En mayo el directorio de UTE habilitó, con los votos de la mayoría oficialista, que los grandes consumidores de energía tengan la posibilidad de ser “clientes libres” de la empresa, en lugar de tener contratos regulados. La punta de lanza en este cambio disruptivo para el mercado de venta de energía –amparado en un decreto con más de 20 años, que permite la compraventa entre privados, pero que no se había aplicado hasta ahora– son Montevideo Refrescos (Coca Cola) y Central Lanera, que anunciaron su intención de cerrar contratos con un parque fotovoltaico que construye la empresa Ventus en Salto. En la última sesión del directorio de UTE, sin embargo, apareció un tercer “cliente libre”: Industria Papelera Uruguaya Sociedad Anónima (Ipusa). La representante del Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, votó contra la propuesta y consideró que el acuerdo que beneficia a la cartonera de Pando representa un “antes y un después” para la empresa. “Nos estamos pegando un tiro en el pie”, resumió la jerarca, entrevistada por la diaria.
¿Cómo se ha dado la discusión sobre “clientes libres” en el directorio de UTE?
Con los “clientes libres” estamos invocando, con base en una norma que se aprobó hace más de 20 años, un mercado de venta de energía que en realidad no existe. Los clientes libres estaban pensados para un mercado de competencia que se quiso desarrollar en los años 90, copiando a otros países. No sólo no se desarrolló ese mercado, sino que el cambio de la matriz energética que impulsamos durante 15 años lo llevamos adelante con UTE en el centro de la escena. En todo ese período, la empresa pública fue la única que invirtió en infraestructura y energía, con base en una política energética acordada de manera multipartidaria. Se invirtió en infraestructura y en generación, y se metieron las renovables, para bajar la dependencia con agua y combustibles.
Esas inversiones en Uruguay permitieron abastecer la demanda y obviamente ayudaron a bajar el precio promedio. UTE invirtió como empresa pública, de la misma manera que Antel lo hizo con la fibra y el cable submarino, y ambas demostraron un camino para lograr la eficiencia. Alcanza con ver los niveles de facturación que alcanzaron y cuánto volcaron a Rentas Generales. Entonces la discusión sobre los clientes libres hay que ubicarla en ese marco: invertimos en infraestructura, bajamos los costos y, sin embargo, ahora estamos promoviendo que los grandes consumidores de UTE pasen a ser clientes libres para que paguen menos, algo que no pueden hacer el resto de los clientes, porque son clientes cautivos que no pueden ir a otro lado a comprar energía.
¿Cuántas empresas están en esa situación?
El universo de grandes clientes de UTE son aproximadamente unos 1.000, porque para ser considerado gran cliente tenés que tener un determinado consumo mínimo. En total representan entre el 18% y el 20% de la energía que genera UTE. El problema es que estamos empezando a entregar contratos de clientes libres sin que tengamos una competencia real, porque no existe en Uruguay otro generador como UTE.
Central Lanera y Montevideo Refrescos dijeron que van con Ventus.
Ellos dijeron que van con Ventus, pero el tema es que Ventus no está instalada todavía. En mi caso, como representante del FA en el directorio de UTE, no he visto todavía ningún informe sobre qué tipo de contrato tienen estas empresas con Ventus. Ni cuáles son las condiciones ni cuándo empiezan. Eso debería verlo la presidenta (de UTE, Silvia Emaldi), que es la representante de la empresa en la ADME (Administración del Mercado Eléctrico), que es normativamente donde tienen que presentarse este tipo de contratos.
Entonces hoy usted como directora no sabe cuándo se termina o cómo queda la relación comercial de UTE con esas dos empresas.
Exactamente, no tengo detalles. La explicación que me dieron en el directorio es que Central Lanera y Montevideo Refrescos ya avisaron que se van con Ventus. Es parte del problema, porque en estas cosas hay que ser más formales. En un ámbito como el directorio no deberíamos funcionar con avisos. Se debería mostrar documentación y deberíamos analizar a partir de eso, sabiendo cuándo rige y en qué condiciones quedamos. Entre otras cosas, para saber cuándo UTE va a empezar a perder esa facturación que hoy tiene de Central Lanera y Montevideo Refrescos. Sumado a eso, la semana pasada [el jueves 23 de junio] vinieron con otro contrato, de otro gran cliente que es Ipusa, que también se votó por la mayoría y que no acompañé.
