En una carta impulsada por la asociación ¿Dónde Están? de Francia, 24 juristas de distintos países firmaron contra el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años que está a estudio del Parlamento por entender que, así como está presentado, “no ofrece suficientes garantías para la justicia de las graves violaciones de los derechos humanos” y que “parece presentar importantes ambigüedades e insuficiencias en lo que se refiere a los autores de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya”.
A continuación, la misiva detalla los puntos que, a entender de los juristas, dan lugar a esta falta de garantías. En primer lugar, que “la decisión de otorgar prisión domiciliaria sería tomada por el juez sin consultar en ningún momento a las víctimas o sus abogados”, lo cual en lo relativo a crímenes de lesa humanidad “deja la puerta abierta a una banalización de esos crímenes y a una subestimación de su gravedad”.
Asimismo, según los firmantes, el proyecto presenta “reparos formales insuficientes” para “impedir que criminales de lesa humanidad que nunca colaboraron con la búsqueda de la verdad ni manifestaron compasión por sus víctimas” puedan acceder a este beneficio y lo hagan “por el solo hecho de su edad”.
La carta también matiza el “argumento de la situación ‘biopsicosocial’ del detenido” tal como está planteado en el proyecto por entender que es “impreciso” y, además, “toma un valor particular en el caso de los represores recluidos” que, según los juristas, “ya se benefician de condiciones de detención especiales muy favorables con respecto a los demás detenidos”, “facilidades” que “deben ser tomadas en cuenta en la evaluación de la situación del detenido”.
A modo de conclusión, señalan que esta legislación sería “incompatible con el cumplimiento por parte de Uruguay de las normas de derecho internacional relativas a los derechos humanos”.
La carta está firmada por juristas de Brasil, Francia, Argelia, Marruecos, Países Bajos, Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, Bélgica, Suiza y Canadá.
“Una ley así” es “contraria a normas internacionales”
El punteo de los juristas va en línea con las observaciones hechas por tres relatores especiales de Naciones Unidas en abril, en las que si bien reconocieron “las enmiendas positivas que se han dado desde el primer proyecto” que presentó Cabildo Abierto (CA) en su momento, plantearon que hay razones para creer que algunas disposiciones “podrían beneficiar a aquellos individuos condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.
La presidenta de ¿Dónde Están? de Francia, Elena Salgueiro, dijo a la diaria que con esta iniciativa buscaron dejar en claro que el problema relativo a este proyecto no es “solamente uruguayo”, sino que “una ley así” es “contraria a normas internacionales”. Con el proyecto que finalmente obtuvo la media sanción del Senado, la asociación entiende que los perpetradores de delitos de lesa humanidad no se “benefician de manera tan automática como en el primer proyecto”, pero igualmente la posible ley tiene “prácticamente las mismas consecuencias”.
Al primer proyecto de ley de CA le siguió uno de la senadora Carmen Asiaín, del Partido Nacional, que fue el que se aprobó en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y luego en el pleno de la cámara, sólo con los votos del oficialismo, en diciembre de 2023. Ahora, está en manos de la Comisión de Constitución de Diputados.
El texto siguió sufriendo cambios, pero, en síntesis, enumera los “elementos de especial relevancia” que la Justicia deberá tener en cuenta para aplicar las medidas sustitutivas a la prisión efectiva y establece que deberá tener especial consideración con los mayores de 65 años.
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