La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tiene a estudio dos normativas para clarificar los procedimientos de actuación del organismo. La primera se trata de un decreto reglamentario sobre cómo procesar las denuncias que llegan a la Junta, que ya fue enviado a Presidencia de la República y devuelto con observaciones. Según dijo a la diaria el vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, se observaron “temas de redacción, no de fondo”. La segunda norma es un decreto reglamentario para definir criterios para la apertura de las declaraciones juradas.

La Ley 17.060 (“ley cristal”) detalla los funcionarios públicos que deben presentar declaraciones juradas de bienes e ingresos. La Jutep publica las declaraciones juradas de alrededor de 600 funcionarios –entre ellos, integrantes del Poder Ejecutivo y legisladores–, pero el resto de las declaraciones, que son entre 2.000 y 3.000, permanecen cerradas. La ley establece que, cada año, el organismo debe abrir hasta el 5% de las declaraciones juradas de carácter reservado, “mediante un procedimiento aleatorio y en función de un análisis de riesgo”, para que sean “examinadas por los técnicos pertinentes del organismo a los efectos de controlar su contenido”. Esto último nunca se cumplió, afirmó Asti, y el objetivo es que ese control pueda realizarse ahora, definiendo los criterios de apertura.

El vicepresidente de la Jutep explicó que entre los criterios de riesgo se tendrá en cuenta el organismo, la profesión y la función de los funcionarios obligados. Puso como ejemplo que los funcionarios de Aduanas “pueden ser más proclives a ser tentados por la corrupción”, al igual que todos aquellos que pueden estar “en contacto directo con el crimen organizado”.

Asti también anunció que dentro del nuevo decreto reglamentario se incorporará la exigencia a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) de verificar que aquellos funcionarios que ingresan a la administración pública no estén incluidos en la lista de funcionarios que alguna vez estuvieron omisos en la presentación de su declaración jurada.

El caso Ojeda

El jueves, el diario El País informó sobre una polémica que surgió en el seno del directorio de la Jutep respecto a una consulta que llegó al organismo sobre las declaraciones juradas del senador colorado Andrés Ojeda. En su declaración de octubre de 2024, cuando era candidato a presidente, Ojeda declaró un patrimonio neto de 10.727.890 pesos en total. En tanto, en su declaración realizada en mayo de 2025, ya como legislador, declaró un patrimonio neto de 13.271.695 pesos.

Asti elaboró un informe sobre la situación que remitió a los otros dos integrantes del directorio, la presidenta Ana María Ferraris y el director por la oposición, el nacionalista Luis Calabria. Este último cuestionó el procedimiento y, en particular, el hecho de que Asti no hubiera derivado el caso en primera instancia a la asesoría letrada de la Jutep.

En su defensa, Asti alegó durante la reunión realizada el 20 de enero, según consta en el acta, que su informe intentó suplir la “ausencia por licencia anual del personal encargado del análisis” de las declaraciones, que no se trató de “un análisis de fondo y solo tiene la constatación expresada en numerales del contenido del formulario digital” de las declaraciones ya publicadas de Ojeda, y que “los únicos datos adicionales agregados sin ningún tipo de intencionalidad ni evaluación positiva o negativa surgen de esa numeración, y son el aumento porcentual de su patrimonio entre ambas fechas y que el acumulado de sus ingresos en el período es inferior a ese incremento”. “Reconocemos que el procedimiento no fue feliz, pero siempre lo presenté como un preliminar”, aclaró Asti.

