Los partidarios de Rafael Correa buscan un sustituto para el ex presidente ecuatoriano en la candidatura a la vicepresidencia de Ecuador. Un fallo judicial que se conoció el lunes deja firme una condena por corrupción contra Correa y termina así con su postulación como compañero de fórmula de Andrés Arauz para las elecciones del 7 de febrero.

Si el fallo hubiera tardado un poco más, Correa podría haber obtenido la inmunidad que les corresponde a los candidatos a cargos electivos en su país, pero según el ex presidente, los tiempos de la Justicia se aceleraron por motivos políticos. “¿Por qué creen que me quieren condenar antes de participar? Porque saben que los derrotamos”, dijo.

El dirigente, que vive en Bélgica desde que terminó su gobierno, fue condenado en Ecuador a ocho años de prisión y de inhabilitación política. La Justicia lo considera culpable de participar, entre 2012 y 2016, en una red de financiación ilegal de su partido de entonces, Alianza País, y de recibir fondos de la empresa Odebrecht a cambio de contratos con el Estado.

Correa afirma que fue condenado sin pruebas y que es blanco de persecución de parte del gobierno de Lenín Moreno. A esa persecución atribuye las 12 causas judiciales abiertas en su contra, en las que enfrenta diversos cargos. Es acusado del secuestro de un dirigente opositor, de delincuencia organizada en la construcción de una refinería, de peculado, de fraude procesal, de falsa imputación, de prevaricato y de odio, entre otros delitos.

Para Correa, todo esto no hace más que aumentar su apoyo. La alianza que respaldaba su candidatura tiene que encontrar ahora alguien que acompañe a Arauz en la fórmula presidencial. Uno de los nombres que sonaron en los últimos días para ocupar ese lugar es el de Pierina Correa, hermana del ex presidente. Ella se postula a una banca en el Parlamento, por uno de los partidos de esa alianza, Centro Democrático, pero se la tuvo en cuenta también por otros motivos: designarla sería una manera de reivindicar al ex presidente y de mantener el apellido Correa en la fórmula.

Piden congelar las cuentas de Arce, candidato del MAS

Una de las voces que defendieron a Correa fue la del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, que afirmó que “la Justicia ecuatoriana apresura una sentencia [...] con el objetivo político de proscribirlo como candidato”.

Ese mismo lunes, un tribunal boliviano rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Morales y ratificó así su inhabilitación para competir por una banca en el Senado en las elecciones del 18 de octubre. Cuando fue derrocado, en noviembre, Morales huyó a Argentina y por lo tanto no cumple con el requisito de residir en Bolivia los dos años que preceden a la votación.

Jeanine Áñez, que ocupa la presidencia desde que Morales fue derrocado y compite en las elecciones para seguir en el cargo, elogió el modo en que se le cerró el paso a Morales: “Lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune, porque respetamos la ley y amamos la democracia”.

El ex presidente es investigado en la Justicia de su país por delitos de genocidio, estupro, terrorismo, sedición y, por supuesto, fraude en las elecciones de 2019. Además, el gobierno lo denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Lo acusa de haber convocado protestas con cortes de carreteras, y afirma que esos bloqueos impidieron la circulación de insumos médicos y causaron 40 muertes.

Las acusaciones también apuntan ahora al candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo de Morales, Luis Arce. El viceministro de Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, pidió a la Fiscalía que congele las cuentas de Arce, que fue ministro de Economía, para investigar supuestas irregularidades en la contratación de empresas de software por parte de esa cartera. De acuerdo con Melgar, se contrató un software que “nunca llegó” y “por culpa” de Arce se perdieron más de tres millones de dólares.

Lula y un posible regreso

“Una vez más se hace un uso político de la Justicia al servicio de las elites y los intereses extranjeros. Ya vimos esa película”, tuiteó el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cuando se conoció la sentencia contra Correa. También Lula ha denunciado públicamente persecución judicial en su contra.

En 2018 encabezaba las encuestas como candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia de Brasil, seguido por el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro. La situación judicial del ex presidente impidió su candidatura, Bolsonaro fue electo presidente y el juez que condenó a Lula, Sérgio Moro, se convirtió en ministro de Justicia del nuevo gobierno. Durante 19 meses, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, Lula estuvo preso.

Desde entonces, se conocieron conversaciones, publicadas por The Intercept Brasil, que exponen las motivaciones políticas de varios actores del sistema de justicia involucrados en la investigación, y ponen en cuestión la manera en que Moro condujo la Operación Lava Jato, de la que surgió esa causa.

El lunes, Lula divulgó en sus redes sociales un discurso en el que anunció su voluntad de volver a liderar un cambio político en Brasil. “Me pongo a disposición del pueblo brasileño”, dijo, y continuó: “Ya hemos demostrado al mundo que el sueño de un país justo y soberano para todos puede hacerse realidad. Sé que podemos, una vez más, hacer de Brasil el país de nuestros sueños”.

Para volver a ser candidato, Lula deberá resolver su situación judicial. Fue condenado en dos causas, en las que se lo acusa de recibir propiedades como soborno de las empresas Odebrecht y OAS, a pesar de que no están a su nombre, y se lo investigó en otros ocho casos.

Lawfare al palo”

Otro dirigente del PT, el ex canciller brasileño Celso Amorim, también se refirió a la candidatura de Correa, y dijo que “es un ejemplo más del lawfare en nuestra región”. También Cristina Fernández, ex presidenta y actual vicepresidenta argentina, usó con frecuencia ese término para denunciar el uso político de las leyes en su contra. “El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a líderes políticos de los gobiernos que fundamentalmente tuvieron lugar durante las últimas décadas en la región”, decía en diciembre, en una audiencia judicial. “Un mes antes del cierre de listas a presidentes y vicepresidentes me sentaron en el juicio oral por corrupción en la obra pública. Lawfare puro”, afirmó.

Fernández fue investigada en una decena de casos judiciales, de los cuales siete estuvieron a cargo del juez Claudio Bonadio. Varias de las acusaciones fueron descartadas y otras investigaciones siguen en marcha. Se indagó el origen de objetos históricos incautados en su casa, fue acusada de corrupción en la asignación de obras estatales, de delinquir con su política de “dólar a futuro” y de traicionar a la patria al firmar un memorándum con Irán. En junio Fernández tuiteó una nota del diario Página 12 titulada “Interpol enterró el corazón de la causa por el memorándum con Irán”, y escribió: “Lawfare al palo”.

Ayer, después de que la Cámara Federal anuló el procesamiento de cuatro ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri acusados de irregularidades, Fernández tuiteó: “¿Se dan cuenta de que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darles impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”.

Sobre los casos de Correa y Morales, la vicepresidenta no se manifestó, pero sí lo hizo el canciller argentino, Felipe Solá, que consideró que existe “una persecución por el lado judicial”. El ministro recordó que su país no reconoce al gobierno de Áñez en Bolivia, y agregó: “En el caso de Ecuador, no puedo entrar al fondo de las razones y hechos desde lejos, pero creo que prevalece la idea de Correa como líder antes de Correa como persona acusada”.