El martes el nacionalista Pablo Caram fue condenado por el pago fraudulento de horas extras en la Intendencia de Artigas, de la que era titular hasta entonces. El hombre pensaba renunciar, pero no porque pasó a estar procesado sin prisión, sino para dedicarse a la campaña electoral.

En la maniobra, que fue denunciada por los ediles frenteamplistas y colorados, estaban también involucrados varios miembros de su familia: su sobrina, la diputada Valentina dos Santos, su primo Rodolfo Caram y la esposa de este. Dos Santos tenía planeado dejar su banca para asumir como intendenta tras la anunciada salida de su tío, y siguió manejando la posibilidad a pesar de que la Justicia también la incriminó.

Hasta el viernes se consideraron distintas hipótesis sobre la legalidad (y sobre la decencia) del juego que pretendían llevar adelante tío y sobrina, hasta que la Justicia artiguense envió sus dictámenes a la Corte Electoral. Esta procederá a inhabilitar a Pablo y Valentina. El Comité de Ética del Partido Nacional no llegó a pronunciarse.

En el menos preocupante de los casos, el episodio sugiere, además de lo obvio, la existencia de un esquema de clientelismo político. Esto invita a pensar qué habría pasado si el Partido Nacional no hubiera bloqueado en el Parlamento la ley propuesta por Adrián Peña para regularizar los ingresos a las intendencias o si una minoría del Frente Amplio no hubiera hecho lo mismo para impedir que se plebiscitara.

Lo del “clan Caram” viene desde hace más de seis años y destacadas figuras del Partido Nacional tenían un plan para blindarlo. La persistencia de ese tipo de corrupción territorial se revela como un modo de concebir los gobiernos departamentales, si nos atenemos a las limitadas consecuencias penales que tienen sus actos.

Las andanzas del “grupo Marset” también tienen su tiempo, pero no dejan de arrojar novedades. Esta semana fue detenida en el aeropuerto de Madrid la pareja del narcotraficante.

Será extraditada a Paraguay: el Ministerio el Interior aclaró que ni ella ni Sebastián Marset son investigados en Uruguay, a pesar de todos los descabezamientos que ha provocado en el gabinete de Luis Lacalle Pou desde que se conociera que se les había facilitado pasaportes para que salieran de prisión.

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