Facundo Franco

La presidenta del Consejo de Educación Técnico Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Nilsa Pérez, dialogó con la diaria sobre los planes de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) para el quinquenio. Pérez dijo que se está planteando un trabajo conjunto con los demás subsistemas para cumplir con los objetivos planteados para el quinquenio. Además, sostuvo que el proceso de desarrollo de UTU se logró más allá del apoyo a la institución del ex presidente y actual senador José Mujica.

En una mesa sobre justicia penal juvenil en las jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Constanza Moreira fue crítica con la gestión en seguridad pública del gobierno de José Mujica, que consideró que fue la prioridad de la gestión. Afirmó que tal priorización respondió a “la desesperación” por conquistar a la opinión pública, la falta de “aliados políticos de peso” que tuvieran “otra visión”, sumado a “la política llevada a cabo por viejas generaciones con repertorios pedagógicos espantosos que ya nadie compartiría pero que están ahí”, y a cierto “autoritarismo de izquierda”.

El presidente de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados, Julio Battistoni (MPP, Frente Amplio), explicó que su sector se encuentra cerca del final de un análisis para ver de dónde se puede “rascar” fondos para otorgar a instituciones como el IIBCE.

Entrevistada por la diaria, la presidenta del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Ana Lopater, explicó lo que busca la institución con el cambio de plan de estudios que está impulsando. En particular, se pretende reducir las incompatibilidades entre trabajo y estudio y se tenderá a la semestralización y creditización de los cursos. Lopater también se refirió a la posibilidad de que profesionales y estudiantes universitarios tengan mayores facilidades para formarse como docentes, y que profesores y maestros también puedan insertarse en otras licenciaturas de orden terciario.

Al analizar lo que ocurre en torno al mercado de residuos y su reciclaje es frecuente la referencia a “mafias” y prácticas alejadas de la legalidad, siempre en perjuicio del lado más débil de la cadena: los clasificadores. Justamente, los clasificadores que, en la informalidad, salen a diario con sus carros o bolsas a recoger residuos están en un extremo de la cadena. En el otro se encuentran las empresas que reciclan, venden y exportan su producción. En el medio, una serie de intermediarios formales e informales, llamados depósitos, que compran a los clasificadores la materia prima y la venden a las empresas para su tratamiento. El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal, dijo que el crecimiento de los precios del material reciclable -y, por lo tanto, también de los ingresos de los clasificadores- se debe, en parte, a que cuando baja el número de clasificadores “aumenta la necesidad de adquirir materia prima para poder lavar dinero”.

Un día después de que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijera que el pedido presupuestal de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es “absolutamente incompatible con la realidad fiscal y financiera del país”, el organismo presentó en sociedad su solicitud. En un desayuno preparado y servido por estudiantes de la Escuela Superior de Hotelería, Gastronomía y Turismo de la UTU, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Wilson Netto, dijo que “no hay incompatibilidades” ni contradicciones, y explicó que el organismo estaba preparando su solicitud desde hace meses, sin saber cuál sería el espacio fiscal que tendría el país.

Al llegar al Palacio Legislativo, los gremios de estudiantes de la Udelar, Formación Docente y Secundaria reclamaron por 6% del Producto Interno Bruto para la Administración Nacional de Educación Pública y la Udelar, además de rechazar la asignación presupuestal que el Poder Ejecutivo realizó a ambas instituciones, por considerarla insuficiente. El movimiento estudiantil valoró el retiro de la esencialidad como una victoria, pero advirtió que no es momento de desmovilizarse.

Como sucede desde hace algunos años, varias organizaciones sociales e instituciones gubernamentales celebran en setiembre el Mes de la Diversidad. Una de ellas es la Intendencia de Montevideo (IM), que convocó a la organización Ovejas Negras para realizar una intervención urbana en las letras que forman la palabra Montevideo en la rambla, próximo a Kibón. La intervención generó el rechazo del diputado nacionalista suplente por la Lista 40 Carlos Iafigliola, que según él “viola la laicidad” del Estado.

Después de que el gobierno envió el proyecto de Ley de Presupuesto, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) quedó en un estado de “consternación y preocupación extrema”, según un comunicado de su Consejo Directivo. En diálogo con la diaria, el vicepresidente del consejo del IIBCE, Raúl Russo, explicó que, “contrario a lo que se esperaba a partir de comunicaciones previas con el Ministerio de Educación y Cultura”, el instituto no recibe incremento presupuestal. En particular, Russo señaló que “llamó la atención” porque otras instituciones de ciencia y tecnología sí recibieron aumentos.

La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo y las filiales de Montevideo y Canelones de la Asociación de Funcionarios de UTU son los únicos sindicatos de la educación que siguen manteniendo paros para hoy. De todas formas, se volverán a reunir hoy para evaluar las medidas que seguirán tomando en el marco del conflicto. Además, ambos gremios convocan a las 12.00 a una marcha desde la Torre Ejecutiva al Palacio Legislativo.

El conflicto que mantienen los sindicatos de la educación con el gobierno parece haber encontrado una tregua anoche, cuando los gremios se comprometieron a que habrá clases en todo el país desde mañana. En contrapartida, el gobierno levantará hoy en el Consejo de Ministros la esencialidad de los servicios de educación que decretó el lunes 24. Además, se convocará una instancia de negociación para que el gobierno y los sindicatos retomen las negociaciones salariales que quedaron truncas después de la decisión del presidente Tabaré Vázquez, que fue firmada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

El gobierno y los sindicatos de la educación siguen sin llegar a un acuerdo. Ninguna de las dos partes está dispuesta a dar el primer paso. El gobierno quiere que las clases se retomen ya, y lo pone como condición para el levantamiento de la esencialidad. Los sindicatos no están dispuestos a negociar si no se deroga el decreto que afecta a los trabajadores de la educación.

Después de que el gobierno decretara la esencialidad de los servicios de educación, lejos de que los sindicatos se vieran disuadidos, el efecto pareció ser el contrario. En una asamblea en la que participaron unos 1.500 docentes, la filial de Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) resolvió, “casi por unanimidad”, convocar un paro para hoy. Fenapes, por su parte, resolvió mantener los paros dispuestos para hoy y mañana.