Distintos acontecimientos y movimientos en los precios, tanto en el plano internacional como local, han generado un combo de noticias que encendió las alarmas en el sector privado y en las autoridades. El riesgo de una potencial escalada de la inflación, especialmente vinculada a la suba de alimentos y productos de la canasta básica, provocó diversas reuniones y contactos en las últimas horas. Según las fuentes consultadas por la diaria, la definición sobre la aplicación o no de medidas ‒y cuáles, en caso afirmativo‒ está en la órbita de Presidencia, y más específicamente será decisión del presidente, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) eleve un documento al jefe de Estado.
Tanto el presidente Luis Lacalle Pou como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, han estado fuera del país estos días, pero existe una comunicación fluida respecto del tema, indicaron las fuentes. Una posibilidad que cobra fuerza, porque se trata de un instrumento al que ya recurrió el gobierno al comienzo de la pandemia ‒cuando la inflación superó la barrera del 10%‒ es efectuar un acuerdo voluntario de precios con las principales gremiales empresariales. Esta medida es vista con buenos ojos por actores privados, aunque los analistas descreen de los efectos reales que pueda tener, ya que más bien se trata de una señal para anclar expectativas.
El presidente dijo el miércoles que “la práctica de este gobierno no es la fijación de precios”, sino que se busca algún “mecanismo que ayude a balancear y regular este aumento”, que atribuyó al escenario de crisis internacional por el conflicto bélico provocado por Rusia.
Hasta este viernes no habían existido contactos con las cámaras empresariales para reeditar el acuerdo de precios. Cuando se aplicó el pacto voluntario en mayo de 2020, implicó el congelamiento de 84 productos de la canasta básica por un lapso de tres meses. En ese momento la inflación estuvo por cuatro meses arriba en dos dígitos y luego cedió.
“Si el gobierno nos llama, acudiremos a escuchar y trataremos de ayudar. Nosotros somos tomadores de precios”, dijo a la diaria el gerente de la Asociación de Supermercados, Daniel Menéndez. Por su parte, la economista Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, manifestó: “Estamos expectantes, a la espera de una propuesta del gobierno. [El acuerdo de precios] puede servir para anclar un poco las expectativas, es un remedio momentáneo”.
Suba del trigo y preocupación de industriales
Quienes sí mantuvieron una reunión con el MEF fueron los directivos de la Cámara de la Industria Alimenticia (Ciali), que agrupa a las principales empresas locales proveedoras de alimentos para comercios mayoristas y minoristas. José Pedro Flores, presidente de la Ciali y empresario del rubro galletitas, dijo a la diaria que hay “un aumento generalizado de costos, sobre todo a nivel del trigo [un commodity cuyo precio se fija en los mercados internacionales] que tiene enorme volatilidad”, que impactará en los precios de distintos alimentos basados en harina.
Los molinos, encargados de la molienda del trigo y la producción de harina, comunicaron este viernes una suba en promedio del 10% de sus precios. Según explicó Flores, el incremento “debería haber sido mayor” si se toman los precios actuales del trigo en los mercados internacionales, lo que hace prever que de no ocurrir una baja próxima podrían venirse nuevos aumentos.
Repasó que la tonelada de esta materia prima cotizaba a 150 dólares el año pasado, ascendió a unos 280 dólares en enero y tras los sucesos de la guerra en Ucrania llegó a 500 dólares. Ahora bajó y se ubica en torno a los 390 dólares, pero aún es incierto qué pasará hacia adelante. En el caso de la producción de galletitas, el valor de la harina representa cerca del 50% del costo, indicó.
A su vez, Flores señaló que las industrias tuvieron en agregado “el aumento de los combustibles, los envases, el gas natural y las grasas ‒alrededor del 20%‒; es un combo de aumento de los insumos que nos lleva a estar preocupados, porque sabemos que el país no soporta una suba generalizada de los alimentos porque el consumo aún está retraído”.
Otra de las preocupaciones que la Ciali llevó a las autoridades del MEF refiere a una medida oficializada en los últimos días por el gobierno argentino de Alberto Fernández: la creación de un fideicomiso que subsidia el precio del trigo para el mercado interno y lo fija en 114 dólares por tonelada ‒muy por debajo del valor internacional actual‒además de establecer precios de referencia para la harina y los fideos secos. Con esto el país vecino busca contener la suba de precios de los alimentos y defender al mercado interno ante la prevalencia de precios internacionales muy favorables para los productores de trigo.
“Ya tenemos diferencias con los productos argentinos”, que ingresan a valores más bajos que la industria local por menores costos de producción, planteó Flores, y ahora se agrega esta última novedad del precio subsidiado. “Esto nos tiene muy preocupados” y el planteo a las autoridades fue estudiar algún tipo de medida espejo, como incluir una tasa impositiva a los productos desde Argentina que compense ese subsidio de costos que poseen, algo que, según planteó el industrial, ya se hizo años atrás con los llamados “derechos específicos, para contrarrestar las detracciones [que impuso Argentina en los períodos del kirchnerismo]”.
Respecto de esta posibilidad, la Ciali se comprometió a presentar al MEF un estudio en el que se cuantifiquen los impactos del subsidio argentino en los alimentos que ingresan al país.
También en la reunión se habló de “buscar la manera de bajar los costos” para producir, por ejemplo a nivel de la energía o alguna exoneración de aportes, medidas que, dijo, el MEF se comprometió a estudiar. Como evaluación de la reunión, Flores declaró que percibió a las autoridades “preocupadas por el tema inflacionario” y confía en que se tomarán “algunas medidas” para hacer frente a la situación.
Suba de la carne y la leche
El precio del envase tradicional de un litro de leche ‒pasteurizada envasada en bolsitas de polietileno, con un tenor graso no inferior a 2,6%‒ está tarifado y se ajusta semestralmente. A partir de ayer ese valor pasó por resolución del MEF de 36 a 37 pesos, lo que también implica ajustes en el resto de la cadena de precios, es decir lo que reciben los tamberos y lo que abonan los comerciantes por la leche.
Por otro lado, el precio de los cortes más demandados de carne vacuna aumentó en torno al 25% desde fines de enero: carne picada, asado y pulpa para milanesa. El presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Alfonso Fontenla, dijo al diario El Observador que podrían ocurrir nuevas subas en el corto plazo porque “el motivo de todo esto es una fuerte demanda por las carnes uruguayas en el mercado internacional y una revalorización” del producto. Una posibilidad que maneja el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es importar vía privados carne de Paraguay que no pudo ser vendida a Rusia por el conflicto, para hacer crecer la oferta interna y contener los precios, según informó la radio Universal.