Año a año, en fechas particulares, el debate público se centra en discutir los hechos del pasado reciente. Cada 20 de mayo o 27 de junio, así como cada nuevo hallazgo en un predio militar, reavivan la discusión.
Luego de que la búsqueda de detenidos desaparecidos diera sus primeros frutos a partir de 2006 con el hallazgo de los restos de Ubasgésner Chaves Sosa y Fernando Miranda, comenzó a mermar el relato militar sobre el papel de las Fuerzas Armadas desde la década de 1970. Cada vez menos personas se referían a los gobiernos civil-militares como proceso para llamarla dictadura, y los excesos pasaron a ser violaciones, torturas, asesinatos.
Este cierto consenso logrado –alimentado tal vez por la vergüenza de sus admiradores a admitir públicamente su apoyo a los hechos (violaciones de los derechos humanos) cometidos en este período– tuvo sus primeros detractores a finales de la década pasada. Esto fue alimentado por un contexto de descontento de integrantes del Ejército y derivó en su manifestación política en un nuevo partido.
Ese relato reciclado hoy se manifiesta en redes sociales por intermedio de usuarios anónimos (apenas un par asumen su identidad) que sistemáticamente generan contenido desinformador sobre el pasado reciente. Estas viralizaciones, que pueden ser coordinadas o espontáneas, se repiten en los mismos períodos cada año, principalmente a mediados de mayo y finales de junio, y tienen como eje la Marcha del Silencio y la conmemoración del golpe de Estado de 1973.
También se generan períodos “extraordinarios” ante cada nuevo hallazgo de restos y en las fechas próximas al anuncio de su identificación. Esto fue muy evidente con la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo y de Luis Eduardo Arigón, cuando se dispararon conversaciones positivas y negativas sobre el tema.
Por lo general, las cuentas que suelen difundir más profusamente este tipo de narrativas, instalando algunas desinformaciones sobre desaparecidos, recompensas, dinero, o bien con narrativa contraria a los organismos de derechos humanos y sus manifestaciones, son también aquellas que una investigación previa de la diaria detectó como cuentas que simulan ser medios de comunicación y que obtienen amplificación y legitimación de actores institucionales. En la mayor parte de estos casos, sin embargo, sólo se emiten opiniones y, de tanto en tanto, se introduce una supuesta información verificada y desinformaciones para instalar una narrativa. Puede ser el supuesto valor de una compensación a familiares de desaparecidos, la supuesta revisión de archivos u otra afirmación similar.
Cabe destacar que, salvo en algunas ocasiones, en este tipo de narrativas la clase política se mantiene al margen y no replica los contenidos que estas cuentas crean y promueven.
Respuesta coordinada
En esa comunidad virtual que interactúa en redes sociales existe un conjunto de cuentas que replican contenido deliberadamente falso. Si bien no se sabe exactamente si existe coordinación por fuera de ese mundo digital, en los hechos existe un clúster de usuarios que replican contenido común en períodos específicos de tiempo.
Las principales redes utilizadas son X, red social destacada por su debate político, y TikTok, cuyo potente algoritmo viraliza de forma rápida y efectiva el contenido que allí se vierte. En la mayoría de los casos, los posteos generados migran indistintamente de una plataforma a otra. La comunidad de Facebook de Se tiene que saber Uruguay también es grande y muy activa en relación con este tema.
De acuerdo con el análisis de redes de términos clave, el grueso de cuentas que generaron contenido desinformador sobre derechos humanos en torno al 20 de mayo coincide con el universo de usuarios que difundieron información falsa referente a personalidades políticas. Una de las tácticas que usaron fue el uso de la identidad visual de medios de comunicación de alcance nacional para la generación de imágenes falsas.
Uno de los relatos que más se reiteraron es el relacionado con la supuesta desaparición ficticia de Juan Pablo Errandonea, hermano del referente de la organización de Madres y Familiares Ignacio Errandonea. El dato difundido refiere a que Juan Pablo Errandonea no habría desaparecido en Buenos Aires en 1976 como señala la documentación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, sino que se habría radicado en el extranjero.
Las distintas versiones que han circulado con el transcurso de los años difieren en el lugar de destino, que varía entre Venezuela, México y Francia. Todos coinciden en que la motivación para mantener en secreto el “verdadero” estado de Errandonea sería económica, con el objetivo de que su familia continúe cobrando una supuesta pensión reparatoria que le habría otorgado el Estado. Sin embargo, la legislación uruguaya no prevé ningún tipo de remuneración mensual para los familiares de detenidos desaparecidos.
Este mismo mensaje se viralizó en TikTok entre usuarios chilenos opositores al Frente Amplio, partido de gobierno de ese país, y su circulación se replica en los meses de setiembre, próximo a la conmemoración del golpe de Estado de 1973.
En mayo de 2024, solamente en X hubo al menos 250 posteos entre los días 19 y 21 de ese mes que refirieron directamente a Ignacio Errandonea y su hermano Juan Pablo. Del total, casi 150 posteos corresponden a réplicas de posteos de @Elinformante1, una de las principales cuentas de desinformación, que participó también en otras operaciones de difusión de información falsa.
Otro de los términos utilizados en este período se refirieron a la militante del Partido Comunista Amelia Sanjurjo, cuyos restos fueron identificados a fines de mayo, una semana después de la Marcha del Silencio. Entre los días 28 y 31 de ese mes hubo al menos 200 posteos que refirieron de forma negativa a la identificación de Sanjurjo.
El usuario con más engagement es nuevamente @Elinformante1, pero en este caso se suma fuerte presencia de otros usuarios que también difunden contenido alusivo a la temática. Entre los principales usuarios se destacan @SeUruguay, cuenta que replica contenido reivindicativo de la dictadura militar y solicita la liberación de militares procesados por delitos de lesa humanidad a quienes considera “presos políticos” y @arqruthb, familiar del militar retirado procesado Alberto Ballestrino Vals.
Completan el podio los usuarios @alma49008929, @nuncamasfapit, @anagrimbaum, @chinofau y @LaittheCarlos. El relato que primó entre los posteos fue el que se refiere a la búsqueda de desaparecidos como “negocio”.
Buena parte de estos posteos circulan en foros de temas militares y policiales que discuten la “historia torcida”, tal como señala el título de una de las conversaciones del foro web Uruguay Militaria. En el hilo están disponibles varias de las placas que también circulan en redes sociales y que en algunos casos son el origen de su difusión.
Por último, este es siempre el foco que vuelve al debate: se suele reiterar en Uruguay, pero también en otros países, como Argentina, donde la disputa se focaliza en el número de desaparecidos. El combo, entonces, sería: para contar el supuesto curro de los derechos humanos, establecen la narrativa de que los organismos defensores de los derechos humanos exageran el número de desaparecidos, que en realidad no serían tantos (aunque tampoco se ponen de acuerdo en ello), para que los familiares cobren subsidios inexistentes.
Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina, un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting. También contó con el apoyo de CLIP.