¿Qué implica ese contrato con Ipusa?
Es la primera vez, ahora sí, que un gran consumidor plantea que quiere pasar a ser cliente libre, pero en lugar de decir que se va con otro generador, como sucedió con Ventus, lo que ellos plantean es: “Quiero ser un gran cliente pero te quiero contratar a vos”. Y UTE, en lugar de certificar o comprobar que existe algún competidor real, le responde: “Está bien, como no te quiero perder a futuro, ya te bajo a la mitad la tarifa”. A la mitad o a un determinado precio, pero acepta bajarle. O sea que Ipusa le pagaba a UTE cierta cantidad de dinero y a partir de ahora le va a empezar a pagar menos. Básicamente, eso fue lo que votó el directorio.
¿Qué implica esta decisión?
Es un antes y un después para UTE, y así lo traté de plasmar en la constancia de voto negativo. Es un hito en materia de grandes clientes y en el avance privatizador de la empresa pública, increíblemente propiciado por la propia empresa pública. Eso es lo más grave de todo; que la propia UTE genere el contrato, en una lógica de “me saco un gorro y me pongo el otro”. Por un lado, decimos que la energía vale tanto, pero nos damos vuelta y le decimos a determinada empresa que en realidad se lo puedo bajar a tanto. Mínimo, es bastante contradictorio.
¿Ese beneficio para Ipusa es un antecedente para que otras empresas pidan lo mismo?
Como decía, UTE tiene unos 1.000 grandes clientes, o sea que esta es apenas la punta del iceberg. Ahora ya arrancaste porque tenés un contrato firmado. ¿Cómo les decís que no a otros grandes clientes que vienen a pedir lo mismo que Ipusa? Si encima lo aprobaste sin ninguna base sólida. ¿Cómo les decís que ahora en realidad no querés firmar un contrato como ese? Porque Ipusa no presentó ninguna base sólida que justifique la decisión que se tomó.
¿Piensa que hay riesgos desde el punto de vista del derecho administrativo o eventuales juicios?
Cuando uno toma decisiones en el campo del derecho público tiene que tener coherencia y ser responsable, porque nos regimos por determinados principios, como el acto propio. Tanto que hablamos de abuso de funciones, tanta gente denunciada, entonces cuando tomamos decisiones, tienen que estar fundamentadas. Y hay que tener un relato que se sostenga con documentación. ¿Cómo no le voy a preguntar a Ipusa cómo fundamenta el pedido? Pongo un ejemplo tonto para que se entienda lo que pasó. Es como si vos me dijeras: “La peluquera de la otra cuadra me cobra 300 pesos el corte y vos me estás cobrando 450, así que me voy con la otra”. Creo que lo primero que uno debería hacer es averiguar si efectivamente hay una competencia con esas características a una cuadra. Eso no pasó acá. Entiendo que pueda sonar fuerte la palabra, pero me resulta obsceno que se haya entregado una negociación de esta manera, sin condiciones mínimas de tener una competencia real. Es más, ni siquiera sé contra quién estoy compitiendo y cuál es el precio que ofrecería el otro. Sin todos esos datos, no se entiende que estemos ofreciendo estos beneficios a una empresa.
¿Qué pasa si otra empresa que eventualmente compita con Ipusa presenta alguna queja?
Es uno de los riesgos. Perfectamente una eventual competidora podría entender que UTE está formando parte de un esquema de competencia desleal. Porque por vía oblicua, y a través de estos beneficios, se termina generando una competencia desleal. Estamos hablando de un problema grave para el Poder Ejecutivo. Estamos generando diferencias a nivel del sector productivo. Hasta ahora UTE se manejaba de otra manera: hay un pliego tarifario para determinar cuáles son tus costos, cuánto te sale generar y se dividía basado en eso. Entonces cuando dabas beneficios a sectores productivos, lo hacías mediante bonificaciones. Vos podías resolver que algún sector determinado estaba pasando un momento complicado y ambos acordamos bajar la tarifa por determinado tiempo. Eso es cierto para vos y para mí, ambos sabemos las condiciones. Ahora dejó de ser así, porque estamos entregando bonificaciones que antes se daban por argumentos específicos para cada sector productivo.
