Mientras el 3 de noviembre todas las miradas estaban puestas en las elecciones de Estados Unidos, con un Donald Trump a punto de denunciar fraude sin aportar pruebas, Puerto Rico –un “estado asociado” al país norteamericano– también acudía a las urnas ese día para elegir gobernador para los próximos cuatro años, además de alcaldes y legisladores. En el caso del país caribeño han sido varias las fuerzas políticas que han denunciado un presunto fraude por las irregularidades que se produjeron al contabilizar los votos, hasta el punto de que el miércoles se detuvo el escrutinio general, que certifica de forma definitiva quiénes son los ganadores oficiales.

Según el resultado preliminar de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, el candidato oficialista Pedro Pierluisi, del conservador Partido Nuevo Progresista (PNP), ganó la gobernación en una ajustada carrera tras lograr 32,9% de los votos sobre el opositor Carlos Delgado, del Partido Popular Democrático (PPD, centroderecha), que consiguió 31,5% de los apoyos. La diferencia entre ambos fue de menos de 17.000 votos.

Estas cifras provisionales suponen un giro en el apoyo electoral que han recibido históricamente estos dos partidos mayoritarios y, por el contrario, llama la atención los buenos resultados que en estos comicios han logrado fuerzas políticas emergentes nacidas en 2019, como el izquierdista Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que consiguió 14,2%, y el conservador de tendencia evangélica Proyecto Dignidad, que logró 6,9% de los apoyos. Por otra parte, el Partido Independentista Puertorriqueño logró su mejor resultado en las últimas décadas al conseguir 13,7% de los votos.

Sin embargo, apenas unos días después de que la ciudadanía acudiera a las urnas, aparecieron 174 valijas con miles de votos sin contar. Además, tampoco se había contabilizado una parte de los votos adelantados, por lo que en Puerto Rico aún no se ha podido certificar como ganadores ciertos puestos electivos.

“Ha habido una serie de irregularidades y eso ha generado una enorme incertidumbre en el país. La entidad encargada de los comicios, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), no ha manejado la situación de forma adecuada porque ni se preparó para los cambios ni para el volumen de votos, que ha sido mucho mayor en las dos citas electorales anteriores, y ahora no tenemos la certeza de cuál va a ser nuestro nuevo gobierno”, explicó a la diaria el politólogo José Rivera, profesor de la Facultad de Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico.

La ley que rige los procesos electorales, recuerda el experto, se aprobó hace apenas unos meses, “y fue muy criticada porque en su configuración favorecía al gobernante PNP”. “Se hizo además con un mal timing: en el mismo año en que se celebran las elecciones y en plena pandemia; se aprovecharon de las circunstancias para aprobar un nuevo Código Electoral”, lamentó Rivera, quien asegura que el PNP tiene “una reputación de tácticas electorales cuestionables, mafiosas, y opera de manera que les favorece”.

Aunque de momento no parece que el nuevo recuento vaya a afectar al gobernador electo ‒Pierluisi ya ha dicho incluso a la prensa que su nombramiento es irreversible porque las cajas contienen votos distintos al cargo de jefe del Ejecutivo‒, sí podría repercutir en ciertas alcaldías, como la de la capital San Juan, donde la contienda ha estado particularmente reñida. El alcalde electo es Miguel Romero, del PNP, quien aventajó por pocos votos al candidato del MVC, Manuel Natal.

Recuentos y plazos

Debido a esas supuestas irregularidades en el manejo de los votos, el MVC demandó a la CEE para que entregue la lista de los electores que solicitaron voto adelantado, “sobre todo para saber qué tipo de escrutinio se llevó a cabo en San Juan, y comprobar si hubo o no fraude”, indicó Rivera a la diaria.

Tras esa demanda, a la que también se sumaron el PPD y el Partido Independentista Puertorriqueño, una jueza ordenó al máximo organismo electoral entregar las listas de electores que votaron usando la modalidad de voto ausente y adelantado, según informó la agencia Efe. Ante ese pedido, la CEE ordenó el miércoles detener el escrutinio general, que registra los votos no contabilizados el día de las elecciones y el cotejo de actas.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado, dijo ante la prensa que si se cumple con la orden judicial “el escrutinio general no terminará hasta después del 2 de enero”.

Rivera asegura que “eso sería problemático”, ya que en esa fecha debe tomar posesión el nuevo mandatario, tal y como establece la Constitución.

“La CEE echa la culpa a la jueza, pero en realidad la responsabilidad es suya por la falta de organización y competencia alrededor de todo el evento electoral. La opinión pública debería presionar para que este organismo trabaje 24 horas, siete días a la semana y así podamos continuar asumiendo lo que venga”, sostuvo el politólogo.

Independientemente de cuáles sean los resultados definitivos de estos comicios, queda claro que el tradicional bipartidismo del PNP y PPD, que ha dominado la política de Puerto Rico durante décadas, ha perdido apoyo y la ciudadanía ha dado el visto bueno a nuevas formaciones políticas.

“Estamos viendo un cambio generacional que trae consigo un cambio de mentalidad. Las generaciones más jóvenes han crecido en un ambiente de crisis, de polarización política, de precariedad. No han visto un momento en el que Puerto Rico haya tenido un período de crecimiento o desarrollo económico, y ahora muestran su hartazgo y señalan como responsables a los partidos tradicionales”, concluyó Rivera, quien considera que ese patrón de cambio se notará en los próximos ciclos electorales.

Puerto Rico, estado libre asociado de Estados Unidos, vivió el pasado año una oleada de intensas protestas que terminó con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló (del PNP) después de que se filtraran unas conversaciones por chat llenas de comentarios machistas y homófobos en los que participaban tanto él como otros funcionarios del gobierno. En esas conversaciones se mofaban e insultaban a periodistas, políticos, colectivos sociales y artistas, lo que generó una enorme indignación en el país. Y fueron precisamente los jóvenes quienes protagonizaron esas protestas.

La población puertorriqueña también se echó a las calles en 2019 para protestar contra la corrupción y la manera en la que el Ejecutivo afrontó la crisis del huracán María, que provocó muertes y grandes daños a la isla en 2017.

El nuevo gobierno, sin duda, tendrá grandes retos que asumir en un país donde además la pandemia del coronavirus ya ha dejado más de 980 fallecidos y más de 78.000 contagiados.