan dos años para el recambio presidencial. En ese marco de debilidad, Alberto Fernández debería conducir el incipiente crecimiento tras la feroz recesión 2018-2021, y desarmar una trama institucional intoxicada legada por el macrismo, especialmente en el campo de la Justicia federal.
En las carreras por el Senado (ocho de las 24 provincias renuevan sus tres bancas), se esperan victorias opositoras en Mendoza, Corrientes y Córdoba (donde el kirchnerismo saldría tercero); y oficialistas en Tucumán y Catamarca. En La Pampa, Chubut y Santa Fe, el opositor Juntos por el Cambio obtuvo claras victorias en setiembre, que podrían repetirse ahora.
Hay una chance de que las urnas cambien el ánimo de Fernández y Cristina Fernández de Kirchner: que la situación se dé vuelta en Chubut o La Pampa, donde el frente peronista ganó por amplio margen en 2019, y que la derrota por cuatro puntos en la crucial provincia de Buenos Aires, donde reside 37% de los votantes, se transforme en, al menos, un empate.
Si tal giro tiene lugar, el peronismo de centroizquierda habrá preservado la mayoría en el Senado y acortado la enorme ventaja que Juntos por el Cambio cosechó en setiembre. El resultado nacional marcó 40% para la alianza de derecha conformada por Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, y 31,3% para el frente gobernante; cuatro años antes, en las presidenciales, el peronismo había cosechado 48% frente a 40% de la coalición de derecha.
Una milagrosa victoria oficialista, aunque fuera por un voto, no sólo revertiría el vendaval de setiembre, sino que marcaría el primer triunfo en elecciones de medio término para el kirchnerismo desde 2005. Nadie esboza tal hipótesis en público. En cambio, la alternativa contraria, una profundización de la debacle peronista, encuentra eco y no sólo entre opositores.
Tras la derrota en las primarias, el Frente de Todos entró en zona de turbulencia, con síntomas de que la cabina había perdido el mando de la nave. Cristina volvió a marcar el tablero político mediante una carta hecha pública tres días después de las elecciones, en la que expuso que, a su juicio, el gobierno del Frente de Todos estaba continuando con las privaciones implementadas por Mauricio Macri entre 2015 y 2019, o que no estaba haciendo lo suficiente por revertirlas ante el trauma de la pandemia. Por unas horas, cualquier desenlace pareció posible. Finalmente, el presidente y el cristinismo consensuaron un cambio en el gabinete que alejó a funcionarios “albertistas” con poco capital propio o que eran directamente un lastre. Llegaron en su reemplazo peronistas clásicos, con décadas de batallas a cuestas y alguna carga de desprestigio, en lo que pareció más una estrategia de supervivencia que de proyección estratégica.
Durante el mes posterior a la derrota, Fernández se dedicó a anunciar medidas para recomponer el bolsillo de las familias. Allí radica el nudo de la decepción con su gestión. Con Macri, los salarios y las jubilaciones perdieron 20% de capacidad de compra; creció el desempleo y aumentaron la pobreza y la indigencia. Con el Frente de Todos, los números sociales –pandemia mediante– son peores.
El gobierno anunció subsidios estatales para recontratar en blanco personal doméstico y de cuidado de personas, lanzó un programa para transformar planes sociales en puestos de empleo, anticipó la edad de jubilación para quienes ya tuvieran 30 años de aportes, aumentó la asignación universal por hijo, volvió a subir el piso del impuesto a la renta y elevó el salario mínimo, entre una veintena de medidas. El objetivo de esos anuncios fue convocar a las urnas a votantes de barrios populares que constituyeron el corazón del triunfo de los Fernández en 2019 y que, en las primarias, se quedaron en su casa. Los beneficios anunciados pronto quedaron erosionados, tras un nuevo salto inflacionario por encima de 3% en setiembre y octubre.
El dato más sólido que alumbra expectativas de que los próximos dos años sean diferentes es que la economía crecerá por encima de 9% en 2021, recuperando gran parte de la caída de 9,9% del año pasado. Un avance del producto interno bruto de esa magnitud, acelerado en los últimos meses, garantiza un piso alto para 2022; si se da, será el primer bienio de crecimiento desde 2011. De paso, habrá frustrado una vez más los cálculos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos y sus parientes cercanos, los economistas liberales y libertarios omnipresentes en los medios argentinos, que vaticinaban la mitad de esa recuperación. Algunos datos clave proyectan mucho más que un “rebote”, como el de la producción industrial, que en octubre superó en 14% el nivel de igual mes de 2019, antes de la crisis sanitaria.
El desafío de revertir lo que los kirchneristas definen como “las dos pandemias”, la de la covid-19 y “la macrista”, es enorme. Como punto de partida se encuentra la renegociación del préstamo con el FMI dado al gobierno de Macri a instancias de Donald Trump, un lastre de 46.000 millones que debe ser saldado antes de diciembre de 2024. El Banco Central sólo tiene fondos de pagar los vencimientos hasta marzo de 2022.
El resultado de las primarias también puso a la oposición como protagonista de un festejo para el que no estaba preparada. Los medios principales difundieron centenares de notas en todos los formatos escritos y audiovisuales que describieron a Fernández al mando de un barco a la deriva y prenunciaron el fin absoluto de Cristina. Describieron un gobierno contra las cuerdas, despreciado y hasta odiado por los ciudadanos. En las multipantallas de Clarín, La Nación y el Grupo Vila (América) se escucharon, sin reparos, insultos y amenazas físicas al presidente y la vicepresidenta proferidos por políticos opositores y algunos presentadores. El dato saliente de la última semana fue el asesinato de un quiosquero en Ramos Mejía, un barrio de clase media de La Matanza, lo que fue descrito por la prensa como una nueva crisis de gobierno.
En el lado de Juntos por el Cambio, una lectura fina de los resultados fortalecerá o debilitará las expectativas de sus probables candidatos presidenciales: Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Patricia Bullrich o algún miembro de la UCR. Los halcones (Macri, Bullrich) ya están llamando a la extrema derecha libertaria a conformar un frente común. Las aparentes palomas esbozan objeciones, que podrían ser pasajeras, a la luz de los antecedentes.
Sea cual fuere el resultado, Fernández deberá mejorar la calidad de su gestión. Una coincidencia generalizada es que el gobierno no concretó o ejecutó mal medidas y objetivos proclamados hasta el hartazgo. Los propios funcionarios hacen saber que Fernández llevó a cabo una combinación letal durante sus dos primeros años en la Casa Rosada: personalismo exacerbado en temas que requieren saber técnico e involucran múltiples aristas, y marcada ineficiencia y dilación en la toma de decisiones. Y ello, con Cristina y el cristinismo presos de las mismas limitaciones conceptuales y metodológicas de su último período de gobierno, 2011-2015.
Faltan dos años para 2023; en términos argentinos, un siglo. Aguardan necesidades más urgentes.
Sebastián Lacunza desde Buenos Aires.