Lula calificó de “inaceptable” que Eduardo Bolsonaro promueva sanciones de Estados Unidos contra autoridades brasileñas

Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, pidió 122 días de licencia en su cargo de diputado y se instaló en marzo en Estados Unidos. Dijo que esa era la decisión más difícil de su vida, pero debía tomarla.

Para explicar por qué dejaba el país, el diputado afirmó que Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal a cargo del proceso contra su padre por liderar una trama golpista, es un “psicópata” que “sueña con meter en prisión a Jair Bolsonaro”. Dijo que no volvería a Brasil hasta que el magistrado fuera “debidamente castigado por sus crímenes y abuso de autoridad”. A partir de entonces buscó apoyo para conseguir sanciones del gobierno de Trump contra el juez.

Cruzada en Washington

En mayo, el medio brasileño Agência Pública informó que Eduardo Bolsonaro y el influencer y comentarista Paulo Figueiredo Filho, que es otro de los acusados por la trama golpista, habían visitado la Casa Blanca dos veces ese mes. Según Figueiredo, fueron a buscar “subsidios para que los congresistas brasileños reaccionen frente al Supremo Tribunal Federal”.

A su vez, varios parlamentarios brasileños de derecha viajaron a Washington, donde fueron recibidos por representantes del Departamento de Estado.

Bolsonaro, Figueiredo y el diputado brasileño Filipe Barros se reunieron con los legisladores republicanos Cory Mills y Brian Mast, quien en 2024 había reclamado al Departamento de Estado que actuara contra la decisión “autoritaria” de De Moraes de bloquear la red social X en Brasil. Según Barros, ahora se creó un grupo de parlamentarios de los dos países para trabajar juntos en estos asuntos.

En su momento, De Moraes dispuso el bloqueo de X en Brasil por no cumplir con el requisito legal de tener un representante en el país al que las autoridades brasileñas pudieran dirigirse. Uno de los motivos por los que se consideró necesario ese interlocutor fue para investigar las campañas masivas de desinformación lanzadas por la extrema derecha en esa red.

El grupo de parlamentarios de los dos países que intenta actuar contra De Moraes cuenta con el apoyo de varios bolsonaristas que decidieron emigrar a Estados Unidos porque la Justicia de Brasil los investigaba. Según Agência Pública, se sumó a ellos la exjueza Ludmila Lins Grilo, destituida en 2022 por difundir desinformación sobre las elecciones. También colabora la exdiputada Cristiane Brasil, que hace consultorías para migrantes de derecha que quieran vivir en Estados Unidos, a quienes les dice que no crean que el gobierno de Trump “va a deportar a todos”, que eso es sólo “una estrategia comunista para quitarles la paz y la tranquilidad”.

Colaboran además varios influencers y activistas de ultraderecha que desde Estados Unidos siguen haciendo publicaciones falsas sobre el gobierno y el sistema de Justicia de Brasil, y llegan a llamar “dictador” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El articulador del grupo derechista es Figueiredo, que forma parte del bolsonarismo más radical y que afirma que desde 2022 frecuenta el Congreso estadounidense “en busca de apoyo”.

Marco Rubio también

El Departamento de Estado le comunicó a Brasil en febrero que empresas privadas estadounidenses impulsaban una demanda contra decisiones del Supremo Tribunal Federal. Desde Brasilia, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su sorpresa, defendió la separación de poderes y rechazó “cualquier intento de politizar las decisiones judiciales”. Señaló además, que las decisiones de la Justicia brasileña se aplican sólo dentro del país. Así ocurrió con la medida de bloquear X.

Sin embargo, el viernes se presentó otra denuncia de este tipo. La empresa Trump Media, del presidente estadounidense, Donald Trump, y la plataforma Rumble presentaron una acción judicial contra De Moraes en la Justicia de Estados Unidos, en la que acusan al juez de “censurar a ciudadanos y compañías estadounidenses”, informó la revista Carta Capital.

Las empresas afirman que fueron obligadas a bloquear usuarios y retirar contenido, y agregan que la investigación judicial sobre campañas de desinformación fue utilizada por el juez para perseguir a la oposición política. Entre otras cosas, piden que sus órdenes queden sin efecto y reclaman un resarcimiento económico.

A todo esto, se suman amenazas del gobierno de Trump de aplicar sanciones contra De Moraes. El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó a fines de mayo que Estados Unidos podría restringir los visados a autoridades extranjeras, entre ellas funcionarios que “han tomado medidas de censura flagrantes contra empresas tecnológicas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses sin tener autoridad para hacerlo”.

Aunque no mencionó a nadie, días antes Rubio había dicho ante el Congreso de su país que era probable que De Moraes fuera sancionado. En respuesta a una pregunta al respecto de Cory Mills, uno de los legisladores republicanos que se reunieron con Eduardo Bolsonaro, Rubio respondió: “Eso está en este momento bajo análisis, existe una gran posibilidad de que ocurra”.

Mills dijo en esa sesión que en Brasil se vive “una censura generalizada y persecución política dirigida contra toda la oposición”, y en particular contra Jair Bolsonaro.

