Tal como está encarado en la actualidad, el debate político a escala nacional presenta dos problemas. Por un lado, se realizan afirmaciones que no están respaldadas por la realidad. Este importante defecto lo exhibe en particular el gobierno, que ante las críticas sobre las que está basada la intención de someter a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que, como todos los demás artículos, no pudieron ser analizados con suficiente profundidad, responde que fueron detalladamente anunciados y explicados durante la campaña electoral, por lo que no corresponde llamarse ahora a sorpresas.

Realmente, a la luz de la realidad nacional, resulta difícil compartir esta postura. El nivel de conocimiento acerca del contenido de la ley, y en particular de los 135 artículos impugnados, es muy escaso y frecuentemente nulo. Por otra parte, la credibilidad de un gobierno que contradice los anuncios que realiza, como el que corresponde al incremento de los impuestos y las tarifas, queda lo suficientemente malherida como para confiar en los anuncios realizados sobre la LUC antes de asumir sus funciones.

La falta de correspondencia con la realidad de parte del discurso del gobierno se aprecia claramente en las áreas de la seguridad pública y la educación. Se ha llegado a afirmar que la oposición frenteamplista sostuvo que existe una relación directa entre la suerte de la LUC en el referéndum y la posibilidad de liberación de miles de personas actualmente privadas de libertad. Así, si hubiera derogación de alguna de las normas en materia de seguridad operaría tal liberación, que se vería impedida en caso de que tales normas quedaran en pie.

No sé si se habrá emitido una opinión aislada e insostenible como la que acabo de comentar. Lo que sí sé es que desde el Frente Amplio jamás se afirmó institucionalmente un argumento de tal pobreza ética y política.

Naturalmente, la oposición está preocupada por las condiciones de vida de la población carcelaria y apoya todas aquellas medidas que puedan mejorarlas. Pero de aquí a pensar que la eliminación de algunas normas de la LUC podría ayudar a mejorar esas condiciones por la vía de una reducción del hacinamiento, hay varios abismos de diferencia.

En el campo de la educación sucede algo similar. El gobierno acusa a la oposición de usar una supuesta privatización de la educación como argumento a favor de la derogación de algunas normas de la LUC. Y tal acusación está planteada tergiversando la realidad. Es que hay al menos dos enfoques para encarar esta discusión. Uno consiste en sostener que sobre la base de la LUC podría haber decisiones que alteraran la estructura institucional de la educación de tal manera que las responsabilidades que hoy están en la esfera del sector público sean transferidas al privado. Esta perspectiva para el análisis del problema es la que el gobierno atribuye a la oposición acusándola de sostener que, de quedar firme la LUC, se desencadenarían procesos de decisión a escala institucional que supondrían el pasaje al área privada de actividades que hoy integran y funcionan en la pública.

Nuevamente en este caso tengo que señalar que, salvo alguna opinión aislada y no representativa, no he comprobado que desde el Frente Amplio en tanto partido político se haya enfocado el tema desde la postura comentada precedentemente. El punto de partida de las críticas frenteamplistas a la LUC en esta área de la sociedad no se apoya en decisiones que pueden tomar las autoridades de la educación pública, sino en las consecuencias de la criticable gestión del gobierno en la materia con resultados negativos que impulsan –incluyendo a familias de condición social modesta– a resolver el traslado de sus hijos a instituciones privadas.

La falta de correspondencia con la realidad de parte del discurso del gobierno se aprecia claramente en las áreas de la seguridad pública y la educación.

En este sentido operan, por ejemplo, los contenidos de la LUC que abordan varios aspectos que se vinculan con temas laborales y de organización del trabajo en los centros educativos. Como lo establecen Enzo Adinolfi y Facundo Franco en un excelente análisis publicado en la edición de la diaria de 17 de noviembre, el artículo 193 tiene incidencia en las condiciones de trabajo y las retribuciones de los trabajadores de la educación, aunque sin garantizar que las decisiones tomadas al respecto resulten coherentes con la calidad de la formación educacional. La señalada carencia de garantías está directamente vinculada con la ausencia de pronunciamiento del Codicen acerca de las normas estatutarias a regir en el futuro, o bien de la posibilidad de que tanto el propio Codicen como las direcciones generales de los subsistemas o las de los centros educativos puedan disponer directamente de la contratación de docentes.

En cuanto a la aproximación prioritariamente de corto plazo que está en la base de la consideración del futuro del país es una limitación que afecta, en general, a todo el sistema político. Para comprobarlo basta con constatar el predominante espacio que los medios de comunicación asignan a comentar asuntos y opiniones de escasa o nula relevancia para actuar políticamente en la construcción de un país que realice las enormes potencialidades que tiene. Ese espacio no constituye sino la consecuencia directa del contenido real de las preocupaciones que demuestra tener gran parte de los actores participantes en esta reflexión colectiva.

Si así no fuera, no habría explicación posible ni para fundamentar el predominio de las cuestiones de corto alcance ni para las decisiones de gobierno que se toman comprometiendo o impidiendo el proceso de conformación del Uruguay del futuro. Obviamente, hay dos temas en juego. Uno refiere al contenido del intercambio público sobre el tema. El otro es la pobreza profunda que exhiben los recursos asignados a temas como la educación, la ciencia, el conocimiento y la incorporación de este último a la actividad y al mundo del trabajo.

Lo anterior no incluye exclusivamente lo que solemos llamar transformaciones estructurales, asociadas a la profundidad y la larga duración. También refiere a temas como la consolidación de los equilibrios macroeconómicos fundamentales, como los que involucran a las políticas fiscal, monetaria y de ingresos. La naturaleza de este problema, así como el tratamiento que suele darle su análisis, lleva frecuentemente a la conclusión errónea de incluir esta área de la política económica entre los temas coyunturales o de corto plazo, perdiendo así la posibilidad de analizar aquellos factores que explican las posibilidades de sostenibilidad de los equilibrios mencionados, así como incrementando los riesgos de cambios frecuentes en los instrumentos a los que se apela y –consecuentemente– deteriorando la credibilidad de las decisiones políticas que se toman.

Lamentablemente, los problemas no terminan aquí. Porque cuando por fundamentos políticos y sociales se abordan excepcionalmente aspectos del país de largo plazo, se lo hace prescindiendo de los aportes que pueden realizar los representantes de gran parte de la población. Es el caso de la llamada reforma de la seguridad social y el Frente Amplio. Digo “llamada” para evitar malentendidos conceptuales. Lo que está en juego es la previsión y no la seguridad social, concepto más amplio que abarca al primero. Se designó una comisión para estudiar el tema y proponer la transformación del sistema de previsión social, integrada por representantes de todos los partidos, el PIT-CNT y representantes de los pasivos y del sector empresarial. Luego de un largo período en el que dominaron apreciaciones de carácter general y pedidos de prórrogas de los plazos para entregar el resultado de los trabajos, en los últimos tres meses y excluyendo a la delegación del Frente Amplio, el PIT CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, se elaboró una propuesta que ya cuenta con una fundada discrepancia de la oposición y configura un pésimo comienzo para una transformación estructural que, seguramente, no convocará unanimidades pero debería contar con una clara comprensión y un notorio respaldo de la sociedad.

La verdad es que si no pensamos en el país del futuro y cuando lo hacemos excluimos a gran parte de la ciudadanía, la construcción del Uruguay que podemos y merecemos tener no será viable.