El Poder Ejecutivo peruano oficializó el domingo el nombramiento de los nuevos integrantes del gabinete ministerial conformado por la presidenta Dina Boluarte, tras asumir la jefatura del Estado luego de la destitución de Pedro Castillo.
Mediante su publicación en el Diario Oficial El Peruano, quedaron promulgadas las resoluciones que establecen las designaciones de los nuevos ministros, informó la agencia Andina. El sábado, luego de nombrar a sus ministros, Boluarte realizó un discurso en el que, al igual que cuando asumió, hizo un llamado a la pacificación del país.
“Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales, ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos, y con la ayuda de todos los sectores sociales y fuerzas políticas volveremos a tener la estabilidad que nuestro país tanto requiere y exige”, expresó Boluarte. Pero más allá de los deseos de la mandataria, el gabinete designado cosechó bastantes críticas por estar conformado en su mayoría por técnicos y no por personas con la capacidad política para solucionar la profunda crisis que vive el país.
Por ejemplo, quien fue designado para presidir el Consejo de Ministros, Pedro Angulo, un abogado y exfiscal, que se desempeñó como decano del Colegio de Abogados de Lima, prácticamente no tiene experiencia política, lo cual es visto por muchos como una falla, ya que desde su cargo su tarea primordial será coordinar la relación del Ejecutivo con el Congreso, una labor para nada sencilla.
Tras conocer el nuevo gabinete, el líder del Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó su molestia en un mensaje en su cuenta de Twitter. “Gabinete derechizado, caviarizado y lagartizado. Recuerde, Boluarte, que usted también ganó prometiendo un programa de izquierda y va por el mismo camino de la traición, ya sabe cómo terminan”, manifestó el líder del sector izquierdista, quien en enero de este año, luego de una disputa con la ahora presidenta, decidió expulsarla del partido.
En contraposición a Cerrón, Patricia Juárez, quien es la vocera de Fuerza Popular, el partido derechista que lidera Keiko Fujimori, mostró su beneplácito con el nuevo gabinete. “Es saludable ver que tienen una trayectoria y vienen a dar su experiencia al servicio de los ciudadanos y el Estado. Es un buen comienzo, hay que dar el beneficio de que empiecen a hacer su trabajo”, manifestó.
Movilizaciones y Castillo imputado por la Justicia
Desde el día en el que Castillo fue destituido, las calles de muchas ciudades peruanas han sido escenario de protestas populares, en las que el denominador común es el llamado a elecciones generales anticipadas.
Los movilizados exigen que se elija un nuevo mandatario. El rechazo hacia Dina Boluarte es prácticamente unánime, pero también la renovación de todo el Congreso, órgano sumamente desprestigiado dentro de la sociedad peruana. En contados casos se pide el retorno de Castillo a la presidencia, lo que da cuenta del aislamiento político, pero también popular en el que quedó el expresidente luego de pretender disolver el Congreso. En la capital, Lima, las protestas se concentraron en la zona céntrica, en los alrededores de la plaza San Martín, pero además medios locales informaron de manifestaciones en muchos departamentos del país: Apurímac, Cusco, Puno, Junín, Cajamarca, Arequipa, Lambayeque, Ica y Chiclayo, entre otros. En su mayoría, las manifestaciones fueron pacíficas, pero hubo algunos choques con la Policía en Lima y también en lugares donde los movilizados cortaron carreteras. Un hecho grave sucedió este domingo en la localidad de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac –del cual es oriunda la presidenta Boluarte–, donde, según informó el diario limeño La República, manifestantes intentaron prender fuego el aeropuerto local.
Mientras tanto, el expresidente permanece detenido en el penal de Barbadillo, en Lima, donde está a la espera de ser juzgado por los delitos que se le imputan.
De acuerdo a lo que informó el portal Ojo Público, la Fiscalía dispuso iniciar diligencias preliminares contra Castillo, en su condición de presidente, por presunta comisión del delito de rebelión. Por esta causa, según el Código Penal, si es encontrado culpable, el exmandatario puede ser condenado a una pena “privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años”.