Numerosas reacciones ocasionó a nivel local e internacional el fallo adoptado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador de habilitar la reelección presidencial.

En su resolución, los magistrados consideraron que sólo compete “al pueblo” decidir si el presidente debe continuar o, por el contrario, decantarse por otra opción.

Hasta ahora, y según la Constitución, los presidentes salvadoreños, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo para un período inmediato. En concreto, el artículo 152 señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.

Por esta razón, los mandatarios debían esperar al menos dos legislaturas, es decir diez años, en caso de que quisieran volver a competir en unas elecciones para regresar al Ejecutivo.

Sin embargo, los jueces le dieron otra interpretación a la norma y argumentan que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano pueda ser presidente por un máximo de diez años.

Como salvedad en su nueva interpretación, los magistrados indicaron que “ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período que deba solicitar una licencia durante los seis meses previos” al inicio del siguiente período, lo que significa que, si Bukele decide postularse en 2024, deberá renunciar seis meses antes de terminar su actual mandato.

Según consignó el portal salvadoreño El Faro, la sentencia de la sala hecha pública el viernes argumenta que el texto constitucional que prohíbe la reelección responde a necesidades de “hace 20, 30, 40 años”. A la luz de los nuevos tiempos, concluyen los magistrados, eso representa una “excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo”.

El sábado, el Tribunal Supremo Electoral anunció que acatará la nueva disposición emitida por el máximo tribunal del país. En un breve comunicado, de tres párrafos, resaltó el hecho de que, si así lo desea, el actual presidente podrá postularse de nuevo.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el oficialismo tiene una abrumadora mayoría luego de imponerse en las elecciones de febrero de este año, destituyó el 1º de mayo a los magistrados titulares y suplentes de la CSJ por supuestamente cometer “fraude a la Constitución” y violar la separación de poderes.

Inmediatamente la oposición denunció la acción de la mayoría de los legisladores como “anticonstitucional”, ya que la medida fue vista como un ataque directo al Poder Judicial, el único de los tres poderes del Estado que no estaba bajo el control de Bukele y sus aliados. En aquel momento muchos gobiernos de la región y de otras partes del mundo criticaron lo que estaba pasando en El Salvador, pero obtuvieron una rotunda respuesta de Bukele formulada a través de su cuenta en Twitter, su herramienta de comunicación predilecta.

“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”, escribió Bukele a comienzos de mayo.

Ahora, la nueva disposición que permite la reelección generó nuevas reacciones.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, dijo en su cuenta de Twitter que “la democracia en El Salvador está al borde del abismo” después de que la CSJ avalara la posibilidad de la reelección de Bukele.

“La Sala de lo Constitucional de El Salvador –que Bukele cooptó en mayo de este año– acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección”, escribió Vivanco, de acuerdo a lo que consignó la agencia Efe. El jerarca de HRW agregó: “Muchos venimos alertando hace más de un año sobre los riesgos para el Estado de derecho en El Salvador”, y lamentó que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, descartara estas alertas, al tiempo que etiquetó a quienes las emitían de ser “voces recurrentemente histéricas”.

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la mexicana Erika Guevara-Rosas, indicó que observan a El Salvador para “denunciar prácticas violatorias” de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.

“En el mundo nos enfrentamos a gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar los Derechos Humanos. Queda demostrado que El Salvador no será la excepción”, publicó Guevara-Rosas en Twitter.