Segundo en todas las encuestas de intención de voto, el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, llegará a la elección del domingo con pocas posibilidades de ser reelecto, algo que parece imposible en la primera vuelta y muy poco probable en caso de una eventual segunda vuelta. Todas las encuestas indican que, a pesar de tener una base firme de apoyo entre la ciudadanía –es algo menor a 40%, según los sondeos–, es muy difícil que Bolsonaro tenga un nuevo período de gobierno en el Palacio de Planalto.
Estar en el poder siempre es desgastante para cualquier político, más aún en el caso del excapitán ultraderechista de 67 años, teniendo en cuenta lo que fue su gobierno, marcado a fuego por una gestión deficitaria de la pandemia de covid-19 y por una grave crisis económica, de la que el país recién está comenzando a salir.
Los hitos del gobierno de Jair Bolsonaro
El 1º de enero de 2019 el excapitán Jair Bolsonaro asumió la presidencia. Apoyado por 55,13% de la ciudadanía en la segunda vuelta de las elecciones de 2018, en las que superó ampliamente al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, el líder ultraderechista y diputado desde 1990 por diferentes organizaciones políticas llegó a la cabeza del Ejecutivo como candidato del Partido Social Liberal, aunque luego de estar un largo tiempo sin pertenecer a un sector político, en noviembre del año pasado se afilió al Partido Liberal.
El marcado sentimiento que una buena parte de la sociedad brasileña tenía contra el PT, fuertemente alimentado por grandes conglomerados mediáticos como la cadena Globo y el diario Folha de São Paulo, entre otros, fue allanando el camino para que Bolsonaro llegara a ser el presidente. Lejos de ser un outsider de la política –fue diputado federal por el estado de Río de Janeiro durante casi 30 años– y más allá de su retórica agresiva y de su falta de formación ideológica, Bolsonaro tuvo la habilidad de hacerse un lugar durante décadas en el Congreso, apoyando políticas que a la larga le terminaron redituando.
Su apoyo a la liberación de la compra de armas, a los poderosos sectores ruralistas y también a los grupos más oscurantistas de las iglesias evangélicas le valieron un fuerte apoyo de los sectores agrupados en lo que se denomina “bancadas BBB”: la de la bala, la del buey y la de la Biblia.
Como para despejar dudas acerca de sus posturas ideológicas, durante la votación del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, en 2016, Bolsonaro captó la atención local e internacional por llegar al extremo de homenajear a un torturador de la dictadura brasileña. “Por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff”, exclamó antes de emitir su voto en favor de la destitución de la petista, recordando al célebre criminal fallecido un año antes. En ese momento sus declaraciones generaron un rechazo masivo, pero pocos pensaron que apenas tres años después ese diputado estaría al frente del país más poblado y económicamente más poderoso de América Latina.
Tiempos de Bolsonaro
Ya en el gobierno, Bolsonaro mantuvo su posición de defensa irrestricta del golpe militar de 1964 y en muchas ocasiones, siempre dentro de su retórica nacionalista y bajo el lema de “Dios, Patria y Familia”, deslizó la idea de que podría haber otro golpe. Pero el hecho que marcó el declive del gobierno del líder ultraderechista fue la pandemia de covid-19. La postura negacionista de Bolsonaro ante el nuevo virus, al que inicialmente definió como una “gripecita”, trajo graves consecuencias políticas para su gestión y, por añadidura, para su imagen.
Inamovible en su posición, el presidente chocó con la resistencia de numerosos gobernadores que implementaron en sus estados medidas para detener la expansión de la enfermedad. Fue particularmente tensa la puja que tuvo con el gobernador de San Pablo, el centroderechista João Doria, antiguo aliado electoral. Mientras los muertos se acumulaban a causa de la covid-19, la imagen de Bolsonaro comenzó a deteriorarse, a la vez que el país caía en una profunda crisis económica que devolvió a más de 15 millones de brasileños a la extrema pobreza. Férreo opositor al aislamiento social y otras medidas de control para evitar los contagios, Bolsonaro recomendó en muchas ocasiones el uso de medicamentos no comprobados científicamente para tratar la dolencia –en particular la hidroxicloroquina–, lo cual le generó problemas con sus respectivos ministros de Salud, que fueron en total cuatro desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad.
En abril de 2021, comenzó a trabajar en el Congreso la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que indagó en profundidad sobre la actuación del gobierno durante la pandemia. Seis meses después, la comisión publicó un informe en el que estimó que el Ejecutivo brasileño podría haber evitado al menos 400.000 muertes de las más de 650.000 que hubo como consecuencia del virus si hubiese implementado medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Paralelamente, se presentaron ante la Cámara de Representantes cientos de pedidos de juicio político contra el presidente por delitos que iban desde el genocidio sanitario hasta la homofobia, el racismo y la corrupción en la compra de vacunas.
Justamente el tema de la corrupción, uno de sus caballitos de batalla durante la campaña electoral de 2018, también pasó a ser una de sus debilidades, porque el suyo lejos estuvo de ser un gobierno exento de este mal. Además de las cuestiones vinculadas a las irregularidades en la compra de vacunas, hubo investigaciones contra uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, quien fue acusado de malversación de fondos públicos durante su etapa como diputado en el Parlamento local de Río de Janeiro.
Además, el exgobernador de Río de Janeiro y exaliado de Bolsonaro Wilson Witzel acusó al presidente y a algunos de sus hijos de estar vinculados con grupos paramilitares, incluso con los autores materiales del asesinato de la activista y concejal izquierdista Marielle Franco, perpetrado en marzo de 2018 en Río de Janeiro. Según la acusación de Witzel, Bolsonaro y su entonces ministro de Justicia, Sérgio Moro –de quien luego el presidente también se separó políticamente– trabajaron para su destitución luego de que la Policía encontrara nexos entre la familia del mandatario y los detenidos por matar a balazos a Franco.
Más adelante, su enfrentamiento con varios integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia de la Justicia brasileña, fue creciendo y se endureció cada vez más. Uno de los detonantes de esta disputa fue la decisión del ministro del STF Alexandre de Moraes, quien en agosto del año pasado incluyó al mandatario en una vasta investigación sobre una red de difusión de noticias falsas. Estas operaciones de desinformación masiva realizadas en las redes sociales tuvieron una fuerte influencia en la campaña electoral de 2018 y continuaron durante el gobierno de Bolsonaro.
Otro tema recurrente por el que Bolsonaro se enfrentó al STF y también al Tribunal Supremo Electoral, que tienen en común algunos de sus integrantes, fueron las acusaciones sistemáticas y sin ninguna prueba que el presidente hizo sobre el sistema de votación electrónico que rige en el país desde 1996. Según el mandatario, este sistema se presta para el fraude electoral, por lo que aún sigue mostrándose desafiante sobre si aceptará o no los resultados de las elecciones del domingo.