Tras varios contratiempos, el miércoles la Cámara de Diputados terminó de aprobar una nueva Ley de Medios y, a las pocas horas, el presidente Lacalle vetó el polémico artículo 72, con el que sus socios de Cabildo Abierto buscaban institucionalizar el control político e ideológico de radios, redes, prensa y televisión.

“La mejor ley de medios es la que no existe”, dijo José Mujica cuando era presidente y su fuerza política se encaminaba a votar una serie de normas que no eran del agrado de los concesionarios privados de ondas de radio y televisión. Desde entonces, ellos y los partidos que hoy son gobierno se opusieron firmemente a aquella Ley de Medios. Con lo que terminaron de aprobar esta semana no se limitaron a neutralizar a la vieja ley, como parecía sugerir Mujica, sino que extendieron los privilegios y las potestades de los empresarios mediáticos y debilitaron la posición de las empresas públicas en el sistema de comunicación.

Por otra parte, además de los problemas formales que listó Lacalle al justificar su veto al disparate de Cabildo, la ley tiene otras características que la volverían inconstitucional, relacionadas con la razonable idea de que al país no le conviene que durante un ciclo electoral los gobernantes realicen reformas de fondo y repartan beneficios.

Nuestro editorial: Nueva ley de medios: el veto no consuela

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