La directora de la INDDHH Mariana Blengio cambió su criterio desde que asumió el gobierno y no apoyó la mayoría de las resoluciones

Desde que asumió el actual gobierno presidido por Luis Lacalle Pou la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Mariana Blengio –a quien se identifica como cercana al Partido Nacional (PN)– no vota afirmativo la mayoría de las resoluciones de ese organismo referidas a presuntas violaciones a los derechos humanos, incluso en decisiones sobre casos similares que antes había respaldado.

El cambio de gobierno en marzo de 2020 y la cercanía de la elección de nuevas autoridades en la INDDHH tuvo repercusiones en la interna de este organismo.

Los anteriores directorios habían tenido algunas diferencias entre sus miembros sin consecuencias importantes que trascendieran en cuanto a los documentos que emitía la institución, pero en esta gestión y sobre todo desde que asumió el presidente Luis Lacalle Pou, quedó marcada la distancia entre la actuación de los integrantes del Consejo Directivo Juan Faroppa, María Josefina Pla, Wilder Tayler y Mariana Mota con Blengio.

Las votaciones del Consejo Directivo de la institución en los últimos cinco años –a las que accedió la diaria mediante un pedido de acceso a la información– muestran el cambio en las votaciones de Blengio, quien desde marzo de 2020 al 10 de mayo de 2022 no acompañó 168 de las 254 resoluciones emitidas. En 26 de ellas votó discorde, en 81 se abstuvo y en el resto de los casos no estuvo presente.

En el período anterior, desde setiembre de 2017 a febrero de 2020, hubo 294 resoluciones, de las cuales en 47 no acompañó a la mayoría del Consejo Directivo de la INDDHH. En tres ocasiones fue por voto discorde y en 44 por ausencia.

Las resoluciones abarcan a diversos organismos públicos, que incluyen tanto a ministerios como a entes e intendencias. Hay resoluciones emitidas luego de marzo de 2020 en las que se plantean situaciones similares a otras decididas antes de esa fecha y que Blengio apoyó, pero que en este período más reciente no votó.

Por ejemplo, una resolución del 7 de marzo de 2019 aprobada por unanimidad recomienda al Ministerio del Interior la adopción de diversas medidas tras una denuncia de abuso policial. Sin embargo, Blengio no apoyó una resolución del 27 de abril de 2021 con recomendaciones al mismo ministerio –que a diferencia de lo ocurrido en el caso anterior, en esta oportunidad no colaboró con las investigaciones de la institución– por otra denuncia de abuso policial y fundamentó su voto discorde.

Hasta marzo de 2020, Blengio apoyó en general las resoluciones con observaciones y recomendaciones al Ministerio del Interior por presuntas violaciones a los derechos humanos. El 23 de enero de 2018 votó discorde en un caso, pero alegó diferencias en el trámite interno del expediente.

El 10 de noviembre de 2017, la INDDHH aprobó por unanimidad la recomendación de que sean considerados los elementos presentados por una denunciante para acreditar que sea amparada por la Ley 18.596, que prevé la reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

Sin embargo, en una resolución del Consejo Directivo de la INDDHH del 12 de octubre de 2021 referida a una denuncia similar, Blengio no acompañó las recomendaciones al Poder Ejecutivo respecto de la necesidad de adoptar medidas con relación al cumplimiento de la misma ley.

El 11 de noviembre de 2018 Blengio apoyó una resolución, aprobada por unanimidad, referida al incumplimiento de ASSE de la Ley 19.122 que prevé cuotas laborales para personas afrodescendientes. El 9 de junio de 2020 se abstuvo de votar una resolución en el mismo sentido referida a la Universidad de la República. Consultada por la diaria, Blengio consideró “un análisis totalmente lineal y no profundo” sostener que tras el cambio de gobierno pasó a no votar la mayoría de las resoluciones de la INDDHH. “No es tan literal el análisis y además si se analizan las [resoluciones] de 2020, muchas tienen que ver con cosas que pasaron en 2019 o 2018”, dijo.

