El sábado 9 de enero, el economista Fernando Isabella publicó una columna de opinión en la diaria acerca de la decisión del Frente Amplio (FA) de acompañar el proyecto de ley de Cabildo Abierto para regular la forestación. Al respecto, no debemos descuidar el marco en el que se dan el artículo y la polémica.

Isabella fue director nacional de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el último gobierno del FA. Por su cargo necesariamente conoce todo el proceso del desarrollo pulpero de Uruguay y debió intervenir muy de cerca en las negociaciones realizadas con UPM por su segunda planta, ubicada cerca de Paso de los Toros, sobre el río Negro. Que Isabella no quiera entrar a analizar los pros y los contras del mencionado proyecto de ley no quiere decir que no tenga posición sobre él. Es relevante conocerla, especialmente cuando coloca su artículo en la palestra pública. Se debería inferir que es la misma posición que debió sustentar como gestor en la OPP, supuestamente concordante con los planteos del sector productor de pulpa de celulosa. En este caso, el economista no puede soslayar sus fundamentos, los que sí debe aportar.

Parece que Isabella decidió plantear su polémica sin contemplar el contexto en el que la propone. No considerar dónde y cómo debe dar la discusión parece un error importante para un frenteamplista.

Su planteo crítico sobre táctica y estrategia del FA haciendo mayoría con Cabildo Abierto merece las mismas objeciones que él realiza a la acción de la bancada de diputados del FA. Parece que Isabella decidió plantear su polémica sin contemplar el contexto en el que la propone. No considerar dónde y cómo debe dar la discusión parece ser un error importante para un frenteamplista. Con seguridad, no desconoce que el FA está en pleno proceso de autocrítica y que su planteo es oportuno en ese ámbito. Cabe preguntarse por qué expresó su opinión de la forma en que lo hizo, en pleno proceso de toma de posición sobre el tema por parte de la bancada de senadores del FA. Entendemos que lo hizo por su discrepancia con el proyecto de ley y no como resultado de su rebuscado análisis de tácticas y estrategias y su muy particular enfoque de los diferentes intereses que se mueven en torno a la tierra y su propiedad y uso. Entonces, ¿a quiénes pretende alinear y sumar con su polémica pública? Son muchos los ciudadanos expectantes por una solución de fondo a este tema de importancia nacional.

El proyecto forestal uruguayo surgió con apoyo unánime del país. Su ejecución la implementaron gobiernos de todos los principales partidos políticos durante más de 30 años. No siempre prevaleció la visión unánime en las decisiones tomadas en los diferentes gobiernos de turno. No hay duda de que los gobiernos del FA han procedido a regular aspectos importantes de ese proyecto, especialmente en el área de producción de materia prima, y han tomado relevantes decisiones en la instalación de la industria celulósica. También es un hecho objetivo que la evolución del proyecto forestal, especialmente del sector celulósico, no cuenta hoy con amplios apoyos y ha generado amplias e importantes oposiciones en casi todos los sectores de la sociedad uruguaya. Este movimiento opositor con seguridad responde a errores cometidos en todos los gobiernos en los 30 años de crecimiento del sector forestal.

La ley en proceso propone la inclusión de nuevas regulaciones al sector para corregir desvíos no deseables de la Ley 15.939, resguardar el interés nacional y generar un ámbito de reformulación, limitado en el tiempo, para adecuarla como herramienta directriz de las próximas etapas del desarrollo forestal sustentable.

Esto también es parte del contexto en el que se da esta polémica, puesta en la palestra pública por Isabella.

Por ello es importante que el FA analice aciertos y errores. No hay que soslayar la oportunidad de convocar y apoyar un gran debate nacional centrado en el tema forestal, con intervención muy amplia de los actores económicos, sociales y políticos del país.

Esto sí es necesariamente público, relevante e incluyente de toda la sociedad. Es táctico en la coyuntura actual y estratégico para el desarrollo forestal sustentable, la necesaria armonía intersectorial y el interés nacional. Con seguridad hay una oportunidad para lo “mejor y preferible” en todo aquello que involucre el bienestar de todos.

Quien coseche políticamente en este proceso es de esperar sea el que le brinde más confianza y seguridad a la colectividad nacional. El FA tiene su espacio y por lo tanto también puede aportar planteos serios, responsables y ajustados a los resultados y las propuestas a las que arribe el referido debate nacional.

El FA debe jugar su rol preponderante en el proceso de politizar a los diferentes actores involucrados para que identifiquen y asuman el rol que les corresponde en la definición, la inclusión y la consecuente apropiación democrática del territorio.

Héctor Arbiza, Alejandro Borche, Manuel Chabalgoity, Eduardo Cotto, Eduardo Dilandro, Dardo Esponda y Gustavo Guarino son integrantes del colectivo Agrónomos en Diálogo.