La reciente publicación del Informe Global sobre la Riqueza, elaborado por el banco suizo UBS, reveló que Uruguay sumó 363 nuevos millonarios en 2024, alcanzando un total de 17.675 personas con patrimonios de al menos un millón de dólares, según informó Búsqueda. Aunque este grupo representa una fracción ínfima de la población, concentra una porción significativa de la riqueza nacional, y esto es lo que impulsó al PIT-CNT, tal como planteó el lunes su presidente, Marcelo Abdala, a proponer la creación de un impuesto a los sectores más ricos para resolver el problema de la pobreza infantil en el país.

Si bien el gobierno ya adelantó que no prevé crear nuevos impuestos, los expertos Mauricio de Rosa y Gustavo Viñales coincidieron, consultados por la diaria, en que el sistema tributario uruguayo presenta debilidades en su capacidad redistributiva, lo que ocasiona que los sectores más ricos terminan aportando, en términos proporcionales, menos que el resto de la población.

Ante este escenario, los especialistas plantearon dos opciones posibles: un impuesto del 1% a los sectores más ricos del país u otro que grave el patrimonio.

Para el economista Mauricio de Rosa, doctor en Economía y docente universitario, los datos del Informe Global sobre la Riqueza no hacen más que confirmar una tendencia persistente en Uruguay: existe un núcleo reducido de personas con patrimonios millonarios, en un contexto de desigualdad estructural que el sistema tributario no logra corregir.

“Ya sabíamos que había unas 25.000 personas, que es grosso modo el equivalente al 1% más rico de población adulta uruguaya, que tiene patrimonios en el entorno del millón de dólares o más. Con datos de 2016 ya teníamos un número parecido también. Estos datos dan cuenta de que hay un conjunto de población considerable, pero que aun así no llega a superar al 1% de la población uruguaya, que tiene patrimonios de un millón de dólares o superiores”, explicó De Rosa.

Según De Rosa, la propuesta del PIT-CNT podría generar ingresos equivalentes al 1% del producto interno bruto (PIB). “Son magnitudes de recaudación muy importantes para Uruguay con los problemas fiscales que tenemos y además con los desafíos de la política pública”, señaló.

Mientras tanto, Viñales, quien es contador, profesor universitario e investigador asociado al Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), sostuvo que el camino no pasa por crear un tributo nuevo, sino por actualizar el actual Impuesto al Patrimonio. “Creemos que más allá de los movimientos internacionales en favor de un impuesto a los multimillonarios o al 1% más rico de la sociedad, consecuencia de las crisis recientes que han provocado un incremento de la desigualdad y han exacerbado la ya elevada concentración del ingreso, desde el punto de vista de la técnica tributaria es mucho más consistente un impuesto al patrimonio neto con un mínimo no imponible”, añadió.

La discusión

Al otro día de la reunión entre las nuevas autoridades del PIT-CNT y el presidente Yamandú Orsi, el mandatario manifestó que el gobierno no está pensando en nuevos tributos, y también el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se manifestó contrario a la creación de un impuesto al 1% más rico del país el jueves, después de la reunión del Consejo de Ministros. “La propuesta del PIT-CNT sostiene que hay evidencia contundente en relación con la posibilidad de utilizar este instrumento; yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla”, dijo en rueda de prensa.

Además, opinó que, a su entender, “la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto y no con política tributaria”, porque debe ser “lo más neutra posible a los efectos de maximizar la recaudación”. No obstante, apuntó que esto “no quiere decir que no tenga que tener elementos de progresividad”, y remarcó en ese sentido el funcionamiento del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF).

La idea de aplicar un impuesto a los ricos se viene discutiendo a nivel internacional y regional luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, propusiera aplicar un impuesto a los “superricos” para achicar la brecha de desigualdad social.

Nuevas cifras sobre millonarios

Según el Informe Global sobre la Riqueza –que cubre el 92% del patrimonio mundial–, Uruguay incorporó 363 nuevos millonarios en 2024, lo que representa un incremento del 2,2% respecto de 2023. Con un total de 17.675 personas con patrimonios superiores al millón de dólares, el país se encuentra en el puesto 49 del ranking global de millonarios.

El estudio también señala que el patrimonio promedio por adulto en Uruguay fue de 89.304 dólares, una de las cifras más altas de América Latina. A nivel mundial, se sumaron más de 680.000 nuevos millonarios, lo que eleva el total a casi 60 millones.

Por su parte, datos del World Inequality Database –proyecto en el que participa el economista Mauricio de Rosa– revelan que en Uruguay el 1% más rico concentra el 40,6% de la riqueza, mientras que el 10% más acaudalado posee el 76,9% del total.

