Es 29 de diciembre de 2024. Faltan dos días para que termine el año al momento de escribir este artículo y un reporte del Ministerio de Ambiente muestra que existe “alta magnitud” de floraciones de cianobacterias en varios sitios del país. Uno de estos sitios cubre la costa de San José, desde Boca del Cufré hasta Kiyú. Entre estos balnearios se encuentra Arazatí, donde busca instalarse el proyecto Neptuno, la nueva planta potabilizadora propuesta por el Consorcio Aguas de Montevideo para abastecer de agua proveniente del Río de la Plata a la zona metropolitana. Un círculo rojo sobre el lugar enciende las alarmas de quien está frente a la pantalla. Las autoridades dicen en el reporte que “cuando las cianobacterias se encuentran en altas concentraciones, el riesgo sanitario es alto”. Afirman que esto se puede reconocer por el aspecto del agua, ya que se observan formaciones verdes grumosas, pastosas o de aspecto de pintura verde desde la orilla. Recomiendan “evitar el contacto con esas zonas”. Muchos académicos cuestionan que esta fuente de agua sea la adecuada para abastecer a más de la mitad de la población del país. Hasta el momento, las autoridades políticas no han firmado el contrato del proyecto Neptuno que aseguraría el negocio a los privados, pero sí consiguieron la autorización ambiental previa.
En redes sociales, muchos muestran cómo disfrutan de la playa durante sus vacaciones. En algunos videos se observa la tonalidad verdosa característica de las cianobacterias y los veraneantes no parecen notar la contaminación que tienen enfrente. En este contexto, una protagonista de los conflictos socioambientales de este último quinquenio fue la costa. Vecinos y expertos en diversas áreas han reforzado alianzas para defender los ecosistemas costeros de amenazas tradicionales, como el avance inmobiliario, y de otras que no lo son tanto, como la instalación de un puerto espacial o una obra dura que busca impedir que el avance del mar dañe las casas ubicadas en la primera línea en Rocha. Aquí cabe una mención especial para los defensores de Punta Ballena, que lograron marcar un precedente importantísimo al lograr impedir la instalación de 29 edificios en el sitio de alta biodiversidad de Maldonado. Por si fuera poco, alcanzaron la cantidad de firmas necesarias para declarar a Punta Ballena área natural protegida.
Esta no fue la única victoria para las organizaciones durante este último período de gobierno. Otro ejemplo fue el freno a la autopista que pretendía atravesar la Laguna del Cisne, una cuenca desde donde se abastece a la Costa de Oro y que es muy frágil debido a las presiones históricas que ha sufrido. Sin embargo, entre los conflictos que continuarán el año entrante está la iniciativa que pretende instalar un barrio privado en la zona.
En Canelones, entre 2020 y 2023, los barrios privados aumentaron al menos 73%. Varias organizaciones vecinales han denunciado la tendencia a la gentrificación verde y a cómo los espacios naturales se terminan convirtiendo en una mercancía. Tal es el caso de las iniciativas que busca llevar adelante La Tahona en el balneario Las Vegas, más precisamente en el cangrejal del arroyo Solís Chico, y en Guazuvirá, un pulmón verde de la costa canaria.
La lista de conflictos socioambientales de estos últimos cinco años es larga. Podríamos nombrar que las personas afectadas por la planta de hidrógeno verde que busca tomar agua del acuífero Guaraní e instalarse en Tambores dicen no tener información sobre el proyecto. También que una encuesta de la Universidad de la República detectó que les gustaría conocer la iniciativa, pero no han tenido instancias de participación efectivas. O remontarnos a 2022, cuando tuvieron lugar los incendios forestales en Paysandú y Río Negro, y localidades rodeadas de monocultivos se vieron encerradas por el fuego. Asimismo, en 2023 tuvo lugar el derrame de UPM que acabó con la fauna acuática del arroyo Sauce y también dañó el río Negro. Este año la compañía nuevamente esparció contaminantes sobre el curso de agua, pero ocultó la información al Ministerio de Ambiente durante ocho días.
La comunidad que reside en la cuenca de la laguna Merín también exige que se cumpla su derecho a ser informada y escuchada sobre los proyectos extractivos que buscan instalarse en su territorio con miras al comienzo de las infraestructuras previstas en el marco de la Hidrovía Uruguay-Brasil. Asimismo, un informe del Ministerio de Ambiente mostró que sus ríos y arroyos ya están altamente contaminados e investigaciones del Centro Universitario Regional Este encontraron más de 90 agrotóxicos en sus aguas, problemas de salud en las comunidades y ecosistemas, destrucción de cerritos de indios y políticas públicas que “continúan promoviendo el despojo, fragmentación y desaparición de comunidades rurales pequeñas”.