¿Cómo se dio esta negociación con Ipusa?
Lo que me llegó al directorio es que Ipusa se presentó y dijo que quiere una tarifa más beneficiosa. Ya lo habían discutido en esos términos en el caso de Central Lanera y Montevideo Refrescos, diciendo que estas empresas se presentaban para buscar mejoras en su competitividad. Pregunté incluso cuáles eran los problemas específicos que tienen estas empresas, porque estamos hablando de empresas importantes. Sería importante tener alguna idea de por qué vienen a solicitar una tarifa más beneficiosa.
Insisto, no está mal tener bonificaciones específicas para sectores productivos, pero no se pueden generar estas desigualdades, hasta en los tiempos de decisión. Hoy tenemos casi 42.000 hogares en situación de corte, pero hace más de un año y medio que no tomamos ninguna decisión al respecto. Sin embargo, viene una empresa como Ipusa y en una sola sesión, sin bases ciertas, le otorgamos un beneficio.
¿Cuánto menos va a pagar Ipusa por este beneficio?
Lo que puedo decir, para respetar la confidencialidad, es que va a pagar mucho menos. No puedo decir los parámetros, entre otras cosas porque estaban negociando. Se puso un asunto a consideración del directorio sin tener un contrato cerrado de plazo, precio y forma del contrato. Fue otra de las objeciones que puse. ¿Por qué estamos votando esto si ni siquiera está cerrado el contrato? No es que vino alguien y nos dijo “te quiero pagar tanto, en un plazo de cuatro años”, y cerramos con base en eso. No, nos dicen que vino alguien y prácticamente nos avisó que hay que bajar la tarifa para el bien de su competitividad. Es una negociación que además está delegada en el gerente general. Ese es otro punto: elementos constitutivos de un contrato que va a pegar en la ecuación económica de la empresa pública quedan a decisión del gerente general. Los términos de la negociación no van a pasar por el directorio de UTE. O sea, digo todo esto para que se entienda el nivel de gravedad y lo preocupante que resulta. Abrieron una puerta muy complicada. En cuanto a los montos generales, una cuenta promedio que hicimos el año pasado nos daba que UTE podría perder, en un escenario conservador, un piso de 40 millones de dólares anuales de facturación si se avanzaba por este camino. Se hizo un promedio y llegamos a esa cifra.
Foto: Mara Quintero
¿Hay un debilitamiento de las funciones de control de la ADME?
No, más bien lo contrario. La ADME en estos años funcionaba como una especie de pívot. Tenía toda la información de la energía generada y es la que conocen los actores que están en el mercado, la que te dice con qué despachar. ADME está siempre en contacto con el despacho de carga de UTE. Es la que dice: en este momento tenemos más viento, andá con viento. Hacía un juego de pivot dentro del sistema y de ayuda para la satisfacción de la demanda nacional. Ahora puede tener otro tipo de rol, como le pasa a la URSEA como regulador. Es una consecuencia de la LUC [ley de urgente consideración], que no es menor tampoco. La LUC les otorga a los reguladores un rol mucho más activo y hasta discutible por las competencias que pueden llegar a tener. Hoy estamos discutiendo cuestiones que tendría que determinar la UTE, y el regulador debería estar para otra cosa, porque aparte no tiene los recursos para eso. Pero no hablaría de un debilitamiento de la ADME, sino más bien de un debilitamiento de la empresa pública.
¿Es un debilitamiento específico del directorio?
Son dos dimensiones diferentes. Una cosa es debilitar la empresa pública como tal y otra es, como consecuencia de eso, que se terminen debilitando las funciones que tenés como directorio. En estos dos años se instaló la idea de sacar discusiones del ámbito del directorio, entre ellas las de perfiles de los concursos de ascenso para determinados cargos, que son la línea jerárquica de UTE, por ejemplo. Empezamos a delegar las decisiones de quiénes van a ser nuestros técnicos y qué perfiles queremos para la empresa pública. Con los grandes clientes lo mismo, delegamos en el gerente general que termine de cerrar un contrato, que va a tener como consecuencia que a UTE le entren varios millones de dólares menos. Y en realidad siempre son menos; en estos dos años nunca se ha negociado para que entren más.
¿Cómo impacta esa caída en la recaudación en las decisiones que se puedan tomar en materia de tarifas?
