Mediante un decreto, días después de modificar aspectos técnicos en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el equipo económico liderado por Gabriel Oddone realizó un conjunto de cambios al régimen general de promoción de inversiones. Se trata de una revisión de la reglamentación de la Ley de Inversiones y Promoción Industrial (16.906) –promulgada en 1998, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti–, que, a diferencia de la devolución del Fonasa, figura de manera explícita en las bases programáticas del Frente Amplio para el actual período de gobierno.

Allí, entre otras cosas, la fuerza política fijó que “la atracción de capitales debe basarse en la generación de auténticas ventajas competitivas” y estableció que “los capitales deben contribuir, como el conjunto de la sociedad, a construir esas ventajas competitivas”.

Con este compromiso, el Poder Ejecutivo, encabezado por Yamandú Orsi, aplicó medidas de continuidad y también de las otras. En marzo del año pasado, por ejemplo, resolvió extender por un año el régimen de promoción de inversiones para la construcción que había instaurado, en el marco de la emergencia sanitaria, la anterior administración. En octubre, en cambio, el actual gobierno dio marcha atrás a uno de los decretos firmados por Luis Lacalle Pou y eliminó la posibilidad de que las empresas de la industria tabacalera accedan a los beneficios impositivos previstos justamente en la Ley 16.906.

Ahora, con el propósito de “acelerar el crecimiento económico del país” a través de la inversión del sector privado, el gobierno llevó a cabo una “revisión de la metodología de evaluación de los proyectos de inversión” para aumentar sus efectos “en términos de objetivos de desarrollo estratégico” y, al mismo tiempo, “generar un efecto positivo significativo sobre el valor agregado de la economía”.

¿Cuáles son las principales modificaciones?

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el nuevo decreto reglamentario “se prioriza el empleo en los grupos poblacionales que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo”. En tal sentido, las empresas recibirán una mayor puntuación para la promoción de sus inversiones si en sus proyectos se incluye la contratación de mujeres, jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, personas trans que tengan la Tarjeta Uruguay Social, personas con discapacidad, personas atendidas por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y personas que en los últimos tres años hayan participado de distintos programas de empleo protegido, entre ellos, Uruguay Impulsa (Jornales Solidarios).

En el renovado criterio de puntuación también se prioriza “la descentralización de la inversión en los departamentos de Uruguay que hoy sufren las principales problemáticas de empleo y pobreza”, comunicó el MEF. De este modo, una inversión prevista para Artigas o Treinta y Tres tendrá un mayor puntaje (diez puntos) que un proyecto presentado para Colonia o Flores (dos puntos).

Asimismo, en la nueva normativa “se hace especial énfasis en generar un marco que democratice el acceso a la herramienta de incentivo a la inversión, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas”, las cuales “recibirán incentivos adicionales”.

En concreto, los proyectos de inversión de las empresas categorizadas como micro y pequeñas “recibirán 15 puntos porcentuales adicionales al beneficio del IRAE [impuesto a las rentas de las actividades económicas] que les corresponda en aplicación de la matriz de indicadores”; el decreto anterior otorgaba un descuento adicional de 10% en el IRAE para las empresas micro y pequeñas. Las empresas categorizadas como medianas, en tanto, obtendrán diez puntos porcentuales adicionales al beneficio del IRAE.

En la revisión de la actual administración también se establecieron beneficios tributarios para “proyectos de gran inversión”, ya que “se entiende conveniente promover proyectos de inversión de gran porte que generen externalidades positivas en materia de empleo, productividad y potencial contribución al crecimiento económico nacional”.

En tal sentido, se establece, por un lado, que aquellos proyectos que superen los 180 millones de unidades indexadas podrán obtener una exoneración del 100% en el IRAE, siempre y cuando las iniciativas se hayan presentado antes del 31 de diciembre de 2027 y “las inversiones se ejecuten en un 100% antes del 31 de diciembre de 2029”.

Por otro lado, las inversiones por encima de los 300 millones de unidades indexadas podrán ser exoneradas del 100% del IRAE cuando cumplan simultáneamente con dos requisitos: que el proyecto se haya presentado antes del 31 de diciembre de 2028 y que “las inversiones se ejecuten en un 100% antes del 31 de diciembre de 2031”.

Todos estos cambios al régimen general de promoción de inversiones comenzarán a regir a partir del primero de febrero.