Trump aprovecha los últimos días de gobierno para frenar leyes, emitir resoluciones y aprobar indultos para sus aliados

Durante los dos meses que transcurrieron desde las elecciones del 3 de noviembre, que le dieron la victoria a Joe Biden, el presidente Donald Trump impulsó una agenda propia, desligada de las prioridades de su propio partido en el Congreso, y de la crisis sanitaria que fue un asunto central en la campaña electoral.

Estados Unidos encabeza los números mundiales de covid-19, con unos 20 millones de casos y más de 340.000 muertes, pero Trump no ha participado en ámbitos en los que se definen las políticas sanitarias y en los que estaba prevista su presencia, según la prensa estadounidense. Una de las pocas decisiones vinculadas con esta crisis que tomó en este período fue la firma de una orden ejecutiva para que se dé “prioridad a los estadounidenses” en la administración de las vacunas contra la covid-19 producidas en Estados Unidos, antes que enviarlas a otros países.

Después de las elecciones, Trump se concentró en cómo revertir el resultado, pero también en aprovechar su poder presidencial mientras dure. Es así que en las últimas semanas utilizó su potestad de indultar en beneficio de partidarios y allegados. Uno de los condenados a los que indultó fue el suegro de su hija Ivanka, Charles Kushner. En 2004, el padre de Jared Kushner se declaró culpable de delitos de evasión fiscal y represalias contra un testigo federal.

También fueron indultados en diciembre cuatro colaboradores del presidente investigados en la llamada “trama rusa”, entre ellos su ex jefe de campaña Paul Manafort, condenado por delitos financieros. Los otros tres beneficiados fueron Roger Stone, George Papadopoulos y Alex van der Zwaan, que entre otros cargos compartían el de mentir a las autoridades en el marco de esta investigación. Antes, en noviembre, el presidente había indultado a otro condenado por el mismo delito, Michael Flynn, su primer asesor de seguridad.

También recibieron indultos presidenciales tres ex diputados republicanos condenados por delitos de corrupción –Chris Collins (fraude bursátil), Steve Stockman (lavado de activos) y Duncan Hunter (malversación de fondos)–. Pero los que más indignación causaron fueron los indultos que Trump otorgó a cuatro mercenarios de la empresa Blackwater que fueron sentenciados por matar a 14 civiles en Bagdad en 2007. Los cuatro eran ex soldados estadounidenses y tirotearon una plaza llena de personas que no representaban ningún tipo de amenaza. Uno de los mercenarios, Nicholas Slatten, había sido condenado a cadena perpetua. Pero Trump lo perdonó.

La firma Blackwater, que actuó como contratista de seguridad para el gobierno estadounidense en la guerra de Irak, cambió de nombre muchas veces, pero sigue en manos de Erik Prince, un hombre cercano al gobierno de Trump y hermano de la secretaria de Educación, Betsy DeVos.

Del mismo modo que otorgó indultos, Trump también se encamina a marcar un récord de ejecuciones de penas de muerte. En Estados Unidos el número de ejecuciones estaba en caída, tanto en los estados como en el ámbito federal. Pero el actual presidente podría convertirse en el que impulsó el mayor número en los últimos 100 años, con 13 ejecuciones desde julio y otras cinco cuyo proceso se aceleró en los últimos días. De esta manera, además, rompe con la norma no escrita de poner en pausa las ejecuciones durante la transición hacia otro gobierno, una tradición que tiene unos 130 años.

Destituciones y decretos

Después de perder las elecciones, Trump destituyó a nueve integrantes del Consejo Comercial de Defensa del Pentágono, un órgano consultivo que asesora al Pentágono y elabora informes sobre la actuación de las agencias de defensa. En esos cargos, el presidente saliente nombró a algunos de sus aliados. En rechazo a esta decisión renunciaron varios altos funcionarios civiles del Pentágono, que también fueron reemplazados por aliados de Trump.

Otra de sus decisiones recientes fue la de vetar una ley que incluye el presupuesto de defensa para 2021, algo que en 59 años ningún presidente estadounidense hizo; todos los demás respetaron la decisión del Congreso. Pero Trump les respondió a los legisladores que esa ley, “lamentablemente no incluye medidas cruciales de seguridad nacional” y “contradice los esfuerzos” de su gobierno “para poner a Estados Unidos primero”.