Es que la ecuación siempre es esa. Lo que pierde UTE de facturación se traslada a las tarifas. Si un cliente me paga diez millones y lo pierdo, esos diez millones se van a distribuir entre el resto de los clientes. La contracara de los clientes libres y los beneficios para los grandes consumidores es lo que te pasa con el mediano y el chico. Acá hubo una campaña política en la que se prometió que las tarifas públicas iban a bajar. Lo que estoy viendo es que todas las decisiones que toma UTE van en el sentido contrario, porque para la gente no van a bajar las tarifas. No encuentro ninguna decisión en este período que tenga la orientación de bajar la tarifa a la gente. Ninguna. Al revés, las decisiones que se toman terminan teniendo este efecto de aumentar las tarifas de los hogares.
En enero las tarifas aumentaron 3,5% y usted proponía una rebaja de 6%. ¿Cuál es el panorama a esta altura del año?
Todavía no hemos tenido ningún informe financiero-contable para prever la evolución de lo que queda del año. En 2021 dijimos que si consideramos las ganancias extraordinarias que tuvo UTE por venta de energía al exterior, sobre todo a Argentina y Brasil, y descontamos el costo de abastecimiento a la demanda y lo que aportamos a Rentas Generales (el año pasado fueron casi 200 millones de dólares), nos quedaba un neto aproximado de 95 millones de dólares, que permitía pensar en una posible rebaja de entre 5,5% y 6%, manteniendo todos los números en orden. Decíamos de hacerlo este año porque son los números que cierran en 2021 y porque las tarifas se discuten anualmente, en principio. Según los números que tengamos en 2022, veremos cuál es la propuesta para finalizar este año. Pero esa fue la propuesta del FA, que por supuesto no se votó. Hubo discusiones sobre cuánto quedaba en caja, teníamos alguna diferencia en este punto. Pero cualquier balance que uno mira de UTE resistía ese análisis; digo, porque siempre te acusan de irresponsabilidad o demagogia, cuando en realidad esa rebaja no implicaba dejar sin caja a la UTE. No se dejaba de pagar nada y de ninguna manera se ponía en jaque los números de UTE.
¿Hoy los números de UTE no están en jaque?
No están, pero podrían llegar a estarlo por todas estas cosas que estamos hablando. A dos años de gobierno, una síntesis posible es que ya tenemos mensajes presupuestales que bajaron la plata de inversión, gasto y personal. Estamos tomando decisiones que implican entregar facturación y vamos a perder dinero que entraba a la caja. Además, no estamos haciendo operaciones de mantenimiento en determinadas redes, y nos está pasando que estamos empezando a tener apagones mucho más frecuentes. Hay falta de materiales, que tiene que ver con una mala gestión de compras. Hay una falta de planificación estratégica, algo que en sí mismo es una definición política. Decidir que la UTE no invierta y que no tenga un plan, en realidad es un plan. Hay un informe de la línea que dice que hoy tenemos un quiebre de stock en materiales básicos para la UTE. Y llega esa información casi en julio, cuando se dan los picos de demanda por el uso de calefacción. Hoy tenemos estas contradicciones de números, de un superávit de 270 millones del que se jacta el oficialismo y 42.000 hogares en situación de corte, sin decisiones en más de un año y medio. ¿A dónde va la plata entonces? ¿Para qué queremos ese superávit? ¿Es para dárselo a los grandes clientes?
El año pasado sirvió para financiar a Ancap y no subir los combustibles.
En parte sí, el combustible que compramos de más por tener mayor demanda de alguna manera benefició a Ancap, cuando era UTE la que estaba facturando. Pero repito, antes de asumir se le dijo a la población que iban a bajar la tarifa y ahora les estoy diciendo que en realidad no lo puedo hacer. CA les dice que es por los eólicos, incluso manejando cifras que no son reales. Entonces siempre hay excusas para no bajar las tarifas, excusas que aluden a temas que ya existían y, sin embargo, UTE no ajustaba por encima del IPC. ¿Cómo sopesás esos números con la realidad de mucha gente? Para una persona sin empleo, una tarifa de UTE que viene en aumento y que ya subió en tres o cuatro oportunidades, termina siendo un costo pesado. En dos años subimos casi 20% la tarifa. Es importante cómo está pesando en los bolsillos, cuando los sueldos no suben de la misma forma.
