Como cada año en esta época, el pago de la patente de rodados vuelve a ser tema de conversación. En este marco, el Congreso de Intendentes resolvió volver a asociar el abono de la patente con el pago de las multas de tránsito, luego de que, en el período pasado, la dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) implementara la separación de estos pagos.

A partir de marzo las multas de tránsito tendrán un 50% de descuento si se pagan junto con la segunda cuota de la patente, mientras que, si la persona decide pagar en cuotas, tendrá un descuento del 30%. En tanto, quienes ya hayan abonado la totalidad de la patente –cuya primera cuota vence el 20 de enero– recibirán la devolución de la diferencia en marzo.

En diálogo con la diaria, el exdirector de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) Gerardo Barrios señaló que el pago de multas está estrechamente vinculado “al éxito o fracaso de las políticas de seguridad vial medidas en términos de costos sociales, es decir, en lesiones y muertes en las vías públicas”. En este sentido, opinó que desvincular “las multas de la cantidad de fallecidos y lesionados en el tránsito” es “una visión economicista de un problema social”.

Asimismo, consideró que se está tratando el tema de forma “superficial”, cuando la multa “es un componente de control”.

En la misma línea, Pablo Inthamoussu, diputado por el Frente Amplio y exdirector de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), opinó que el acuerdo del Congreso de Intendentes “es la reversión de un error bastante grave” desde el punto de vista de la seguridad vial.

“Las multas buscan que la persona se haga cargo de la infracción que cometió. No son una herramienta para recaudar, sino un elemento para corregir la conducta”, expresó, y agregó que el desacople de los pagos “fomenta el no pago de las multas”.

En este sentido y teniendo en cuenta que muchas veces se puede tratar de infracciones que provocan siniestros graves, “no se puede ser muy liviano”, consideró.

Frente a las críticas de senadores de la oposición, como el cabildante Álvaro Perrone y el nacionalista Sebastián da Silva, por el costo de las multas, el frenteamplista dijo que ese es otro tema para discutir y que “no hay que mezclar todo” porque se generan “soluciones facilistas” y “con cierto grado de demagogia”.

Inthamoussu afirmó que el monto que una persona debe pagar por una multa en Uruguay “fue durante unos cuantos años un tema de discusión”, en el que participaron las 19 intendencias y que culminó con la unificación de los valores. “Si no se comparten los valores de las multas por parte de algunos legisladores, quizás tienen que tomar la iniciativa y discutirlo”, propuso.

“Mirar el tema de las multas de tránsito desde una perspectiva fiscal o de recaudación, o mirar las multas como un tributo o como un impuesto, es un error bastante importante de los legisladores que en aquel momento impulsaron esa medida”, afirmó.

“La norma sigue siendo la norma”

Quienes impulsaron en su momento el desacople del pago de la patente con respecto al pago de las multas de tránsito fueron los senadores del Partido Nacional (PN) Da Silva y Rodrigo Blás –entonces diputado–.

Blás dijo a la diaria que “en el presupuesto se estableció la posibilidad de que el Sucive, excepcionalmente o por situaciones especiales, pueda unir los pagos”, pero “la norma sigue siendo la norma, y la norma es la separación de patente y multa”. Agregó que “está habilitado” el pago independiente: “Si una persona decide pagar sólo las multas y no abonar la patente, puede hacerlo”.

En 2027, “salvo que haya alguna excepcionalidad”, las multas volverán a estar separadas porque la ley está vigente, reafirmó el senador, en referencia al artículo 289 de la Rendición de Cuentas sancionada en 2023, que modificó la Ley 19.824 de 2019 y determinó que “no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito”.

Agregó que el pago de las multas no va a quedar vinculado “para siempre” a la patente, “salvo que el Congreso de Intendentes decida no cumplir la ley. Hay que esperar al año que viene para saber si pretenden seguir con esto –ahí estarían violando la ley– o vuelven a la ley”.

Por su parte, Da Silva se pronunció en su cuenta de X. Posteó que los contribuyentes “están amparados” por la Ley 20.212 y el Sucive “debe cumplir” con ella “como cualquier otro organismo”. Afirmó que “las multas de tránsito pueden pagarse en forma separada de la patente”, y que esto fue “un beneficio del gobierno de la coalición”.

Retomar las buenas prácticas

Con la creación de la Unasev en 2007, Uruguay estableció una política de seguridad vial “que apunta directamente a la disminución de la mortalidad y las lesiones en la vía pública”, señaló Barrios.

El médico intensivista y emergencista estuvo al frente de la dirección de esa unidad por diez años (2007-2017), con resultados exitosos como la reducción de la mortalidad por siniestros de tránsito, que pasó de 22 fallecidos cada 100.000 habitantes a 12 fallecidos cada 100.000 habitantes, lo que implica una reducción de un 40%.

Sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia al aumento en la cantidad de lesionados y fallecidos en accidentes en la vía pública. Para Barrios, el año pasado terminó con cifras “realmente catastróficas”: 28.000 lesionados, 4.000 lesionados graves y 470 fallecidos. “Hay que rever todo lo que se está haciendo con relación a este tema”, manifestó, y reparó en “una ausencia de las políticas de seguridad vial durante el período pasado” de gobierno.

Para disminuir la mortalidad y la lesividad, hay que centrar “todos los recursos y toda la energía en las buenas prácticas”, señaló. Estas “buenas prácticas” consisten en el uso del casco, mantener las luces encendidas, utilizar ropa reflectiva, no conducir bajo los efectos de drogas o alcohol, no distraerse con dispositivos móviles, respetar los límites de velocidad y mejorar las respuestas sanitarias.

