Es legítimo que todas las autoridades cumplan con sus tareas hasta el último día de ejercicio; de lo contrario, habría períodos de desgobierno. En cambio, no parece bueno para el país que, entre las elecciones y la asunción de las nuevas autoridades, se tomen medidas que afectan profundamente el accionar del gobierno entrante, o que beneficien a las jerarquías salientes, o ambas cosas. Sin embargo, en Uruguay viene ocurriendo desde diciembre, y en los últimos días, con más intensidad.

El hecho más notorio fue la firma del acuerdo de la estatal OSE con el consorcio privado Aguas de Montevideo para dar comienzo al proyecto Neptuno, que incluye la construcción de una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana. El próximo presidente, Yamandú Orsi, había expresado que estaba en contra de avanzar con el proyecto sin hacer revisiones, y ahora le comunicó formalmente a Lacalle Pou su opinión sobre esta decisión de último momento que afectará su gestión.

Lacalle Pou también bajó los requerimientos de impacto ambiental para iniciar proyectos forestales, aunque en este caso las próximas autoridades no tendrán mayores dificultades en revertir la medida, de acuerdo al futuro ministro del área, Edgardo Ortuño.

El tercer evento reciente ya fue desactivado en el Parlamento: el Poder Ejecutivo pretendía que Francisco Bustillo, el mismo diplomático que debió renunciar como ministro de Relaciones Exteriores por su responsabilidad en la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y por su accionar posterior, fuera el embajador en Perú. Finalmente, el presidente desistió de la iniciativa.

Nuestro editorial habla de este impulso de Lacalle Pou y compañía.

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