El grupo de vecinos de La Juanita que durante el último año realizó movilizaciones y acciones judiciales para impedir la construcción de un hotel de campo en la faja costera recibió el 2025 con la mejor noticia: la Intendencia de Maldonado (IDM) les notificó sobre el vencimiento de la resolución del 24 de enero de 2024, por la cual el empresario argentino Diego Filkenstein fue autorizado a construir un hotel de campo con excepciones a la normativa en la playa del balneario.

“Habiendo trascurrido los plazos previstos en los decretos 3965 y 3718 para la presentación del permiso de construcción correspondiente, la aprobación de la consulta de viabilidad ha perdido vigencia”, informó la comuna a los abogados de la agrupación vecinal. Los asesores legales “confirmaron que el permiso solicitado caducó. El proyecto en la instancia abierta hasta ahora está terminado”, dijo a la diaria el vocero vecinal Isidoro Felcman.

Filkenstein tiene ahora varias alternativas: puede pedir una prórroga de la autorización, que nuevamente debe aprobar la Junta Departamental de Maldonado; presentar un nuevo proyecto, que tendrá que seguir un proceso similar al anterior; o desistir del emprendimiento. No obstante, los vecinos entienden que las dos primeras “no serán sencillas de transitar, dado el estado de movilización que tiene la comunidad y la repercusión pública del tema”.

Una hipótesis sobre cómo actuará la IDM

Por razones de “prudencia”, la agrupación optó por no hacer públicas sus hipótesis sobre por qué el empresario argentino –que desde hace años está radicado en José Ignacio– dejó vencer los plazos. Sin embargo, sus integrantes entienden que la IDM “está preocupada” por el antecedente que podría generar una sentencia adversa en el recurso que presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

Dada esa situación, estiman que la IDM se presentará “en breve” ante el TCA para manifestar que, en función de la caducidad de los plazos, “ya no existe el caso”. “En consecuencia, solicitará que se cierre el expediente abierto por nosotros oportunamente”, evaluó Felcman.

“De confirmarse esta hipótesis, tampoco desde la IDM habría voluntad de responder positivamente a un pedido de prórroga o a la presentación de un nuevo proyecto, por todo lo que ello implicaría nuevamente en materia de movilizaciones, manifestaciones públicas, repercusiones mediáticas, nuevas presentaciones judiciales, etcétera”, añadió.

Continuar hasta “terminar” con las excepciones

Los vecinos que recibieron la notificación prevén presentar un “breve escrito” ante la IDM manifestando que, a pesar de la caducidad de la viabilidad del proyecto, el agravio “de fondo” sigue vigente. Por lo tanto, seguirán adelante con sus acciones por vía administrativa y judicial para terminar con las excepciones a la normativa.

Esta postura, contraria a modificar las reglas para determinados inversores, es compartida por los operadores inmobiliarios de aquella zona que el año pasado manifestaron públicamente su compromiso con el desarrollo sustentable.

Si bien celebran “un gran éxito después de un año de trabajo y movilización” de la comunidad organizada, entienden que han ganado “una batalla” y que “la guerra continúa o puede continuar”, por lo cual insisten en mantenerse atentos a los próximos eventos en torno al caso.

Entretanto, esperan informes técnicos elaborados por el área de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente sobre el proyecto de alambrado presentado por el propietario del terreno en cuestión. A mediados del año pasado, siete expertos del Centro Universitario Regional Este (CURE) fueron contratados por los vecinos para avanzar por esta vía.

A través de la sociedad anónima Luna Colonial, Filkenstein solicitó excepciones a la IDM en 2023. Consiguió la viabilidad del proyecto el 18 de enero de 2024, con votos del Partido Nacional y del Partido Colorado en la Junta Departamental.