Las acciones mencionadas están contenidas entre las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, “que los países han venido desarrollando desde hace 40 años y que hoy tienen la menor tasa de mortalidad en el mundo”, observó Barrios. Por lo tanto, “es atendible que, si se busca una mejora”, se tomen en cuenta “las recomendaciones y experiencias internacionales”, puntualizó.

Celebró la reinstalación de Junta Nacional de Seguridad Vial (JNSV), convocada por el actual director de la Unasev, Marcelo Metediera. Dijo que el hecho de que haya estado en pausa por cuatro años “muestra la apatía y la indiferencia que se ha tenido sobre este tema, que no ha estado en las agendas públicas”.

“Hay un desconocimiento del problema real por el cual esto genera un costo social. La tasa, tanto de lesionados como de fallecidos se ha venido incrementando frente a esa apatía o indiferencia a la hora de establecer las políticas de seguridad vial”, remarcó.

“El centro es el ciudadano”

Barrios citó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y dijo que en la planificación de las políticas de seguridad vial “el centro es el ciudadano”.

“Todo lo que uno vaya a hacer en función de movilidad y en función de normas vinculadas a la movilidad y a la siniestralidad vial tiene que estar pensado para beneficiar al ciudadano común”, expresó. En esta línea, señaló que el abordaje de la problemática debe ser integral y que “no se resuelve con el fraccionamiento”.

“No podemos seguir con un país tan fraccionado, donde las normas se aplican y se controlan en un lugar, entonces los resultados son mejores que en otros departamentos, en los que los controles prácticamente no se realizan, o se realizan muy pocos, y la mortalidad es dos a tres veces mayor que el promedio nacional,”, argumentó.

Asimismo, dijo que los resultados evidencian que “en Uruguay la situación es más que compleja”, pero “no es un problema que no se puede abordar”, reparó.

Para Barrios, “lo que va a salvar la vida de la gente van a ser los controles y fiscalizaciones en la vía pública, sumados a la comunicación social de este problema y a las mejores respuestas desde el punto de vista sanitario”, dijo, en referencia a la asistencia médica. Agregó que la mortalidad de las personas en el lugar de los siniestros es de 66% y que, en gran medida, “eso se puede evitar”.

“No puede ser que un lesionado esté tirado en la ruta o en la calle o en las zonas suburbanas, sin asistencia, y sea llevado por un patrullero o por un vecino, cuando en realidad en nuestro país, articulando lo que se tiene, invirtiendo en lo público, podríamos lograr una mejor respuesta”, manifestó.

Una emergencia nacional

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) e integrante de la JNSV, Leonel Briozzo, dijo a la diaria que la siniestralidad “es una de las principales causas de muerte y discapacidad en Uruguay, sobre todo de la población más joven”, y agregó que las estadísticas tienen una distinción socioeconómica y de género: los varones pobres son las principales víctimas de los siniestros. Esto está “fundamentalmente vinculado al manejo de birrodado [motocicletas]”, agregó.

En cuanto al funcionamiento de la junta, mencionó que tanto los subsecretarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Educación y Cultura, el MSP y el director de la Unasev se volverán a reunir la última semana de febrero para establecer el plan de trabajo.

Asimismo, mencionó que Lustemberg instaló el Sistema Nacional de Trauma y Emergencia, cuyo objetivo principal “tiene que ver con limitar los tiempos que existen entre la siniestralidad y la atención”, así como garantizar “un traslado efectivo y un manejo adecuado del trauma en el centro de referencia”. En este sentido, Briozzo manifestó que existe “un debe” en Uruguay, “sobre todo en las rutas nacionales, donde muchas veces tardan horas en la atención; horas muy valiosas para salvar la vida y preservar la salud de las personas”.

A esto se suma la complementación entre servicios públicos y privados en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Nacional de Asistencia, Traslado, Trauma y Emergencia, integrada por el MSP, el Ministerio de Defensa Nacional, la Unasev, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Same 105, el MTOP, el MI, el Centro de Comando Unificado, el Sistema Nacional de Emergencias y el Congreso de Intendentes.

“Nuestra idea es coordinar con las instituciones privadas, fundamentalmente el interior del país, con el sistema de la Federación Médica del Interior”, explicó el viceministro.

En cuanto a la discusión sobre la recaudación de las multas, señaló que es un tema “perimido”: “Acá el afán es proteger la vida y la salud de los habitantes”.

Nuevas medidas en el tránsito

Según el exdirector de la Unasev Gerardo Barrios, la implementación de la libreta por puntos “es una medida útil”, pero tiene que estar enmarcada en una planificación, porque “por sí sola no va a cambiar nada”.

En el marco del comienzo de la fiscalización de la circulación por el carril Sólo Bus el jueves 15 de enero, una medida que la Intendencia de Montevideo trabajó en el período pasado, cuando Inthamoussu estaba al frente del Departamento de Movilidad, el ahora diputado se refirió a los cambios que ya se pueden percibir.

“Yo ya veo, desde la simple observación, un efecto disuasivo. Uno ve que los carriles de Sólo Bus están cumpliendo mucho mejor con su función y ya se ven mucho menos vehículos circulando por allí”, observó. Estimó que el transporte público “va a poder mostrar en poco tiempo mejoras en su circulación”.