Puede sonar extemporáneo –o exitista– que simultáneamente a un extraordinario empuje privatizador del gobierno de coalición con iniciativas tales como la desmonopolización del servicio de datos fijos de Antel o el despojo que significa para OSE el proyecto Neptuno, nos detengamos a pensar sobre el papel a jugar por las empresas públicas en un futuro gobierno popular.

Sin embargo, es necesario ubicar el aporte de las empresas públicas en un contexto de cambios donde –pensamos– deberán superar el rol asignado por el modelo de desarrollo batllista. La realización, el año próximo, de un nuevo Congreso del Pueblo nos da una buena oportunidad para ello.

Tenemos la esperanza de que esta discusión sea un aporte al debate con la mirada puesta en 2024, sí, pero también un insumo que fortalezca desde otro lugar la defensa de las empresas públicas.

El modelo agroexportador y dependiente

El modelo agroexportador y dependiente se caracteriza, entre otros aspectos, por la primarización de la economía.1 80% de las exportaciones nacionales son recursos naturales y manufacturas de estos. Por el contrario, 50% de las importaciones son productos de alta y media tecnología.

Las áreas primarizadas de la economía reciben no sólo la mayor carga de inversión extranjera, sino además la de más alta composición tecnológica, de modo que es constituyente de este modelo tanto el incremento de la extranjerización empresarial como la reducción paulatina de la mano de obra que emplea. Igualmente implícito en el modelo es la constante salida de divisas del país,2 una de cuyas consecuencias es la –en términos relativos– baja inversión en otras áreas de la actividad económica nacional. El sistema se sustenta en una alianza orgánica entre el capital financiero internacional y el sector agroexportador.

Una consecuencia natural del modelo es el altísimo peso político de los grandes productores agropecuarios, quienes condicionan en forma casi excluyente las posiciones políticas e ideológicas del herrerismo y otros sectores de derecha. Estos conforman el núcleo duro del actual gobierno de coalición, que no oculta su política favorable a los “malla oro”, eufemismo que debe entenderse como “sector agroexportador”.

El invalorable modelo batllista

A principios del siglo XX,3 los sectores más esclarecidos de la burguesía, representados políticamente por el batllismo, comprendieron que el modelo agroexportador y dependiente (estancia, puerto y poco más) obstaculizaba la reproducción ampliada de la economía, generando un capitalismo retrasado y dependiente. Pusieron sobre la mesa la valorización de la función del Estado para enfrentar en el terreno económico y político al imperialismo y sus aliados locales.4

La nacionalización y creación de un gran sector estatal contribuyeron sustantivamente al desarrollo capitalista al reducir las transferencias de beneficios al exterior y, a través de políticas tarifarias y compras del Estado, funcionaron a modo de protección a la producción nacional no necesariamente extractiva.

Quienes impulsaron este modelo de crecimiento no sólo tuvieron la inteligencia necesaria, sino que además se aseguraron una base social sólida mayormente por la creación de fuentes de trabajo –públicas y privadas– y otras políticas sociales en materia de educación, salud, vivienda, etcétera, que pueden asimilarse –sin complejos– a lo que hoy llamamos “Estado de bienestar”, implantado en Europa Occidental a partir de la Segunda Guerra Mundial. Parte del financiamiento de estas políticas surgen de las ganancias de las empresas públicas, que se vuelcan a rentas generales. Por otro lado, las empresas públicas aseguran servicios de calidad en forma universal a toda la población por la vía de transferencia de recursos desde sectores medios y acomodados hacia los extremos más lejanos y de menores recursos del país.

A pesar de que el modelo batllista no supera el horizonte capitalista –incluso siendo funcional a este estado de cosas–, ha sido y sigue siendo atacado por sus tradicionales adversarios. El empresariado agroexportador coincide plenamente con el capital financiero –devenido hoy capital especulativo– en la disputa por el producto del trabajo nacional así como en el interés de cargar el costo de cada crisis a la cuenta de la fuerza de trabajo (hoy por la guerra en Ucrania, ayer por la pandemia, en 2008 las hipotecas, en 2002 por la debacle argentina y la aftosa... y así).

En tal sentido, un Estado presente, que cuenta con instrumentos como nuestras empresas públicas, representa un obstáculo considerable. Así que desde comienzo de los años 90, una vez sí y otra también, han intentado desplegar diversos mecanismos de debilitamiento de las empresas públicas, desde su privatización total o parcial hasta someterlas a una competencia desventajosa con otras empresas multinacionales. No debiera, pero sorprende, por tenaz y obsesivo, el capricho de exponer a Antel a los peores escenarios posibles.

La dirigencia del Partido Colorado se ha encargado de vaciarlo de batllismo. Pero el sustrato cultural “batllista” sigue vivo en el campo popular y enriquece –sin agotar– el patrimonio de buena parte de la población, que a través de los sindicatos y partidos de izquierda –con algún aliado ocasional– han defendido las empresas públicas en diversos plebiscitos y referéndums: 1992 (impidió la privatización de Antel), 2003 (Ancap: derogó la ley que desmonopolizaba la importación y refinería de petróleo), 2004 (OSE: colocó en manos del Estado la distribución de agua potable y saneamiento).

Las empresas públicas y una gran contradicción

No obstante los beneficios antes mencionados, la visión reformista nacional –batllismo– no puede más que expresar un horizonte de clase limitado en la confección de las empresas públicas. La defensa de la soberanía nacional implícita en sus funciones se contradice con la fuerte impronta de importación de bienes de capital de alto y medio contenido tecnológico. Son recursos que salen fuera del país y que financian doblemente la brecha tecnológica: a la vez que se desestimula la creación de tecnología nacional, se colabora en la financiación de aquellas investigaciones en ciencia y tecnología realizadas en el exterior y que crearán la siguiente generación tecnológica. El país queda en muchas ramas del conocimiento fuera del proceso de creación.

