Estados Unidos incluyó a Uruguay en una lista de 60 economías –59 países y la Unión Europea– que serán investigadas para determinar “si los actos, las políticas y las prácticas” de cada una, vinculados con “hacer cumplir efectivamente una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzado, son irrazonables o discriminatorios y cargan o restringen el comercio de Estados Unidos”.

Los países incluidos son los principales socios comerciales del país. El jueves, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció el inicio de investigaciones al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, la cual “puede usarse para responder a prácticas gubernamentales extranjeras injustificables, irrazonables o discriminatorias”, señaló la oficina en un comunicado. Bajo esta normativa, días antes se anunciaron otras investigaciones sobre economías “que parecen exhibir un exceso estructural de capacidad y producción en varios sectores manufactureros”.

La decisión se tomó tras la consideración del consejo del Comité Interinstitucional de la Sección 301 y consultas “con los comités asesores apropiados”. “A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzado, los gobiernos no han impuesto y no han hecho cumplir efectivamente las medidas que prohíben la entrada de los bienes producidos con trabajo forzado a sus mercados”, señaló Greer en el comunicado. Argumentó que la industria estadounidense se ha visto obligada “a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costo artificial obtenida por el flagelo del trabajo forzoso”.

En el marco de las investigaciones, la oficina inició consultas con los gobiernos de las 60 economías incluidas e invitó a “presentar comentarios públicos hasta el 15 de abril”, de cara a las audiencias públicas que se celebrarán el 28 de abril en Washington.

Fuentes de la cancillería, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas, consultadas por la diaria, declinaron hacer declaraciones por el momento, si bien desde el gobierno confirmaron a este medio que ya recibieron la comunicación oficial de la medida, en nota dirigida al canciller Mario Lubetkin.

De América Latina y el Caribe fueron incluidos Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. De otras regiones figuran en el listado Australia, China, India, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, así como Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes; y también Noruega, Rusia, Suiza, Reino Unido y Canadá.

La oficina señaló en el comunicado que algunos de los países “han adoptado medidas destinadas a detener la importación o venta de productos fabricados mediante trabajo forzoso”. Asimismo, otros “se han comprometido a adoptar tales medidas” en el marco de las negociaciones para acuerdos comerciales recíprocos con Estados Unidos. “Sin embargo, ninguna de las economías sujetas a estas investigaciones parece haber adoptado y aplicado de manera efectiva una política de importación contra el trabajo forzoso”, advirtió.

“El objetivo es otro”

Una primera reacción desde el sistema político uruguayo a la medida estadounidense provino del senador colorado Pedro Bordaberry, quien, a través de X, consideró que “es una señal de que el enfrentamiento con China se pone serio”. Por un lado, señaló que se trata de un mensaje de Estados Unidos a China para demostrar “que van a pelear hasta el mercado uruguayo”; y, por otro, a las empresas estadounidenses que aún están en China para que “aceleren el nearshoring”, es decir, que trasladen sus operaciones a países cercanos.

“Para Uruguay la señal es clara: el comercio internacional empieza a exigir no solo qué se produce, sino cómo se produce. Si el país juega bien sus cartas –trazabilidad, instituciones y estándares laborales– puede transformarse en proveedor confiable frente a competidores cuestionados. Pero tiene que jugarlas”, afirmó Bordaberry.

El economista Gabriel Papa, exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas, consideró que Bordaberry “le erra” al creer que “esta investigación tenga un fundamento real” sobre las prácticas de trabajo forzoso de los países. Consultado por la diaria, señaló que “hay que ver esta medida en el marco de la voluntad de la administración Trump de esgrimir argumentos normativos en su legislación para volver a las tarifas previas a la decisión de la Corte Suprema [de Estados Unidos]”, que concluyó que el presidente utilizó de forma ilegal su poder para llevar adelante su política arancelaria.

En febrero, la Corte declaró ilegal la política arancelaria impulsada por Trump, a través de la cual –según entendió la Justicia– ha presionado a sus socios y rivales comerciales. Para el máximo tribunal, Trump no tenía potestades, como presidente, para imponer estas tasas sin la intervención del Congreso. Tras el fallo adverso, el 20 de febrero, el mandatario estadounidense anunció la aplicación de una nueva tasa arancelaria global del 10% que solo rige por 150 días y adelantó que iniciaría “varias investigaciones bajo la Sección 301 y otras para proteger a nuestro país”.

“Lo que ha hecho Trump es lanzar investigaciones como esta, investigaciones comerciales, de forma discrecional, sin un fundamento, para –como consecuencia de esa investigación– intentar tomar otra base jurídica para reponer los aranceles”, afirmó Papa, para quien la investigación “no va a arrojar que Francia o Reino Unido no toman las precauciones debidas, y tampoco Uruguay”, pero, en el marco de la guerra arancelaria, Estados Unidos impulsa la medida “y el resultado dará lo que quiera que dé la agencia de comercio”.

“Los países pueden cumplir con todo. Igualmente, Estados Unidos puede decir no, no cumplen, y entonces tomar una medida”, por ejemplo, subir aranceles, consideró. Es por ello que para el economista, si bien Bordaberry está en lo correcto en que Uruguay “tiene que profundizar su estrategia de diferenciación en base a calidad y cumplimiento de normas”, es “independiente de esto qué hace Estados Unidos, que tiene una lógica totalmente distinta”.

Por otro lado, el economista diferenció la inclusión de Uruguay en esta medida de otras decisiones que también lo han afectado, como la suspensión de la emisión de visas de inmigración por parte de Estados Unidos, sobre la que, hasta el momento, no hay novedades. “Si uno mira la lista de 60 países, Uruguay está al lado de Japón, de Australia, de todos los países de la Unión Europea”, lo que da cuenta de que “el objetivo es otro”, señaló.

En la misma línea, el doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi expresó en X que el inicio de las investigaciones “es un camino jurídico para seguir aplicando los aranceles dado el revés jurídico sufrido ante la Corte Suprema”. En ese sentido, “Uruguay debe seguir el tema y responder al pedido de información para defenderse”, sin perjuicio de que “lo técnico no necesariamente es lo que primará”, consideró.