“Obligaciones del Estado” en materia de igualdad de género: “La paridad en la participación política es una de las grandes deudas”, advierte la INDDHH

Con motivo de un nuevo Día Internacional de la Mujer, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un reporte sobre “las obligaciones del Estado” en materia de igualdad de género, en base a los aspectos que, a través de la Unidad Especializada en Género, aborda la institución, como la violencia basada en género, el derecho al cuidado, la participación paritaria y la situación de mujeres privadas de libertad.

En 2025, casi 22% de las resoluciones emitidas por el Área de Defensoría del Pueblo de la INDDHH “se vincula a situaciones de violencia basada en género” –entre ellas, la violencia laboral, institucional, sexual, vicaria y obstétrica–, “que evidencian nudos estructurales persistentes en la actuación estatal y fundamentan recomendaciones orientadas a la prevención, reparación y garantía de no repetición”, sostiene la institución.

En primer lugar, la INDDHH señala que el “Estado debe garantizar” el derecho a la igualdad de género, para lo cual “el fortalecimiento de la institucionalidad es central para lograrlo”. Recordó que ha sido una recomendación reiterada al Estado uruguayo por parte del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), y menciona algunas de las acciones que restan, como “fortalecer y jerarquizar el rol rector de Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres]; jerarquizar y consolidar las unidades especializadas de género en todos los organismos públicos; alcanzar una articulación interinstitucional eficaz y eficiente”.

El año pasado, en el marco del acto oficial del gobierno por el 8 de Marzo, el presidente Yamandú Orsi dijo que “hay que encontrarle la vuelta dentro del Estado para mejorar la situación de las mujeres”, y se comprometió a “jerarquizar, poner en valor, empoderar a la institución que nos rige y orienta [Inmujeres] hacia una sociedad más justa, igualitaria y democrática”.

Al respecto de ese compromiso de jerarquización de la institución, en entrevista con Búsqueda, la directora del Inmujeres, Mónica Xavier, aseguró que “no hubo cambios” ni es un tema que esté “hoy en conversaciones” dentro del gobierno. La jerarca lo atribuyó, principalmente, a la “visión patriarcal”. “Aún no hemos llegado a consolidar en los decisores políticos la idea de que un modelo de desarrollo incluye a las mujeres de manera decidida. Y para que las mujeres de forma decidida sean parte de ese modelo tienen que estar plenamente integradas al mundo del trabajo, tienen que tener un sostén en el sistema de cuidados que les permita incorporarse al mercado de trabajo, continuar capacitándose… Necesitamos más mujeres en lugares de decisión política”, afirmó.

Como segundo punto, el reporte de la INDDHH aborda la “deuda con la democracia” que supone la falta de paridad en la política. “Contar con una legislación robusta que garantice la paridad en la participación política constituye una obligación del Estado uruguayo para cumplir con el principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país”, sostiene la INDDHH en el reporte, donde asevera que “la paridad en la participación política es una de las grandes deudas que tiene Uruguay”.

En la pasada legislatura, el proyecto de ley de paridad, presentado por la entonces senadora nacionalista Gloria Rodríguez en 2021, naufragó tras ser aprobado en comisión. En ese marco, la institución considera importante “una definición expresa de paridad de género y una disposición que la promueve como principio para todos los organismos del Estado”, al igual que la implementación de una “regulación normativa sobre el régimen de suplencias y vacancias en el ejercicio de los cargos que hagan efectiva la participación paritaria” y de “disposiciones que garanticen la paridad en todos los espacios de representación política del Estado, que eviten una aplicación minimalista de la norma”.

Cuidados, explotación sexual, embarazo infantil y mujeres en privación de libertad

En materia de cuidados y corresponsabilidad, se señala que “la conciliación de la vida laboral, personal y familiar sigue siendo un desafío en nuestro país”. Uno de los problemas es que la normativa “no logra una continuidad entre las licencias por maternidad, paternidad y parental que contemple tanto tiempos de cuidado como servicios y prestaciones que promuevan la corresponsabilidad social y de género”.

Si bien “en las diferentes rondas del Consejo de Salarios se han incorporado progresivamente licencias especiales, tanto para madres como para padres”, al tiempo que hubo mejoras en “la cantidad de días disponibles para casos de violencia de género” en algunos grupos, “el énfasis sigue apuntando a las mujeres como cuidadoras, naturalizando roles tradicionales de género”, señala la INDDHH. El organismo recuerda que durante 2025 “emitió numerosas resoluciones vinculadas a denuncias que reflejan las dificultades en la implementación de la normativa de cuidados en el ámbito laboral, especialmente en el sector público”.

En cuanto a la explotación sexual, la INDDHH afirma que “existen prácticas institucionales sistemáticas que no permiten garantizar la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes expuestos a situaciones de explotación sexual”, según lo indican las resoluciones de la Defensoría del Pueblo y los informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención. A su vez, advierte que la aprobación, en febrero de 2025, del III Plan Nacional elaborado por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia “no se ha traducido en un cambio sustantivo y no se visualiza una estrategia clara que cambie la situación actual”.

Por otro lado, acerca del embarazo infantil, el reporte señala que “no puede tratarse de forma aislada ya que guarda un vínculo estrecho con situaciones de violencia, especialmente de abuso sexual, y es un indicador crítico de contextos de vulneración de derechos que requieren de respuestas intersectoriales y focalizadas de protección integral de niñas y adolescentes”.

Respecto de las mujeres en cárceles, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH ha advertido “sobre el crecimiento sostenido de mujeres privadas de libertad, en contextos de superpoblación y hacinamiento, con impactos diferenciados por género”. Como consecuencia, “se estima que cualquier situación de privación de libertad afecta directamente al menos a cinco personas del entorno cercano, en su mayoría niñas, niños, adolescentes y mujeres”.

Por último, la institución recomienda que en las reparticiones del Estado se conformen áreas especializadas, se implementen “mecanismos internos de denuncias” y protocolos de abordaje para prevenir “prácticas institucionales negligentes u omisiones que vayan en detrimento de los derechos de las víctimas” y que los “diferentes organismos cuenten con herramientas de prevención de las situaciones de violencia institucional de género”.