Recién decía que la decisión sobre Ipusa es un hito para UTE. ¿Podría profundizar?
Es el ejemplo más concreto y ejecutado de otorgar una tarifa beneficiosa para un gran cliente sin nada que lo fundamente. No hay nada en la realidad del mercado eléctrico nacional que lo justifique. Creo que es un hito y no me parece menor el momento en el que aparece. Si lo analizás, la decisión se toma cuando se están tomando otras definiciones de este tipo en todas las empresas públicas. Después del referéndum por la LUC, aparecen en simultáneo varias decisiones que apuntan al vaciamiento de las empresas públicas, como el decreto que rompe el monopolio de Antel en los servicios de internet.
¿Falta transparencia en las decisiones y en cómo se procesan?
Mi impresión es que la gente no se enteraría si no lo comunicamos nosotros, los directores de la oposición. Claramente, cosas como esto de Ipusa no es algo que el gobierno publica en el sitio de Presidencia y tampoco es que los dirigentes del oficialismo salgan a anunciarlo. Lo hacen y tratan de que tenga la menor difusión posible. Se toman decisiones a estos niveles jerárquicos, intentando que pase como un acto administrativo más. Acá pasó eso, esto de Ipusa fue un asunto más en el orden del día del directorio.
En el Parlamento Cabildo Abierto (CA) parece tener posiciones más estatistas que Presidencia. ¿Cómo ha sido en UTE?
El representante de CA [Enrique Pées Boz] no ha votado nada en contra de los intereses del resto del oficialismo. Estos temas los vota todos en bloque. Es raro o contradictorio, porque afuera dicen que hay que bajar las tarifas de Pedro, María y José. ¿En serio piensan que Pedro, María y José pueden estar a favor de financiar con sus tarifas a las grandes empresas? CA tiene un discurso público que no sostiene con las posturas que defiende acá adentro. Votaron lo de clientes libres, votaron los contratos, votan no asumir ninguna responsabilidad por las implicancias de un gerente que trabajaba en UTE y en Ventus a la misma vez. Ni siquiera en estos temas éticos votaron distinto que el resto.
¿Cómo impacta esta situación general que describe entre los funcionarios de UTE?
Recorro bastante el interior y hablo mucho con funcionarios de UTE. Hay muchos reclamos. Más allá de las discusiones técnicas, la gente que está en el territorio trabajando dice que no hay materiales. Se molesta con la situación de tener que empezar a atar las cosas con alambre, como plantearon hace unos días en Colonia y Soriano. No tienen respuesta en cosas que les complican el trabajo cotidiano. Hace unos días un funcionario me abordó en una actividad de la escuela de mi hija y me contó que directamente no tenían materiales para trabajar. Le agradecí que me lo dijera, porque una cosa son las discusiones acá en el Palacio de la Luz y otra es la realidad en los lugares de trabajo. Siento que los funcionarios están preocupados por la situación de UTE. Porque es uno más uno; si la plata no está para los materiales, los cortes van a empezar a venir. Después podés armar todas las gráficas que quieras de frecuencia de corte, pero la realidad marca que si no hay inversión en materiales, los cortes y los apagones van a llegar.
¿Cómo imagina esta segunda etapa del período en UTE?
El 2022 es un año medular, pero la verdad es que estamos a mitad del período y no tenemos ninguna planificación. Difícil que haya un cambio de la política de acá a lo que queda. Eso quiere decir que vamos a tener las manos muy atadas, no sólo para los que estamos en este período, sino para el que venga. Se están tomando distintas decisiones que golpean en la facturación de las empresas públicas, lo cual resulta incomprensible, porque estas han sido el motor de desarrollo en estos años y han volcado a Rentas Generales muchísimos millones de dólares. Mi preocupación es que estamos entregando el corazón de las empresas públicas y, sinceramente, venga quien venga en el próximo gobierno, yo no sé cómo va a hacer. Me pregunto todos los días eso, cómo va a hacer el que venga. Porque hoy nos estamos pegando un tiro en el pie. Creo que el FA debería plantear este tema como una discusión nacional, con la gravedad que tiene. Que se le pidan cuentas al actual oficialismo, porque lamentablemente están condicionando todo lo que pueda pasar por los próximos diez o 15 años.