Destacó que en muchos casos se abstuvo por razones formales, lo que no descarta que “pueda haber responsabilidad del Estado en los hechos denunciados”. Recordó que desde setiembre de 2021 se comenzó aplicar un nuevo sistema de admisibilidad de denuncias en la INDDHH, para lo que antes alcanzaba con el visto bueno de dos directores y ahora es necesario que pase por el Consejo Directivo, lo que considera que es un cambio en línea con el rumbo que debe tener la institución.

“Son distintas miradas que tenemos [en el Consejo Directivo], y la mía fundamentalmente es que debemos regirnos por un procedimiento administrativo y todo lo que hace al Derecho Público. Eso no quiere decir que no apliquemos todo el bloque de constitucionalidad y los tratados de derechos humanos, y cuando veamos que hay cosas contra los derechos y libertades haya que, por supuesto, decirlas y plantearlas”, afirmó.

Blengio adelantó que no se postulará a integrar el próximo directorio de la INDDHH. “El desafío del sistema político ahora es elegir los próximos integrantes del Consejo Directivo. Yo en principio no voy a repetir, he tomado la decisión de no continuar”.

La elección del nuevo directorio

Esta situación se da cuando la INDDHH sufre una campaña de ataques y desprestigio encabezada por dirigentes políticos de la coalición de gobierno. Varios de ellos expresaron la necesidad de cambios en los fines y funcionamiento del organismo, a lo que se suma la posición de Cabildo Abierto, que entiende que la institución directamente no debería existir.

En gobiernos del Frente Amplio (FA), algunas resoluciones de la institución con cuestionamientos al funcionamiento del Estado en asuntos que afectan los derechos humanos no fueron bien vistas por dirigentes del gobierno y no se cumplieron las recomendaciones, aunque no hubo cuestionamientos públicos al organismo. Pero en este gobierno, en especial en los últimos meses, los cuestionamientos se han vuelto constantes e incluyen a dirigentes de primera línea de los partidos de la coalición.

Incluso recientemente la vicepresidenta Beatriz Argimón –que participó en el proceso de creación de la INDDHH– criticó a la institución y planteó meses atrás la necesidad de rever su funcionamiento y promover una reforma legal.

Sin embargo, la semana pasada la diaria informó que la coalición de gobierno finalmente desistió de su intención de reformular este año la ley de 2008 que creó la INDDHH. Si bien en el oficialismo se mantiene la visión crítica de lo que ha sido su accionar, el foco de los legisladores ahora está puesto en la elección de las nuevas autoridades del Consejo Directivo, que asumirá el 1° de setiembre.

La coalición prevé elegir cuatro integrantes del Consejo Directivo y que la oposición defina el quinto. El oficialismo resolvió “renovar absolutamente a todos los integrantes” del actual Consejo Directivo, incluida Blengio, dijo una fuente nacionalista a la diaria.

La Ley 18.446 –que creó la INDDHH– promueve que algunos integrantes del Consejo Directivo sean reelectos, “a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH”. En ese sentido, algunas organizaciones sociales, como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol, han manifestado su intención de que se mantengan en su cargo Tayler y Mota. Desde filas del PN dijeron a la diaria que si se aspira a que haya continuidad en el próximo período, esa decisión la debe tomar el Frente Amplio (FA). “Es el lugar que les corresponde. Nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ellos, que fue intentar direccionar a quien teníamos que poner en la designación”, dijo la fuente.

Desde el FA no están de acuerdo con el reparto planteado por el oficialismo porque entienden que los integrantes siempre fueron elegidos por sus condiciones técnicas y su trayectoria. También existen diferencias respecto del armado de la comisión especial bicameral que deberá recibir las postulaciones para integrar el Consejo Directivo y elaborar una lista para presentar ante la Asamblea General. El oficialismo propuso conformar una comisión integrada por 17 miembros, con seis representantes frenteamplistas, pero la oposición quiere tener 40% de la representación, informó Búsqueda el jueves 19.

