La prioridad “es hacer Casupá”, afirmó Alejandro Sánchez este lunes en Torre Ejecutiva ante la pregunta de cuál será la postura del próximo gobierno del Frente Amplio (FA) en torno al proyecto Neptuno. Sánchez, que ya fue designado como secretario de Presidencia por el presidente electo, Yamandú Orsi, sostuvo que para avanzar en el proyecto “necesariamente habría que levantar las observaciones” que se le han hecho a la iniciativa por parte de la academia, organizaciones sociales y productores.
En el marco de la transición, Sánchez se reunió por primera vez con el actual secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. En el encuentro también participaron la prosecretaria de Presidencia, Mariana Cabrera, y Jorge Díaz, quien asumirá ese mismo cargo en el comienzo del cuarto gobierno del FA. Al igual que Orsi la semana pasada, Sánchez no profundizó sobre cuáles son esas observaciones a las que apunta la fuerza política.
A grandes rasgos, el proyecto Neptuno, que plantea la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José) que tomaría agua del Río de la Plata para abastecer el área metropolitana, ha recibido dos tipos de cuestionamientos. Por un lado, se ha advertido sobre la calidad del agua y los niveles de salinidad que se han registrado en el lugar donde se ubicaría la planta, y, por otro, se ha criticado el modelo de financiamiento y de administración que tendría la planta potabilizadora, con la intervención de un consorcio privado.
“Vamos a tener que pagar más de 800 millones de dólares a un privado para que potabilice el agua sin asegurar el abastecimiento del área metropolitana”, sintetizó la Mesa Política del FA en una declaración en mayo del año pasado.
Jorge Díaz: “Aquello que se haya firmado se va a cumplir”
Durante la última transición, entre fines de 2019 y principios de 2020, el entonces secretario de Presidencia, Miguel Toma, recibía en su despacho a Álvaro Delgado, su sucesor, y a Ferrés, ya designado como prosecretario de Presidencia. El centro de la discusión era el terreno judicial; en concreto, la posibilidad de un juicio internacional contra el Estado uruguayo por parte de Katoen Natie, que todavía no había obtenido la concesión en el puerto de Montevideo. “El nivel de comprensión era poco”, diría después Toma.
En tal sentido, este lunes, a la salida de la reunión en Torre Ejecutiva, Díaz puntualizó que el próximo gobierno del FA mantendrá la “seguridad jurídica”, algo que forma parte de las “mejores tradiciones democráticas”. “Aquello que se haya firmado, obviamente que se va a cumplir y se va a respetar a rajatabla, como se ha hecho siempre”, remarcó.
En agosto del año pasado, el gobierno de Luis Lacalle Pou adjudicó la construcción del proyecto Neptuno al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Pero el contrato entre OSE y el consorcio para el inicio de la obra todavía no se firmó, y el actual Poder Ejecutivo ha resuelto no firmarlo hasta que el equipo de Orsi se pronuncie sobre las observaciones.
FFOSE entiende que la demora de la firma del contrato “es un triunfo parcial”
Marcos Míguez, dirigente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), dijo a la diaria que la demora en la firma del contrato “es un triunfo parcial” para los colectivos contrarios a la iniciativa. “Seguimos entendiendo que es un mal proyecto y que no hay que firmarlo”, resaltó.
Míguez adelantó que el sindicato solicitará una reunión con Orsi para “interiorizarnos de primera mano sobre cuál es la idea del gobierno con el proyecto”. “Desde el sindicato entendemos que se tiene que atender el abastecimiento de agua potable en todo el país, y que urgen otras obras más importantes en otros puntos del país, donde realmente la situación de las plantas potabilizadoras es crítica”, expresó.
Por su parte, el abogado Juan Ceretta, que ha litigado contra el proyecto Neptuno, señaló a la diaria que, en caso de que el próximo gobierno no firme el contrato, el Estado uruguayo no deberá pagar ninguna indemnización al consorcio. “Es opinable, pero la adjudicación lo que genera es el derecho a que no se lo den a otro [el proyecto]. Pero, si la obra no se hace, no genera un derecho a una indemnización, como sí genera si se firma el contrato”, expresó.
Ceretta señaló que hay antecedentes de licitaciones en las cuales “no se celebró el contrato”, aunque aclaró que fueron “adjudicaciones comunes”, “no de la envergadura de este proyecto”. Por otra parte, Ceretta adelantó que la próxima semana los colectivos contrarios al proyecto Neptuno divulgarán un documento con 200 observaciones a la iniciativa.
Del otro lado, Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción y titular de Saceem, afirmó que el proyecto Neptuno “es absolutamente necesario” y dijo que el consorcio seguirá trabajando a la espera de la firma del contrato. “Nosotros estamos con la conciencia tranquila de que este es un proyecto fundamental, porque aporta mayor potabilización al sistema de Montevideo”, declaró a Telemundo.
Si bien señaló que Orsi, como presidente electo, “tiene todo el derecho de plantear dudas o eventualmente correcciones” a la propuesta, Ruibal apuntó que la obra ya está adjudicada y además “pasó por el Tribunal de Cuentas”. “Nosotros siempre estamos para aportar la mejor solución y vamos a estar abiertos a alguna sugerencia que se pueda hacer”, añadió.