¿Por qué crecen tanto estos patrimonios?

De Rosa aclaró que en ese sector existe una “particularidad”: “El comportamiento del patrimonio dentro de ese grupo es explosivo, los patrimonios crecen muy rápidamente. No es para nada extraño ver de estos grupos patrimonios de 5, 10, 20, 100, 200 millones de dólares, incluso hasta más de 1.000 millones de dólares, de hecho los dos uruguayos que hay en la lista de Forbes tienen 1.100 millones de dólares en patrimonio neto. Entonces este grupo de millonarios incluye a individuos que tienen desde un millón hasta 1.000 millones o más”, señaló. Por tanto, es un grupo “muy heterogéneo y desigual en su propia interna”. Sin embargo, “estos datos sin duda vienen a poner de vuelta sobre la mesa la necesidad y también la posibilidad de pensar en los gravámenes sobre el patrimonio para esta población”, añadió.

Consultado sobre el aumento del número de millonarios, De Rosa descartó una causa coyuntural: “El patrimonio tiene una tendencia natural a crecer. Incluso cuando se lo coloca en instrumentos financieros de bajo rendimiento, ese ingreso se acumula, se reinvierte y vuelve a generar ganancias. Es un efecto bola de nieve que no requiere demasiada intervención de parte de quien lo posee. Además, muchos activos se valorizan por sí mismos, como ocurre con la tierra o los inmuebles”, explicó.

Este comportamiento, añadió, no es exclusivo de Uruguay. “A nivel global, el número de millonarios sigue aumentando, al igual que el de multimillonarios. Hoy hay más de 3.000 personas con patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares, y ya existe un nuevo grupo que ni siquiera existía hace una década: los ‘centimilmillonarios’, individuos con más de 100.000 millones. Entre ellos, están Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Musk tiene un patrimonio por arriba de 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de patrimonios realmente gigantescos y que van a ir creciendo muy rápidamente”, apuntó.

¿Qué impacto redistributivo tendría un impuesto a los más ricos?

De Rosa matizó las expectativas sobre el impacto inmediato de un impuesto al patrimonio e indicó que depende del diseño y de cómo se instrumenta. “En general, las estimaciones que tenemos muestran dos cosas. En primer lugar, el efecto de corto plazo sobre la distribución del patrimonio es relativamente moderado. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo y que el impuesto sigue actuando, se empieza a tener una tendencia lenta y sostenida a la reducción de la desigualdad patrimonial. Todas las fuerzas en general operan en sentido de mayor preservación de la riqueza, es una forma por lo menos de neutralizar, básicamente, la desigualdad. Así que digamos, el efecto de corto plazo es moderado, en el mediano y largo plazo es mucho más potente”, explicó.

Agregó: “La clave está en el diseño. Si el impuesto tiene una tasa plana o si es progresivo, los efectos redistributivos pueden ser muy diferentes. Pero incluso una tasa moderada puede tener un gran impacto si se destinan los recursos recaudados a políticas que beneficien directamente a sectores vulnerables”. “Hay que pensar que un impuesto del patrimonio, por sí solo, nunca va a arreglar nada. Como no lo hace ningún instrumento, claramente. Uno tiene que pensar en una batería de política pública”, indicó.

Impuesto al patrimonio

Por su parte, Viñales argumentó que en vez de impulsar un impuesto a los ricos, debería utilizarse uno ya existente, y recordó que el impuesto al patrimonio se introdujo por primera vez en Uruguay en enero de 1964, durante el segundo colegiado blanco. “El impuesto al patrimonio es una herramienta que ya existe en nuestro sistema tributario. Decimos que requiere actualización porque casi no se abordó en la reforma tributaria de 2007, salvo por un descenso paulatino de las alícuotas en el régimen de personas físicas. Hoy el impuesto al patrimonio tiene las alícuotas más bajas en su historia”, explicó.

El contador indicó que dicha herramienta se pensó de forma transitoria para generar recursos extraordinarios, sin embargo, en diciembre de 1967, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, se volvió permanente. “Todo esto viene a demostrar que el impuesto al patrimonio es una herramienta histórica en nuestro sistema tributario, que siempre procuró contribuir a mejorar el perfil del sistema tributario y hacerlo más equitativo, en la redistribución del ingreso y en el control de otros impuestos”, sostuvo.

En diversos trabajos realizados por el Laboratorio Fiscal y Tributario de Cinve se plantea la necesidad de actualizar el impuesto al patrimonio en Uruguay. En dichos informes, que citó Viñales, se lo define como “un impuesto al patrimonio perforado y desactualizado, con múltiples enmiendas parciales, que no cumple con sus dos objetivos iniciales y fundamentales: de suficiencia y de control o regulador de otros impuestos”.

