Semanas antes de ser condenado a 16 años de prisión y a la pérdida de su mandato de diputado por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) en el juicio por el intento de golpe de Estado del 8 de enero, el diputado federal Alexandre Ramagem, del Partido Liberal, dedicó sus esfuerzos no sólo a preparar su defensa en el caso, sino también a informar sobre un proyecto de ley que se enmarca en los planes intervencionistas de la administración de Donald Trump en América del Sur.

El 19 de agosto, la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 1283/2025, gracias a la gestión del exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) como relator o miembro informante de la iniciativa. El proyecto aboga por encuadrar en el delito de “terrorismo” a las “milicias, facciones, organizaciones paramilitares, grupos o escuadrones criminales”, incluyendo aquellos vinculados al narcotráfico, como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital.

Agência Pública monitorea el proyecto desde mayo, cuando líderes del grupo de partidos conocidos como el Centrão apoyaron su tramitación urgente, lo que permite su votación en la Cámara de Diputados en cualquier momento.

El sitio web de la cámara baja muestra que Ramagem fue elegido para la relatoría el 19 de mayo, cuando ya figuraba entre los ocho acusados del “núcleo crucial” de la trama golpista. Exactamente tres meses después, el informe del exdirector de la Abin fue aprobado con el apoyo de diputados vinculados al bolsonarismo, una amplia mayoría en la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de Diputados.

Casi al mismo tiempo que el comité de la Cámara de Representantes aprobó la propuesta, el presidente de Estados Unidos ordenó el despliegue de aviones de combate y buques de guerra de las Fuerzas Armadas en las costas de América del Sur y el Caribe por el mismo motivo que el proyecto de ley: “combatir el terrorismo” del narcotráfico y las organizaciones criminales. Desde entonces, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dicho que el terrorismo y el crimen organizado son problemas distintos y “no deben servir de excusa para intervenciones al margen del derecho internacional”.

This is America?

De autoría del diputado Danilo Forte, del partido Unión Brasil, el proyecto de ley cita específicamente a la “administración Trump” como modelo a seguir. Por otra parte, al describir la propuesta, Alexandre Ramagem, condenado desde el 11 de setiembre por intento de golpe de Estado, mencionó con frecuencia los términos “Estados Unidos” y “cooperación internacional”.

Al dar su parecer, Ramagem afirmó que la legislación estadounidense “ofrece una definición más amplia”, que “permite clasificar como terroristas a grupos vinculados al tráfico internacional”. El exdirector de la Abin también explicó que apoya la iniciativa porque “Estados Unidos ha liderado, por más de 12 años consecutivos, el ranking de los países más atractivos para la inversión extranjera”.

El 10 de setiembre, el proyecto cambió de relator, pero permaneció bajo la influencia de la extrema derecha. El relator actual es el diputado Nikolas Ferreira, del Partido Liberal, uno de los principales líderes bolsonaristas en la Cámara de Diputados.

En declaraciones a Agência Pública, el diputado Ramagem negó que la propuesta amenace la soberanía brasileña y dijo que “equiparar con terrorismo actos ejecutados por organizaciones criminales que provocan pánico en la población y una completa desestabilización social, similares a los mencionados, no sólo es una medida necesaria, sino extremadamente coherente”.

Para este artículo se intentó contactar al diputado Danilo Forte, pero no respondió a las preguntas al momento de la publicación de este informe.

Este artículo fue publicado originalmente en Agência Pública.