La ley establece que las organizaciones sociales que participan en las sesiones extraordinarias de la INDDHH son las encargadas de proponer nombres y los parlamentarios se encargan de formular la lista final de candidatos. Los miembros son elegidos por dos tercios de la Asamblea General, pero en caso de no llegarse a la cantidad de votos establecida, se prevé que puedan ser designados en una siguiente votación por mayoría absoluta del total de componentes.

“Lo que está en cuestionamiento es el control”

Las críticas en el último tiempo contra el organismo causaron preocupación tanto a nivel local como internacional. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió en mayo del año pasado por el “creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar” a las instituciones de América Latina y el Caribe, y mencionó en particular su “preocupación” por “las declaraciones públicas que desacreditan el trabajo” de las defensorías del pueblo, en particular en Uruguay y Ecuador.

Gina Benavides, exdefensora del pueblo de Ecuador y catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, participó de manera virtual este miércoles en una mesa de diálogo que realizó la INDDHH en la Universidad de la República a raíz de los diez años de su creación y señaló que estas instituciones tienen que cumplir un “rol fundamental”, que muchas veces es “poco comprendido”: se trata de “una institución del Estado que controla al Estado en materia de derechos humanos”. A su entender, ese es un punto central porque el Estado, para afianzar su propio rol, reconoce que el “ejercicio de poder puede llevar a extralimitación y que necesita un autollamado para evitar ir más allá”.

Benavides resaltó que estas instituciones tienen que ser realmente independientes, autónomas y pluralistas. Destacó que estos organismos no pueden estar vinculados a los partidos políticos o al gobierno de turno, pero sí deben ser instituciones políticas, porque “defender los derechos humanos es una posición política, es una actitud de vida y de servicio a la población”. También subrayó que la institución no puede cumplir su rol de contralor si está limitada financiera y administrativamente, es decir, si su “presupuesto entra en consideraciones para ser asignado o no en función de que cumpla los mandatos del gobierno”.

Por su parte, Faroppa, presidente de la INDDHH, manifestó: “Si han recibido durísimos ataques el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, esta universidad, ¿qué podemos esperar nosotros? En definitiva, lo que está en cuestionamiento es el control, que es esencial para una democracia moderna”.

“Hace poco tiempo dijo claramente algún integrante del sistema político que la INDDHH no servía para nada y debía cerrarse. Eso no es lo más grave; lo más grave, como también se planteó en otros países, es que se mantenga la estructura como una cáscara vacía y se le quite el alma”, agregó Faroppa.

A su turno, el historiador Gerardo Caetano destacó que la institución debe mantener una asociación “permanente con el Parlamento”, como lo viene haciendo, “con profesionalidad como con la independencia necesaria, siendo absolutamente firme y evitando el peso de las presiones que muchas veces hemos visto”.

Según dijo, basta recurrir al “ejemplo internacional para ver qué ha ocurrido en las democracias donde estas instituciones han sido objeto de ataques políticos. Por eso es la hora de renovar convicciones, las mismas con las que nació hace diez años deben ser las que hoy, diez años después, orienten el futuro”.

La docente e investigadora en las áreas de derecho constitucional y derechos humanos de la Universidad Católica del Uruguay Paula Garat dijo a la diaria que en una democracia es “común o esperable que haya cuestionamientos a cualquier institución pública, no solamente a este tipo de instituciones”. Señaló que este tipo de instituciones tiene la particularidad de que su rol está muy asociado a la concepción que la sociedad tenga, “en el entendido de que la considere una institución clave para la protección de sus derechos y acuda al organismo”. En ese punto, agregó, “quizás esas críticas puedan incidir negativamente, pero no así afectar su labor, su cometido y el trabajo que viene haciendo, que creo que para una perspectiva futura puede ser todavía mayormente profundizado”.