Finalmente, se resolvió darle vista a Ojeda de la consulta, con los votos de los dos representantes oficialistas, mientras Calabria se opuso porque consideró que hubo errores de procedimiento.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, quien ha sido uno de los mayores críticos del funcionamiento de la Jutep durante este período y fue el miembro interpelante en la comparecencia al Parlamento por este tema del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, a fines del año pasado, dijo a la diaria que lo sucedido “es básicamente la reiteración de una actuación” del directorio con “notoria intencionalidad política”. “Asti, sin consultar a nadie, por sí y ante sí, una vez más sin aplicar los protocolos vigentes en cuanto al procedimiento y al tratamiento que hay que darles a las denuncias, resolvió adueñarse del tema y elaboró un informe por sí mismo, analizando la supuesta evolución patrimonial de Ojeda y sacando ya determinadas conclusiones”, cuestionó. Añadió que cuando entran a la Jutep “este tipo de denuncias, lo primero que debe hacerse es derivarlas a la asesoría letrada” para que esta “las pondere desde el punto de vista de la razonabilidad, seriedad mínima o procedencia”.

Asti dijo a la diaria que en su informe no hubo “ningún tipo de flechamiento”, sino que se limitó a “pasar en limpio” la información de las declaraciones juradas. Sobre el reclamo de que debería haber pasado antes por la asesoría letrada, consideró que en este caso se estaba ante una “consulta” y no ante una denuncia. En cambio, Calabria entendió, y así quedó de manifiesto en el acta de la reunión de la Jutep, que el expediente debió tramitarse como denuncia o como un pedido de acceso a la información, y no como consulta.

Para Asti, es necesario que Ojeda “aclare” por qué “en siete meses creció su patrimonio en casi tres millones de pesos”, sin ingresos que justifiquen ese nivel de crecimiento. “A lo mejor se olvidó de declarar algún ingreso”, sugirió el vicepresidente de la Jutep.

Abdala hará un pedido de informes sobre el caso Ojeda y sobre procedimientos para denuncias

Un día después de que se conociera la noticia sobre Ojeda, Abdala escribió en la red social X respecto al caso: “Una nueva prueba de la Jutep compañera. La mayoría del directorio vuelve a actuar al servicio del partido de gobierno, lo que ya habíamos probado en la interpelación”. Y añadió: “¿Hasta cuándo toleraremos una Jutep que no le da garantías al país?”.

El diputado nacionalista adelantó a la diaria que esta semana hará un pedido de informes sobre este caso y también sobre una respuesta que dio la Jutep a otro pedido de informes, en la que sostuvo que todas las denuncias se derivan a la asesoría letrada. Para Abdala, esto “obviamente” no ocurre. “No solo no le piden opinión a la asesoría letrada o no le derivan a la asesoría letrada, sino que en todos estos casos la presidenta (Ferraris) ha resuelto todo el curso de actuación o ha librado ella sola oficios a distintos organismos, a veces pasando por el directorio, a veces mandándolos ella directamente, lo que es totalmente irregular”, sentenció el diputado. Añadió que, por lo tanto, en la respuesta a ese pedido de informes, el organismo respondió “en forma falsa, o alegando hechos falsos, o no diciendo la verdad”.

El legislador nacionalista remarcó que ve “una actuación tendenciosa” en el proceder de la Jutep y concluyó que estamos ante “una pérdida de la credibilidad” del organismo “en esta etapa, por lo menos de este directorio o de su mayoría, que no tiene marcha atrás, ya es irrecuperable”. Esto debería llevar a “reconsiderar” el “modelo y la propia justificación de que la Jutep exista, por lo menos, con esta forma de designación o de conducción política que tiene”, valoró.

Asti: molestia por “filtraciones” y “demoras” del director de la oposición

Por su parte, el vicepresidente de la Jutep expresó su molestia por las “filtraciones” de información en la Jutep, que, según dijo a la diaria, están “perfectamente localizadas” y son responsabilidad del director opositor, Luis Calabria.

Además, sobre las acusaciones de que la Jutep está actuando de manera tendenciosa, comentó que si el organismo “está partidizado, un ejemplo de eso es que el director de la oposición ha pedido prórroga, demorando más de dos meses la publicación” de un dictamen referido a una jerarca del gobierno de Luis Lacalle Pou, de quien prefirió no dar el nombre. “Eso también es partidizar”, cuestionó, y consideró que las críticas son “un intento de atacar a la Jutep” en momentos en los que está tratando temas de este tenor.