La crisis de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana durante 2023 es un claro ejemplo de cómo las problemáticas socioambientales repercuten en la vida cotidiana de las personas. En ese momento, las movilizaciones en Montevideo fueron diarias y científicos especializados del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República pedían que se tomaran medidas estructurales para salvaguardar la cuenca del río Santa Lucía y arreglar las cañerías que pierden el 50% del agua elevada por OSE, medidas estructurales que históricamente han sido postergadas.
¿La política ambiental fue ponderada?
El Ministerio de Ambiente se creó el 9 de julio de 2020 con la Ley de Urgente Consideración. En la misma normativa, en su primera versión, se establecía que para incorporar un área privada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) el Ejecutivo debía contar con el consentimiento de los dueños de la tierra y, en caso de no obtenerlo, el único camino posible para anexar la propiedad como área protegida era la expropiación. Finalmente, este articulado no prosperó. Sin embargo, algunos privados cercanos a figuras del gobierno que tenían predios en áreas protegidas —como la cónyuge del actual director nacional Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca— optaron, sin éxito, por ir a la Justicia para intentar frenar la expansión de los territorios bajo protección. En esta administración ingresaron tres territorios al SNAP: Arequita (Lavalleja), Isla e Islote de Lobos (Maldonado) y Humedales e Islas del Río Negro (Río Negro). Todos son predios estatales.
La cartera aprobó mediante una resolución siete sitios ubicados en el espacio marino uruguayo que son prioritarios para su conservación. Esta última medida cobra vital importancia ya que varios de estos lugares se superponen con los bloques que ofrece Ancap a las compañías petroleras para explorar, con miras a explotar, hidrocarburos. En 2022, Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, dijo a este medio que no le parecía “muy sostenible” comenzar con la búsqueda de petróleo “avanzado el siglo XXI”. Actualmente, se encuentra en puesta de manifiesto el Informe Ambiental Resumen que presentó la empresa PGS —que vende datos a las petroleras— ante el Ministerio de Ambiente para conseguir la aprobación o rechazo para la exploración sísmica.
A nivel parlamentario no se logró aprobar ni el proyecto de ley que buscaba proteger el campo natural ni la iniciativa que buscaba que los delitos contra el ambiente ingresaran al Código Penal. Sí se logró consenso, por ejemplo, para la prohibición de sorbitos plásticos, también el reglamento de la Ley sobre la Calidad del Aire y el Acuerdo de Escazú.
En otro orden, en este quinquenio el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca optó por la “libertad responsable” para registrar información sobre aplicaciones de agroquímicos. Esta medida fue duramente cuestionada por el sindicato de la cartera, trabajadores asalariados rurales, productores apícolas y académicos; alertaron sobre los problemas de salud a las comunidades y ecosistemas que podría traer aparejado. Tan sólo en 2021, fueron importados más de diez millones de kilogramos de ingredientes activos para agroquímicos. La lista fue encabezada por el glifosato, con 6.325.958 kilogramos. Ante este escenario, no sorprende que, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo haya detectado residuos de agroquímicos en frutas y verduras de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
En este artículo únicamente recordamos algunos conflictos y medidas gubernamentales que abordamos en las páginas de esta sección y tuvieron lugar durante este quinquenio. Rachel Carson, bióloga estadounidense, escribió en 1962 un libro que tituló Primavera silenciosa. En su obra, que generó revuelo en la clase política de aquel momento, hace una crítica que explica los crueles efectos socioambientales del uso de pesticidas con una escritura sencilla y poética. Actualmente, y vistas las problemáticas que tienen lugar en territorios de diferentes partes del planeta, también nos muestra cómo los llamados de atención hechos por la comunidad científica independiente son menospreciados desde aquellos tiempos. Ella escribió que la humanidad “ha lanzado una avalancha de productos químicos contra el tejido de la vida: un tejido por un lado delicado y destructible, y por el otro milagrosamente duro y resistente, y capaz de defenderse del modo más inesperado”. A su vez, en aquel entonces, Carson nos dejaba una lección que aún continúa vigente: “El ‘control de la naturaleza’ es una frase concebida con arrogancia, nacida en la época de Neanderthal de la biología y de la filosofía, cuando se suponía que la naturaleza existe para la conveniencia del hombre”. Luego agregaba: “Nuestra inquietante desventura es que una ciencia tan primitiva se haya armado a sí misma con las armas más modernas y terribles, y que al dirigirla contra los insectos, las han dirigido también contra la Tierra”. Una tierra que es nuestro único hogar.