La Cámara de Representantes decidió esta semana levantar el veto del presidente, y lo mismo hizo este viernes el Senado, de mayoría republicana, con 81 votos a favor y 13 en contra. Fue la primera vez que el Congreso tomó una decisión de este tipo durante la presidencia de Trump, que termina en 18 días, cuando el 20 de enero asuma Biden.

También es inusual que un presidente tome decisiones como la que Trump adoptó en noviembre de reducir las tropas en el exterior, en este caso, las que su país todavía mantiene en Irak y Afganistán. En situaciones similares, otros se abstuvieron de implementar cambios y lo dejaron en manos del próximo gobernante. Con esta decisión se vincula el veto de Trump al presupuesto de defensa, porque la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2021 pone límites a su capacidad de retirar tropas desplegadas en otros países. En cualquier caso, esto no es un indicio de que el actual gobierno deje de lado la presencia militar en el exterior. En los últimos días, desplegó y después replegó dos bombarderos B-52 con capacidad nuclear en las cercanías de Irán.

Ya que estamos

A estas decisiones de Trump se suman otras muy diversas. Una de ellas es la orden ejecutiva que establece que los nuevos edificios federales que se construyan en el país deben seguir un ideal de belleza de “estilo clásico”. El decreto, citado por la agencia de noticias Efe, elogia los edificios públicos antiguos de Grecia y Roma y critica por “feos e inconsistentes” otros estilos más recientes.

Del mismo modo en que se ocupa de la arquitectura, Trump define, a último momento, medidas de política exterior con impacto en conflictos internacionales. Así lo hizo al tomar posición a favor de Marruecos y atribuirle soberanía sobre el Sahara Occidental, una ex colonia española cuya independencia reclama el Frente Polisario, que en 1976 declaró allí la República Árabe Saharaui Democrática, que fue reconocida por varios gobiernos.

La decisión de Estados Unidos llevó a la Unión Europea a recordar que este conflicto no se dirimió. De hecho, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, intenta relanzar el diálogo entre las partes enfrentadas.

Trump también generó reacciones de la Autoridad Nacional Palestina, porque ese reconocimiento fue parte de un acuerdo por el que Marruecos retomó relaciones con Israel y se convirtió así en el cuarto país árabe en reanudar ese vínculo. Los palestinos acusan a esos cuatro países (Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán) de darles la espalda al reanudar esas relaciones que promueve Estados Unidos sin imponer ninguna condición vinculada con el establecimiento de un Estado palestino.

Amenaza de veto

Antes de irse, Trump utilizó su poder también para negarse por cinco días a firmar un plan que había votado el Congreso para atender a distintos sectores afectados por la crisis económica vinculada con la pandemia. Esta norma pone en marcha recursos por 900.000 millones de dólares, de los cuales una parte se destinaba a reforzar subsidios al desempleo, ayuda a pequeñas empresas, recursos para evitar los desalojos de familias de sus viviendas y fondos para la distribución de vacunas, entre otras medidas.

Finalmente, firmó esa ley el domingo, desde sus vacaciones en su residencia de Florida, Mar-a-Lago, donde jugó al golf y pasó la Navidad. Si no lo hubiera hecho, entre diez y 14 millones de personas habrían quedado sin seguro de desempleo, y cientos de miles de empleados estatales tendrían suspendidos sus sueldos por falta de recursos en la administración, porque esa ley estaba vinculada también con el presupuesto para que siguiera funcionando el Estado.

Trump argumentó que su resistencia a firmar la ley se debía a que una de las medidas de emergencia que contemplaba, la entrega de una partida de 600 dólares a millones de personas de los hogares con menos ingresos, debería aumentarse a 2.000 dólares. “Aumenten los pagos a la gente”, dijo.

La cifra de 600 dólares la había negociado el propio Ejecutivo de Trump, pero el presidente lo devolvió al Congreso para que se aumente esa cantidad. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, estuvo de acuerdo, y votó a favor, pero el líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, que hasta hace unas semanas apoyaba a Trump incluso en su posición contraria a los resultados electorales, esta vez le dio la espalda y dijo que la iniciativa “no tiene un camino realista para ser aprobada en el Senado”.

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