“Si acelero en las curvas, ahora mucho más”, advirtió Javier Milei sobre su voluntad de reforzar su política represiva después de lo ocurrido el miércoles. El presidente argentino defendió el operativo que desplegó el Ministerio de Seguridad ese día contra la manifestación semanal que llevan adelante los jubilados, a la que esta vez convocaban también organizaciones sociales e hinchas de distintos cuadros de fútbol.

“Los buenos son los de azul”, dijo Milei en referencia a la Policía, “y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros son los malos”, agregó al visitar una exposición agropecuaria, la ExpoAgro.

Junto a él se encontraba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le agradeció “por su enorme trabajo defendiendo los valores de la República”, en momentos en que distintas organizaciones sociales piden que sea separada del cargo por la violencia desatada en esta manifestación.

“Los vamos a meter presos, vamos a defender a la República: no vienen contra mí, vienen contra ustedes, yo sólo estoy en el medio”, dijo Milei. “Se terminó el modelo en el que las víctimas son tratadas como victimarios y los victimarios como víctimas”, dijo.

La represión del miércoles dejó más de un centenar de detenidos, incluso un niño de 12 años que salía de la escuela. La arbitrariedad de las detenciones quedó en evidencia cuando la Justicia dejó en libertad a 114 personas porque no recibió información suficiente sobre los motivos de esos arrestos.

El fotógrafo Pablo Grillo, que cubría la manifestación, está internado en el hospital Ramos Mejía y su vida corre peligro porque recibió el impacto en la cabeza de un cartucho metálico de gas lanzado hacia los manifestantes por la Policía.

El presidente argentino no mencionó la situación de Grillo, pero Bullrich defendió en una entrevista la manera en que la Policía actuó al lanzar ese proyectil, a tal punto que consideró innecesario investigarlo. Dijo que fue disparado a 45 grados, hacia arriba, que rebotó antes de impactar en la cabeza del fotógrafo, y agregó que “uno no puede responsabilizar a las fuerzas por la acción legal de reprimir la destrucción total que estaban generando en ese momento los patoteros y barrabravas”.

La versión de la ministra no se corresponde con una filmación difundida por la cuenta de X de Mapa de la Policía, una organización que registra imágenes de abusos policiales.

“Es muy evidente para cualquiera que vea el video” que allí se “desmiente lo que está diciendo la ministra”, dijo Marcela Perelman, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que trabaja en defensa de los derechos humanos, entrevistada por la periodista María O’Donell. Además, Perelman destacó el informe sobre ese video que hizo el perito Rodolfo Willy Pregliasco, “que tiene enorme experiencia en reconstruir el origen de los impactos en contextos de grandes manifestaciones” y que investigó la represión en las manifestaciones de 2001.

Entrevistado por Alejandro Bercovich, de Radio con Vos, Pregliasco dijo que el análisis del video le permite concluir que lo que impactó en la cabeza del fotógrafo fue el cartucho, y no otro objeto o un trozo de metal, como sugirió Bullrich. También pudo constatar que ese cartucho no rebotó en ningún lado antes de impactar en Grillo.

“El cartucho tiene una trayectoria rectilínea, de arriba hacia abajo, que si la proyectás hasta el cordón policial te da la altura más o menos de una persona, por lo cual ese cartucho no rebotó en ningún lado antes”, dijo Pregliasco. Señaló también que se trató de “un disparo apuntado en esa dirección [hacia donde se encontraba Grillo], y eso es un hecho de la física, no es una opinión”.

El diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nicolás del Caño también desmintió a la ministra, en este caso en sus afirmaciones de que la Policía se enfrentaba a integrantes de las barrabravas de clubes de fútbol. Señaló que ninguno de los detenidos lo era.

De hecho, para frenar la participación de barrabravas en esta marcha, la ministra había aprobado días antes una norma por la cual, en los hechos, si se los responsabilizaba por causar desórdenes en un ámbito como una protesta, se les impediría el acceso a los partidos de fútbol.

De todas formas, el gobierno mantiene su discurso. Para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo ocurrido fue un intento de “golpe de Estado”. A su vez, el Ministerio de Seguridad anunció que va a denunciar por “sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada” a los organizadores de la marcha. Identificó como tales al exlíder montonero Mario Firmenich, que divulgó un video sobre esa protesta, a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y a grupos organizados que, según la cartera, habrían “promovido los disturbios con fines desestabilizadores”, entre ellos las barras de algunos clubes de fútbol.

El ministerio, además, pidió que se aparte de la investigación a la jueza Karina Andrade, que decidió dejar en libertad a la mayoría de los detenidos, y que se declare su incompetencia por “inhibición”, informó elDiarioAr. Para el ministerio, “la violencia ejercida fue enmascarada en una 'protesta social', cuando en realidad su claro objetivo fue el de 'desestabilizar' al gobierno del presidente Javier Milei”.

Sin embargo, la Procuraduría de Violencia Institucional presentó una denuncia de oficio para que se investigue la actuación de la Policía. Otras filmaciones de lo ocurrido el miércoles muestran a un policía que tira al suelo a una anciana y la deja inconsciente; otro que deja un arma en el suelo y se va; y un auto policial abandonado con las puertas abiertas, que después fue incendiado, no se sabe por quién.

Jan Jarab, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó “a las autoridades argentinas a investigar con diligencia los hechos ocurridos”, y dijo que en particular preocupa el estado de salud de Grillo.

“Según información recibida por la oficina, participantes de la manifestación se vieron expuestos a un uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad. Muchos manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud”, señaló. Llamó a aplicar principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza cuando sea necesario aplicarla, advirtió que las bombas lacrimógenas pueden ser armas letales si se utilizan mal, y recordó la importancia de la independencia judicial.

Por su parte, el CELS convocó en sus redes a marchar el lunes 24 hacia la Plaza de Mayo contra la represión y para “exigir que el accionar policial no quede impune”.