La asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil fue el cambio esperanzador más relevante de la semana anterior, y, en esta, la señal de alerta más preocupante fue, una semana después de esa asunción, el asalto a las sedes de los tres poderes estatales en Brasilia, cometido por una turba golpista seguidora de Jair Bolsonaro.

Los apoyos locales e internacionales a Lula, así como la forma en que este afrontó la situación, determinaron que todo se resolviera en algunas horas sin derramamiento de sangre. A lo largo de la semana, la investigación sobre lo sucedido, con protagonismo directo del Supremo Tribunal Federal, fue develando una trama de complicidades. Esta incluye al hoy destituido y procesado responsable de la seguridad de Brasilia, Anderson Torres, exministro de Bolsonaro, quien, como era previsible, también está en la lista de sospechosos.

Las autoridades brasileñas se proponen identificar a los responsables de la preparación y financiamiento del asalto y tomaron precauciones ante la detección de preparativos para nuevas movilizaciones golpistas. La violencia política también fue noticia en otros países de la región. En el sur de Perú, la situación es grave tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, con 46 fallecidos, y, en Colombia, las fuerzas de seguridad previnieron un intento de asesinto a la vicepresidenta Francia Márquez con un poderoso artefacto explosivo.

En Uruguay no se ha producido este tipo de hechos, pero la reincidencia de figuras políticas en difundir mensajes de odio con información falsa llevó a que el exfiscal Jorge Díaz propusiera revisar el alcance de los fueros parlamentarios. Según expertos, sería mejor que se cumplieran las normas vigentes para la autorregulación del Poder Legislativo.

El mal uso de medios de comunicación puede tener consecuencias graves, pero podrían resultar mucho peores las medidas con intención de control como las que replanteó esta semana Cabildo Abierto. No hay el menor indicio de que esta iniciativa pueda ser aprobada, pero las anunciadas discrepancias cabildantes con el proyecto de reforma jubilatoria sí podrían tener consecuencias de importancia: por ejemplo, que ese proyecto no se apruebe, o que (como ha sucedido en otras ocasiones) Cabildo deje de lado sus críticas a cambio de que le concedan alguna otra cosa.

Por otra parte, algunas noticias locales mostraron que el diálogo no siempre desemboca en acuerdos. No los lograron trabajadores del programa Oportunidad Laboral, más conocido como Jornales Solidarios, que demandaban una continuidad de esa solución transitoria y realizaron incluso una huelga de hambre ante la Torre Ejecutiva. Tampoco las autoridades del Ministerio de Economía, empeñadas en que la mayoría del Tribunal de Cuentas retirara sus observaciones a la licitación para la compra de escáneres aduaneros.

En otros casos, las discrepancias se resuelven ante la evidencia contra una de las partes. Así pasó con las triunfalistas y cuestionadas afirmaciones del oficialismo sobre la temporada turística, y también en relación con la tesis de que la proliferación de cianobacterias no se debe a la contaminación de las aguas, que ya había sido refutada en escala local y ahora queda aún más desacreditada con una investigación internacional.

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