El cambio social requiere la aplicación masiva de conocimiento e innovación en el conjunto de la actividad económica.

En congruencia observaremos un número muy importante de profesionales de diversas ramas de la ingeniería ocupados en trabajos rutinarios de instalación, configuración y mantenimiento de equipamiento adquirido en el exterior. Simultáneamente, dado que las carreras técnicas –cuando existen– generan menos incentivos que la carrera administrativa, los encontraremos administrando personal en cargos que en el mejor de los casos mantienen cierto perfil técnico. Estas actividades son útiles y legítimas, por descontado. Pero el hecho de tener buena parte del personal calificado atendiendo tareas de un nivel técnico singularmente menor al de la formación obtenida describe y a su vez alimenta una institucionalidad funcional a un modelo de país que mitiga los peores aspectos de la dependencia y primarización productiva, pero no rompe con ellos.

Las empresas públicas como soporte del despegue tecnológico

Consignemos acá que la exportación de alimentos, celulosa, energía u otros productos primarios no es reprochable en sí misma. Por el contrario, debemos ver en ella una de las fuentes de recursos en procura de superar el modelo agroexportador por la vía del acceso a la ciencia y tecnología del resto de los actores económicos. Por ejemplo, si una parte de la carga impositiva sobre las exportaciones agropecuarias tuviese como destino específico el acceso de pequeños y medianos productores al conocimiento (ingenieros agrónomos, veterinarios) y la automatización de procesos, ¿cómo impactaría en organizaciones como Un Solo Uruguay, que agrupan estos sectores con grandes empresarios del rubro?

En este sentido tienen mucho que aportar las empresas públicas. El estímulo interno a la formación de equipos humanos que desarrollen productos tecnológicos que amortigüen los mecanismos propios de dependencia, realizados en una red que involucre los equipos de investigadores y autoridades de la Universidad y toda otra institución que haga investigación en ciencia y tecnología, irá en la dirección correcta de acotar paulatinamente los recursos que salen del país. Tanto los conocimientos generados como el personal altamente calificado que surja de este proceso podrán enriquecer otras áreas de actividad. Esto, en conjunto con una debida política nacional que estimule la estabilidad del personal en empresas de tecnología nacional, puede ser uno de los caminos a recorrer para atacar en profundidad los problemas de subdesarrollo que aquejan al país.

Hemos presenciado el modo en que los precios de los commodities han condicionado fuertemente los ciclos progresistas. Sería imperdonable que dejásemos pasar una nueva oportunidad sin esforzarnos en modificar la base productiva del país implementando actividades económicas –especialmente aquellas de alto contenido tecnológico– que permitan mitigar las consecuencias sociales y políticas de los momentos de baja de los mencionados ciclos.

El cambio social requiere la aplicación masiva de conocimiento e innovación en el conjunto de la actividad económica. Las expresiones de apoyo a la ciencia de quienes defienden el estado actual de cosas se acaban en cuanto se pone sobre la mesa el problema de la asignación de recursos. Este desdén hacia la actividad creativa que puede observarse cómodamente en cada presupuesto o rendición de cuentas no es nuevo y tiene raíces económicas y culturales profundas asociadas a una división internacional del trabajo que no asigna a nuestros países mayor destaque en dicha labor. Durante la dictadura se llegó al extremo de pagar a los docentes de la Facultad de Ingeniería sólo las horas dictadas de clase, de modo que se eliminó toda actividad de investigación. Convirtieron la facultad en un liceo mayor.

Los científicos y profesionales que han realizado a conciencia un esfuerzo por capacitarse tienen una legítima expectativa de reconocimiento y remuneración por un trabajo acorde a esa calificación. La desafección del modelo conservador por el conocimiento local los relega y coloca en un escenario de enfrentamiento objetivo contra este modelo, más allá de un estado actual de opinión.

En tal sentido, la adhesión de un importante número de profesionales a organizaciones enfrentadas a los sindicatos clasistas de las empresas públicas debe leerse como lo que es: un atraso importante en el proceso de acumulación de fuerzas que habilite primero, y sustente después, un posible gobierno popular.

Fernando Trías es ingeniero.


  1. Puede consultarse “Informe anual, comercio exterior, 2021”, publicado por Uruguay XXI, “Encuentro de Desarrollo Productivo PIT-CNT (diciembre 2017)”, elaborado por el Instituto Cuesta-Duarte, así como Factores clave para el crecimiento económico sostenido en Uruguay, de Gustavo Bittencourt, Adrián Rodríguez y Sebastián Torres. Por una visión en contrario puede leerse https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/astori-discusion-sobre-primarizacion-produccion-es-nefasta-inutil 

  2. A modo de ejemplo: retornos de las empresas extranjeras, devolución de préstamos y depósitos en el extranjero de empresarios naturales o extranjeros. 

  3. Pueden leerse José Luis Massera, Universidad y modernización, y Rodney Arismendi, Momento político y modernización

  4. “Tenemos un país en que la luz es extranjera... en que el agua se halla en las mismas condiciones... en que la locomoción representada por tranvías y ferrocarril y vapores es también extranjera. Y de esa manera, si en el régimen político hemos destruido el sistema colonial, no lo hemos destruido en la industria, en el comercio... El hecho es que una parte importante de las riquezas se van”. José Batlle y Ordóñez, citado por Rodney Arismendi en Momento político y modernización