Para Lula “es inadmisible” que un gobierno opine sobre la decisión de la Justicia de otro país. “Creo que Estados Unidos tiene que comprender que el respeto a la integridad de las instituciones de otros países es muy importante”, dijo el presidente.

La amenaza de Rubio de retirar visados llegó dos días después de que De Moraes abriera una investigación contra el diputado Eduardo Bolsonaro por los delitos de coacción durante un proceso judicial en curso, obstrucción de la investigación y atentado contra la soberanía de Brasil. La investigación fue solicitada por el fiscal general, Paulo Gonet. Este funcionario consideró que el diputado está recurriendo a amenazas hacia fiscales, jueces y policías al publicar mensajes con “un manifiesto tono intimidatorio” contra “agentes públicos, de investigación y de acusación, así como para los jueces del proceso penal” que enfrenta su padre, informó AFP. El fiscal destacó que para ejercer esa presión Eduardo Bolsonaro pidió a otro país que sancione con el retiro de la visa o el bloqueo de bienes a esos funcionarios.

La palabra de Jair

De Moraes decidió permitir que Eduardo Bolsonaro declare desde Estados Unidos, pero el jueves la Policía Federal interrogó a Jair Bolsonaro por esta causa abierta contra su hijo. El expresidente negó que el diputado esté haciendo “lobby” para que el gobierno de Estados Unidos sancione “a quien quiera que sea en Brasil”, y agregó que su hijo sólo está enfocado en “hechos que atentan contra los derechos humanos y la libertad de expresión”.

Por otra parte, el expresidente declaró que depositó en la cuenta de su hijo el equivalente en reales a unos 364.000 dólares, lo que confirmó las sospechas de la Fiscalía General de que es él quien financia la estadía del diputado en Estados Unidos, informó la agencia Efe. “Es bastante dinero, pero es dinero limpio, legal”, dijo Bolsonaro a periodistas.

El expresidente está acusado de planear diversas acciones para impedir que Lula asumiera la presidencia –entre ellas consideró en 2022 el asesinato del entonces presidente electo, de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y del propio De Moraes–. Se lo acusa también de promover un golpe de Estado una vez que dejó el cargo, con movimientos como el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado por parte de una multitud que reclamaba un levantamiento militar, el 8 de enero de 2023, mientras el gobierno de Brasilia, que era su aliado, no desplegó un dispositivo de seguridad acorde a la situación.

La democracia y la ley Magnitsky

Otra pregunta que el congresista Cory Mills le planteó a Rubio es si era probable que el Departamento de Estado utilizara contra De Moraes la ley Magnitsky. Esta norma toma el nombre de un abogado ruso, Sergei Magnitsky, que denunció un esquema de corrupción en su país y murió en una prisión de Moscú. Según señaló CNN Brasil, esta ley, aprobada por el gobierno de Barack Obama, apuntaba a sancionar a los responsables de la muerte del abogado. Pero en 2016 se extendió a cualquier extranjero acusado de violaciones graves de los derechos humanos o actos de corrupción. Prevé la posibilidad de prohibirles la entrada a Estados Unidos a esas personas y de bloquear sus cuentas bancarias o sus bienes.

Con miras a que se utilice contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Eduardo Bolsonaro habla de Brasil como de un régimen represivo. “Una característica bien común en un régimen de excepción es perseguir, amenazar y detener a los familiares de los disidentes políticos que denuncian”, dijo en sus redes sociales. “Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China y ahora Brasil adoptan el mismo modelo criminal de persecución estatal contra la familia de los disidentes”, agregó, al conocer que se había abierto un proceso en su contra.

Dijo que “no esperaba nada diferente del tirano” que “avergüenza a la Justicia y ocupa indebidamente un cargo de magistrado en la más alta corte del país”, y afirmó que “la transformación del Estado brasileño en una organización criminal está casi completa”.

De Moraes, que también integra el Tribunal Superior Electoral, dijo esta semana que esa corte “sólo tiene una misión: la gran misión de realizar las elecciones, de mostrar al pueblo brasileño que aquellos que la población brasileña elige serán investidos”. Agregó: “Poco importa cuáles son y cuáles serán los enemigos de la democracia y el estado democrático de derecho. Sean enemigos nacionales o enemigos internacionales, Brasil siempre sabrá defender su democracia”.

El presidente Lula dijo que es “lamentable que un diputado brasileño, hijo de un expresidente, esté en Estados Unidos y convoque a ese país a meterse en la política interna de Brasil”.

“Eso es grave”, dijo. “Eso es una práctica terrorista. Renuncia a su mandato, pide licencia del mandato para ir a intentar lamer las botas de Trump y de un asesor de Trump pidiendo una intervención en la política brasileña. No es posible aceptar esto”, manifestó.

Lula agregó que “por ahora sólo tenemos la palabra de algunas personas” acerca de las supuestas sanciones, pero si llegaran a aplicarse, “Brasil defenderá a sus magistrados y a todo el Supremo Tribunal Federal”.

Ante esa corte deberán presentarse el lunes Jair Bolsonaro y otros siete acusados de intento de golpe de Estado.