El Partido Colorado (PC) maneja algunos cambios para la reforma de la Caja de Profesionales, que, entre otras cosas, establece un aumento de la tasa de aportación y un nuevo impuesto a las jubilaciones. Por ejemplo, el PC querría que esto último “no existiera”, dijo a la diaria el diputado Conrado Rodríguez. Asimismo, el partido entiende que hay “pocos estímulos” en el texto de la reforma, por ejemplo, “para aportar mientras se hace la declaración de no ejercicio”, y considera que el incremento del valor de los timbres profesionales, reclamado por el directorio de la Caja y varios colectivos de profesionales, “es algo para estudiar”, “siempre y cuando sea algo racional y no signifique un cambio abrupto en el monto”.
Los gremios piden un aumento de 24%. Cuando fue a la comisión a explicar el proyecto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, sostuvo que este planteo es “injusto” y “altamente inconveniente”. Al respecto, dijo que no concuerda con la idea de que “un jubilado o un enfermo que va a la farmacia a comprar un remedio y tiene que pagar un timbre es el patrón del profesional”.
En tanto, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos dijo que la propuesta “podría considerarse en la medida en que hay un desfasaje”, dado que los timbres se ajustan por la inflación y las pasividades por el índice medio de salarios. “Tener las dos cosas con el mismo criterio parece una idea razonable”, opinó.
Según datos oficiales de la Caja de Profesionales, actualmente los profesionales se retiran con una jubilación promedio de 80.000 pesos. Sin embargo, desde el gobierno marcan que a lo largo de su trayectoria los profesionales aportan en promedio entre el 35% y el 40% de lo que se recibe al retirarse. En este escenario, se prevé que el organismo agote sus reservas a mediados de 2025 si no hay reforma.
Un diputado del FA que integra la comisión comentó a la diaria que, en el caso de que el FA asuma el gobierno en marzo de 2025, “esto evidentemente nos va a reventar en la jeta”. Si bien señaló que en un eventual “diálogo social” se resolvería “si es conveniente o no que sigan las [cajas] paraestatales”, afirmó que la solución de fondo es que “todo se vaya al BPS”.
Los tiempos
En el PC entienden que el artículo 229 de la Constitución, que se ha puesto como límite para la aprobación de las reformas de las cajas Bancaria y de Profesionales, no es aplicable y, por ende, no hay que apurar el tratamiento de ambos proyectos de ley. El artículo en cuestión establece que el Poder Legislativo no podrá “determinar aumentos de sueldos y pasividades” un año antes de las “elecciones ordinarias”, es decir, después del próximo 27 de octubre.
“Todo es relativo, pero yo no advierto una nítida incursión [de los proyectos] en la hipótesis del [artículo] 229”, dijo a la diaria Jaime Sapolinski, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho e integrante del PC. El artículo, sostuvo, pretende “evitar una especie de demagogia loca en el año previo a las elecciones” y “acá la situación es precisamente la inversa”.
Rodríguez, por su parte, entiende que “no existe un plazo constitucional” y valoró que habrá “algunos días más para ver posibles modificaciones”. En el caso de la reforma de la Caja de Profesionales, estimó que “seguramente en noviembre se va a intentar aprobar en la Cámara de Diputados”.
Rodríguez dijo que en el PC hubieran “preferido que las reformas hubieran venido hace cinco meses” por parte del Poder Ejecutivo, pero “esto no sucedió”. Con todo, afirmó que se trata de una situación que “se hereda” de los gobiernos del FA, los cuales no avisaron “en tiempo y forma” sobre el proceso de desfinanciación.
Consultado sobre la interpretación que hace el PC del artículo 229, Olmos, también delegado en la comisión, dijo que si bien coincide en que “no son tiempos razonables para analizar en profundidad una cosa tan compleja”, la postergación “no se planteó formalmente en ningún lado”, mientras que el también frenteamplista Felipe Carballo destacó en diálogo con la diaria que uno de los artículos del proyecto de la Caja “generaría cierta ventaja a los jubilados” a través de “una partida”, por lo que, a su criterio, “está bravo correr ese riesgo de dejarlo pasar después del 28 de octubre”, debido a eventuales recursos de inconstitucionalidad a futuro.
Para Olmos, el Poder Ejecutivo dejó “sin margen” al Parlamento al enviar los proyectos un mes antes del plazo constitucional. A título personal, Carballo opinó que “así como está planteada” la reforma de la Caja “no debería salir”, y afirmó que la contribución del Estado –por ahora cinco millones de dólares por año– “tiene que ser mayor”.
El problema del tiempo comprende únicamente a la Caja de Profesionales. Está previsto que la reforma de la Bancaria se vote sin modificaciones, respetando así el acuerdo alcanzado entre los bancos privados y los trabajadores. “Seguramente ese proyecto pueda ser votado esta semana”, señaló Rodríguez.