Los años electorales nos dan la oportunidad de percibir que ya es hora de modificar algunos dispositivos institucionales a cuya ineficacia no debemos acostumbrarnos. Una vez más se descubrió en un puerto europeo un cargamento de cocaína procedente de Uruguay. Eran más de dos toneladas, y la carga había pasado por el escáner del acceso norte al puerto de Montevideo sin que los aduaneros la interceptaran, aunque en Amberes no pasó lo mismo un mes después.

El Sistema Nacional Integrado de Salud se creó hace más de 15 años, durante el primer gobierno nacional frenteamplista, y en el tercero se intentó impulsar una “segunda generación de reformas” que quedó pendiente. Desde entonces, durante la actual presidencia de Luis Lacalle Pou, a la postergación de avances se han sumado retrocesos y problemas nuevos, entre ellos los relacionados con la tolerancia al desequilibrio financiero de muchas instituciones y a sus prácticas para sobrellevarlo. Esto está en el trasfondo de la expulsión del Casmu de Álvaro Niggemeyer, que integraba su Consejo Directivo como representante de la oposición.

Los subsidios a “viviendas de interés social” establecidos en 2011 y modificados en 2020 pueden ser defendidos como un régimen de fomento a la industria de la construcción, pero sus resultados poco tienen que ver con los objetivos de una política de vivienda. Del mismo período es la ley de regulación y control del cannabis, y no se comprende qué finalidad provechosa tienen sus disposiciones sobre el registro de consumidores.

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