“El rediseño de este impuesto debiera estar orientado, fundamentalmente, a redefinir los actuales criterios de exclusión y evaluación de los principales activos, eliminando exoneraciones genéricas y procediendo a incluir de forma integral activos que no están siendo tenidos en cuenta en el presente para la determinación del patrimonio de las personas físicas”, remarcó.

Un sistema tributario poco progresivo

Para De Rosa, el sistema tributario uruguayo está lejos de cumplir una función redistributiva efectiva. Señaló que impuestos como el IVA son marcadamente regresivos, ya que los hogares de menores ingresos terminan destinando una mayor proporción de sus recursos al consumo, en comparación con los sectores más ricos. Si bien destacó que el IRPF en su categoría 2 (ingresos laborales) tiene un comportamiento progresivo, advirtió que no ocurre lo mismo con los impuestos al capital, cuya estructura “plana” les da un carácter “neutral” en términos distributivos.

“Ciertamente la progresividad tributaria en su conjunto es todavía muy débil, el sistema tributario podría ser mucho más redistributivo, porque los instrumentos redistributivos que tenemos, el IRPF en particular, podrían ser mucho más progresivos de lo que son”, añadió.

En una línea similar, Viñales consideró que en el mundo hay regímenes de imposición a las rentas personales que “gravan más fuertemente el trabajo que el capital”. “Los sectores de altos ingresos en general no se remuneran por formas de trabajo, sino por las formas que tributan por rentas de capital y casi no aportan a la seguridad social o lo hacen por montos relativos muy bajos respecto de sus ingresos. Por otra parte, casi han desaparecido los impuestos a las herencias, cuando, por ejemplo, en Uruguay existieron en casi todo el siglo XX. Es decir, cuando analizamos los sistemas tributarios en su conjunto, se observa que los sectores más ricos tributaron menos por sus ingresos y su riqueza que los sectores medios por su trabajo. Eso ocurre además en un contexto de crecimiento sostenido de millonarios en todo el mundo”, reflexionó.

¿Y el impacto en la inversión?

Viñales afirmó que la imposición al capital, a la riqueza acumulada y a la riqueza heredada han vuelto a formar parte de las herramientas centrales de la teoría moderna de la tributación óptima, tras años de haber sido desplazadas del debate. “La antigua prudencia convencional de que un sistema tributario ideal no debiera incluir este tipo de impuestos hoy aparece severamente cuestionada en los debates académicos a nivel global. Porque además hay muchos y fundados aportes académicos que demuestran que su rebaja no contribuyó al crecimiento económico. Es difícil de explicar en pocas palabras, pero la existencia de un impuesto a los ricos o al patrimonio viene a cubrir o complementar las deficiencias de los sistemas de imposición a las rentas”, indicó.

Frente al argumento de que un impuesto al patrimonio podría desalentar la inversión, De Rosa fue enfático en relativizar ese riesgo: “Se tiende a tener como una percepción de que hay una respuesta muy consolidada, exacta y en piedra, y en realidad no es así. La teoría empírica sobre estos temas lo que muestra es que hay una respuesta mixta. Es decir, hay algunos tipos de tributos en algunos contextos que tienen un perjuicio para la inversión, para el empleo, y hay otros que no”.

Según De Rosa, lo que predomina en las investigaciones actuales es que el efecto principal de este tipo de impuestos está más vinculado con el comportamiento declarado –cómo se reportan los ingresos y patrimonios– que con cambios reales en la inversión o el ahorro. “Además, al evaluar el impacto económico, hay que considerar el destino de la recaudación. Si ese 1% del PIB se invierte en educación, infancia o políticas de protección social, el efecto puede ser claramente positivo en términos de crecimiento. Muchas de esas inversiones, de hecho, se pagan solas a largo plazo”, afirmó.

El economista también destacó la necesidad de mejorar la calidad del debate público: “Hace falta una discusión más sofisticada sobre tributación y redistribución. Muchas veces se parte de supuestos débiles o directamente obsoletos”.

Con respecto a la posición del gobierno de no elevar impuestos, De Rosa dijo que desde el punto de vista técnico aún hay margen para nuevas propuestas. “Uruguay no tiene una presión fiscal especialmente alta. Si nos comparamos con países de desarrollo y PIB per cápita similares, estamos por debajo. Si una reforma tributaria aumentara la presión fiscal en uno o dos puntos, seguiríamos en los mismos rangos que otros países comparables. La idea de que Uruguay ya llegó a su límite fiscal carece de sustento empírico sólido”, concluyó.